La persistente sequía que afecta al territorio nacional; los incendios forestales que se producen, a decir de la secretaria de Medio Ambiente, Julia Carabias, a razón de 300 a 330 por día, así como la crítica contaminación del aire en vastas zonas de la República, conforman una circunstancia ambiental de gravedad sin precedentes, pese a la negativa de diversos funcionarios -la propia Carabias y el secretario de Agricultura, Romárico Arroyo, entre ellos- a declarar una emergencia ambiental o un desastre.

En realidad, el país enfrenta una doble catástrofe: los referidos fenómenos climáticos y ambientales, por sí mismos, y la falta de infraestructura, recursos y actitudes gubernamentales adecuadas para hacerles frente. Ante un número de incendios forestales cinco veces mayor al del año pasado, ante la pérdida de cientos de miles de hectáreas de bosque y de una cantidad indeterminada, pero significativa, de cosechas, y ante la perceptible infición que padecen los centros urbanos, los poderes públicos en todos sus niveles -federal, estatal y municipal- parecen atrapados entre el desconcierto y la indiferencia.

Pareciera ignorarse que las críticas circunstancias ambientales por las que atraviesa el país pueden tener, a no muy largo plazo, impactos igualmente catastróficos en la geografía humana: entre otros, empeoramiento de la situación económica -de por sí exasperante- de cientos de miles de campesinos, nuevas oleadas migratorias a las ciudades y consiguiente caída de la calidad de vida en éstas, mayores importaciones de alimentos y un correspondiente desajuste adicional en la balanza de pagos del país y, en la industria, pérdida de millones de horas-hombre por enfermedades respiratorias.

Frente a esta perspectiva desoladora, la nación carece de una verdadera visión de Estado y de una capacidad de maniobra para manejar las crisis ambientales. Para ilustrar esta carencia, baste con señalar, a guisa de ejemplo, que en la flota aérea civil y militar del país no hay suficientes aeronaves especializadas en el combate a los incendios forestales, ni siquiera para hacer frente a una sola conflagración de grandes magnitudes, ni mucho menos para contrarrestar una situación excepcional de cientos de incendios como la que se ha padecido en el presente año.

Se ha señalado atinadamente que el cuidado del entorno natural es obligación de todos los individuos y las instituciones, pero se entiende que, en cualquier país, la previsión y la coordinación de acciones ante condiciones ecológicas y climatológicas adversas, así como el diseño y aplicación de medidas que protejan a la población ante desastres naturales o ambientales, deben formar parte de las responsabilidades del poder público. La sociedad debe exigirlo así y movilizarse en consecuencia ante las instancias gubernamentales correspondientes.