Apatía y sexismo de autoridades en Chihuahua: CNDH

Triunfo Elizalde y Alma E. Muñoz Ť La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que en el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, es evidente la falta de seguridad pública, procuración de justicia y ``una forma de menosprecio sexista'' por parte de las autoridades, tanto municipales como estatales, para llevar el caso.

Por lo tanto, el organismo recomendó al gobernador Francisco Barrio Terrazas y al presidente del Congreso local, Alonso Luján Gutiérrez, abrir una investigación -por ``omisión o negligencia''- al procurador de Justicia, Arturo Chávez Chávez, el alcalde Enrique Flores Almeida y los servidores públicos de la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Norte de la entidad, involucrados en las indagatorias.

En la recomendación 48/98, la CNDH consideró que las autoridades responsables de la procuración de justicia en Ciudad Juárez respondieron a una ``situación preocupante'' con ``poca importancia y atención'', además de proporcionar información inexacta sobre los asesinatos o desaparición de trabajadoras de maquila y estudiantes de 1993 a la fecha, cuyas edades oscilan entre los 15 y 23 años.

Lamentó que los homicidios y violaciones se consideren problemas derivados de la ``supuesta prostitución en la que pudieron haber incurrido algunas de las víctimas'' para dilatar las investigaciones, y que no previeran la posibilidad de que los casos se eleven en el curso de este año (a 133, según organizaciones no gubernamentales).

En el informe se indica que la ex coordinadora de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales contra la Familia y Personas Desaparecidas, María Antonieta Esparza, afirmó ante dos visitadores del organismo, el 22 de enero pasado, que el extravío de mujeres en Ciudad Juárez ``deriva de problemas originados en la violencia intrafamiliar, aunado al desarrollo sexual y las condiciones económicas, precisando que no se considera excepcional lo que está ocurriendo''.

En un sentido similar se manifestó en esa fecha Felipe Terrazas Morales, coordinador regional de la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Norte: ``Las mujeres muertas son de clase baja y no existe un común denominador, ya que algunas eran menores, otras no; algunas aparecían estranguladas, otras no''. Y en el caso de la banda Los Rebeldes, involucrados en el caso, ``no se podría afirmar si comerciaban o no con su cuerpo, lo que sí es seguro es que las conocían muy bien en los centros nocturnos''.

Jorge López Molinar, subprocurador general de Justicia, indicó: ``Muchas mujeres trabajan en maquiladoras, y como no les alcanza para vivir, de lunes a viernes desempeñan su trabajo y los fines de semana se dedican a la prostitución. Además, como provienen de distintas partes, si algo les sucede nadie las reclama''.

Según estadísticas del Departamento de Homicidios de la Policía Judicial del Estado, durante 1995, 1996 y 1997 fueron asesinadas 104 mujeres, pese a que las indagatorias hechas por la CNDH refieren -tan sólo en 1993- 120 casos con ``una enorme carga de violencia, aunada a un alto porcentaje de agresiones sexuales''.

En síntesis, la CNDH comprobó que los asesinatos de más de un centenar de mujeres durante los últimos años constituyen una ``ofensa intolerable a la dignidad humana; un problema grave para la salud mental y emocional de la familia, además de violación a leyes nacionales e internacionales''.

Eso refleja ``falta de voluntad de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua para colaborar con el organismo, presumiendo con ello, la poca importancia y atención que le ha dado a un asunto tan doloroso y agraviante'', además de que se incrementó el índice delictivo y las autoridades ``no aplican mecanismos suficientes para erradicar dicho fenómeno social''.

Ejemplo de dilación de justicia

Los familiares de una menor denunciaron, el 18 de febrero de 1997, la desaparición de la joven sin que conste diligencia alguna encaminada a su búsqueda y localización durante un mes y tres días. En abril fue encontrada sin vida.

En este caso no se menciona abuso sexual. Sin embargo, se encontraron ``cabellos en la región vaginal de la víctima, además de que en el certificado de necropsia se establece una gran herida triangular desde la región inguinal izquierda, pasando a través del monte de venus, región inguinal derecha y una herida idéntica pero de trayectoria adversa''.

No constan las fotografías del cadáver ni la diligencia de su levantamiento, informes de la Policía Judicial, rastreos hemáticos ni retratos hablados de los probables responsables. La última actuación se realizó el 6 de abril de 1997 y se advierte ``dilación de justicia''. Se ignora el estado que guarda el expediente.

Resultados de la CNDH

El organismo resolvió que las autoridades estatales incurrieron en una ``omisión culposa'' al observar el aumento de la delincuencia en Ciudad Juárez y no atenderlo, controlarlo o erradicarlo, ``ya que no sólo no lo previeron ni previnieron, sino que tampoco extremaron sus cuidados''.

La CNDH lamentó que algunos servidores públicos del gobierno estatal expresaran calificativos ``hirientes y desprestigiantes'' hacia las víctimas que, además de no ser suficientemente acreditados, ``pretenden justificar las deficiencias que en la labor de investigación de los mismos han incurrido, como si el menosprecio a su condición de vida social o económica fuera un elemento que los relevara de actuar de manera pronta, completa e imparcial.

``La gravedad del problema de violencia contra la mujer imperante en Ciudad Juárez, Chihuahua, se proyecta en mayores proporciones, entre otras cuestiones, debido a la falta de compromiso social y político de los gobiernos municipal y estatal para imponer medidas preventivas y correctivas, suficientes y eficaces''.

Consideró oportuno recomendar al gobernador Barrio Terrazas y al legislador Alonso Luján Gutiérrez abrir una investigación por responsabilidades penales o administrativas contra Arturo Chávez Chávez y personal de la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Norte: Jorge López Molinar, Felipe Terrazas Morales, Jorge Ramírez Pulido, María Antonieta Esparza Cortés, agentes del Ministerio Público, personal de Servicios Periciales, de la Policía Judicial y todos aquellos encargados de las averiguaciones previas. En caso de ser responsables, pide que se libren las órdenes de aprehensión correspondientes.

Señaló que Luis Raúl Valenzuela, jefe de enlace de la Procuraduría, ``entorpeció'' el trabajo de la CNDH al ``regatearle información, pretendiendo dar por insuficiente la mención de los homicidios ocurridos en Ciudad Juárez''.

De esa manera, la recomendación del organismo pide determinar las responsabilidades penales o administrativas correspondientes, integrar conforme a derecho las averiguaciones previas, establecer convenios de colaboración con las diversas procuradurías del país y otros estados, así como fortalecer las áreas de seguridad pública y procuración de justicia de Ciudad Juárez con la debida capacitación de los cuerpos policiacos. Ello incluiría el estudio y la discusión del proyecto de ley estatal de seguridad pública.