Solución al Fobaproa, este año; la fecha, todavía incierta

Rosa Elvira Vargas y Mireya Cuéllar Ť En el primer encuentro formal de trabajo entre el presidente Ernesto Zedillo y los coordinadores parlamentarios de la 57 Legislatura, se definió la agenda legislativa para este año. En ella, sobresalen las reformas al sistema financiero, incluida la transferencia de la cartera de los bancos en poder del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) a deuda pública, así como la Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas y las iniciativas pendientes en materia de justicia y seguridad pública.

Los poderes Ejecutivo y Legislativo se comprometieron a garantizar, mediante acuerdos, la gobernabilidad del país, su continua democratización y su desarrollo económico y social.

Las iniciativas que conforman el catálogo legislativo, se indicó, podrán desahogarse en más de un periodo de sesiones. En el caso del Fobaproa --que ha sido el tema más controvertido de discusión en la agenda--, no se precisó la fecha en que podrían dictaminarse las tres iniciativas presidenciales relacionadas con el tema.

Asimismo, quedó establecido que la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso está sujeta a la elaboración de los dictámenes.

A nombre de los partidos políticos con representación en el Congreso, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Emilio González Martínez, puntualizó que durante la reunión hubo consenso en la necesidad de que la agenda legislativa a tratar sea ``incluyente y equilibrada''.

Indicó que la misma se integra, en materia económica, por los temas: sistema financiero; órgano superior de fiscalización; paquete presupuestal y de cuenta pública, y reforma fiscal integral.

En materia política, se acordó abordar: derechos y cultura indígenas (diálogo y paz en Chiapas); justicia y seguridad pública; fortalecimiento del Poder Legislativo; Comisión Nacional de Derechos Humanos; formas de democracia directa y participación ciudadana, y federalismo y fortalecimiento municipal.

Protección ecológica, derechos de los jóvenes y reforma laboral, otros temas

Mencionó que también se discutirán otros temas de interés de los grupos parlamentarios o del Poder Ejecutivo, entre ellos el de protección ecológica, derechos de los jóvenes, reforma laboral, asuntos electorales, responsabilidades de servidores públicos, comunicación social y políticas económicas del Estado.

La reunión en Los Pinos inició a las seis de la tarde y a decir del vocero presidencial, Fernando Lerdo de Tejada, se prolongó más de dos horas y media. Pero la comparecencia ante la prensa de los participantes, con excepción del presidente Zedillo, se dio casi a las diez de la noche, con el argumento de que los coordinadores parlamentarios y el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, se quedaron en la residencia oficial para elaborar el documento que se leería ante los medios de comunicación.

Cuando Lerdo de Tejada informó que los legisladores no aceptarían preguntas y todo quedaría en la lectura del comunicado conjunto, en el salón Venustiano Carranza se produjo una rechifla perfectamente audible, provocada por más de cuatro horas de espera.

Antes de la reunión, Ernesto Zedillo dijo que hay decisiones a cargo de los tres poderes de la Unión que ``no nos van a ganar popularidad'', pero subrayó que nadie que haya recibido un mandato popular puede rehusar su responsabilidad y ejercerla sólo cuando se trata de decisiones cómodas y populares.

Durante una comida con la colectividad Hispano-Mexicana, el mandatario había señalado también que entre los poderes Ejecutivo y Legislativo debe prevalecer una relación de respeto mutuo, de equilibrio republicano y de corresponsabilidad efectiva y veraz.

Reconoce el Presidente la voluntad de diálogo de los legisladores

Según el comunicado conjunto resultante del encuentro, el Presidente de la República reconoció la voluntad de diálogo y cooperación de los coordinadores parlamentarios de todos los partidos y refrendó la disposición del Poder Ejecutivo de mantener comunicación constante con el Legislativo.

Quedó muy claro que el consenso alcanzado en torno a los temas sobre los que se legislará en los próximos meses, no compromete ni prejuzga las opiniones y sentido del voto, que en su caso habrán de exponer los partidos políticos.

La Gran Comisión de la Cámara de Senadores y la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados, según lo acordado, exhortarán a los presidentes de las comisiones dictaminadoras a que convoquen a sus integrantes para acelerar los trabajos del proceso legislativo.

Se procurará asimismo, que se logre el mayor consenso en torno a los temas de la agenda, y se dijo que la reunión tuvo por objeto fortalecer la relación entre los poderes en un marco de respeto mutuo y voluntad de cooperación.

Según trascendió, el primer mandatario llamó a los legisladores a dictaminar cuanto antes los tres paquetes de iniciativas relacionados con la Ley de Derechos y Cultura Indígenas, el relativo a las reformas financieras, así como el de seguridad pública.

Antes, el presidente Zedillo había mencionado con la comunidad hispana que el mandato democrático es para sumar esfuerzos y no para dispersarlos o condicionarlos a intereses individuales o de grupo. Al señalar que se equivocan quienes pretenden que la democracia sea confrontación, encono y discordia, había mostrado también confianza en que el Ejecutivo y el Legislativo edificarán una nueva cultura política basada en el ejercicio pleno de sus facultades constitucionales e inspirada ``en la generación de certidumbre, confianza y tranquilidad para la ciudadanía''.

Una nueva cultura política --resaltó-- que proporcione con oportunidad a la población las bases jurídicas, los medios políticos y las estrategias para lograr más seguridad, más oportunidades, mejores condiciones de vida.

Así, apenas dos horas antes de su encuentro con los legisladores, el mandatario insistió en que será posible edificar una cultura política celosa de respetar los principios y las preferencias de cada cual, pero orientada hacia el acuerdo: aquél que se base en la convivencia social y la gobernabilidad democrática que exigen hoy los mexicanos.

Al encuentro en Los Pinos asistieron, además del secretario de Gobernación Francisco Labastida Ochoa, los subsecretarios Jorge Alcocer y Jesús Salazar Toledano.

En tanto que Carlos Medina Plascencia se hizo acompañar de Javier Corral Jurado. Estuvieron también Porfirio Muñoz Ledo, Arturo Núñez, Jorge Emilio González Martínez y Ricardo Cantú Garza, coordinadores de los diputados. Por el Senado, Genovevo Figueroa, Gabriel Jiménez Remus y Ernesto Navarro, no tuvieron acompañantes.

Al mediodía, los coordinadores de ambas cámaras habían comido con el secretario Francisco Labastida. Ahí se habrían hecho los últimos ajustes a la agenda consensada formalmente la tarde de ayer en la residencia presidencial.

En las últimas semanas, este mismo grupo se reunió en cuatro ocasiones durante varias horas.

María Esther Ibarra Ť El apoyo financiero que el gobierno federal destinó a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) a seis de los banqueros y empresarios más ricos del país, es 17.5 veces superior al monto del recorte en el gasto social, establece un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM.

A su vez, los economistas universitarios Clemente Ruiz Durán, Irma Manrique y Carlos Morera, consideraron ``extremistas e irresponsables'' las declaraciones del gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, en el sentido de que habrá una crisis similar a la de 1995 si no se convierte en deuda pública el Fobaproa, porque este tipo de planteamientos pueden generar fuga de capitales.

Ruiz Durán planteó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe crear una normatividad jurídica que regule y resuelva la situación de las carteras vencidas, ya que el problema no debe verse en blanco y negro, ni únicamente hacer un veredicto sobre la legalidad o ilegalidad del cobro de intereses sobre intereses.

En conferencia de prensa, ambos integrantes del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM coincidieron en que el país necesita de un sistema financiero sano para apoyar su desarrollo y crear una fuerte instancia de vigilancia, pues la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) carece de los mecanismos necesarios de supervisión.

Al respecto, Irma Manrique agregó ``que la CNBV ni tiene los flujos de información adecuados y tampoco los mecanismos que le permitan intervenir en una institución que pudiera tener un riesgo sistemático muy alto''.

Afirmaron que las personas físicas y morales se encuentran en una etapa crítica, que les ha obligado a declararse en suspensión de pagos con la banca a fin de ajustar los acuerdos de excesivas erogaciones de intereses sobre intereses.

Ruiz Durán destacó que, como lo han dicho los legisladores, deben darse a conocer los activos del Fobaproa, aplicar mecanismos como quitas a los deudores, y que los bancos recompren parte de la deuda del Fobaproa.

Por su parte, Carlos Morera afirmó que lo importante de ese fideicomiso es ver ``quién paga los errores que se cometieron en la conducción de la política económica, ya que lo que se pretende es hacer que la población pague la deuda o se socialicen las pérdidas''.

Los empresarios beneficiados

Los integrantes del Centro de Análisis Multidisciplinario precisaron que el gobierno destinó del Fobaproa casi 50 por ciento de los 363 mil millones de pesos --en que se estima el costo total del apoyo al sistema bancario-- a la recapitalización de los bancos Banamex-Accival, Bancomer, Bital, Banorte y Serfín.

Consideraron que este grupo de banqueros ``pudo haber echado mano de sus propios recursos para hacer frente a los requerimientos de capitalización de sus bancos''. Es el caso, afirmaron, de Eugenio Garza Lagüera, ex presidente del grupo financiero Bancomer y también de Fomento Económico Mexicano (cerveza y Coca Cola). Los activos totales de las dos empresas suman 247 mil 140 millones de pesos; sin embargo, Bancomer recibió 36 mil millones de pesos del Fobaproa.

Otros fueron Alfredo Harp Helú, presidente del consejo de administración, y Roberto Hernández, director general del Grupo Financiero Banamex-Accival, dueños de varias empresas de intermediación financiera, que en telefonía tienen 45 por ciento de las acciones de Avantel. Los activos totales de sus empresas suman 250 mil 949 millones de pesos, aunque Banamex recibió del fondo 34 mil 600 millones.

Adrián Sada González, presidente del Grupo Financiero Serfín, y de Grupo Vitro (el industrial vidriero más grande de América Latina) tiene activos en sus empresas por 171 mil 821 millones de pesos; sin embargo, Serfín recibió 58 mil 300 millones.

Antonio del Valle Ruiz figura entre los principales accionistas de Química Penwalt, Grupo Industrial Gamesa y el grupo financiero Bital, y sumó activos y bienes de los bancos del Atlántico y del Sureste en el segundo semestre de 1997. Los activos totales de las empresas en las que participa Del Valle totalizan 84 mil 557 millones de pesos y sólo su Banco Internacional (Bital) recibió apoyo por 13 mil 500 millones.

Por último, citaron a Roberto González Barrera, ex presidente del Grupo Financiero Banorte y del Grupo Industrial Maseca, con una participación de 70 por ciento en el mercado mexicano de venta de harina de maíz. Las acciones de Maseca cotizan en la Bolsa de Nueva York. Las dos empresas de González Barrera tienen activos por 43 mil 490 millones de pesos. No obstante, Banorte recibió fondos públicos por 5 mil 500 millones de pesos para cumplir con su programa de capitalización.