Continúa en varios estados la cacería de Arizmendi

Francisco Guerrero Garro, corresponsal, Cuernavaca, Mor., 24 de mayo Ť El operativo desplegado para capturar a Daniel Arizmendi López fue reforzado en Cuernavaca y extendido, anoche, a otras ciudades del interior de la entidad, mientras se le busca también en el Distrito Federal y los estados de México, Puebla y Guerrero, donde pudo haber huido luego de evadir el cerco policiaco que se le tendió el viernes pasado. En fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) se considera que su detención es ``cuestión de horas''.

En el operativo participan elementos de la PGR, el Cisen y el Ejército Mexicano, en tanto que la Procuraduría de Justicia del Estado de Morelos (PJEM) y las policías judicial y preventiva del estado son simples ``espectadoras'', sin que se les proporcione ninguna información, para evitar que elementos de alguna de esas corporaciones la filtren de nuevo a Arizmendi López para que pueda burlar una vez más a sus perseguidores.

Trascendió que la Unidad de Combate a la Delincuencia Organizada, la Fiscalía Especial para Delitos Fiscales y la Delegación en Morelos de la PGR tendrían ya los elementos para iniciar líneas de investigación sobre el lavado del dinero producto de las decenas de plagios que cometieron los Arizmendi y que habría sido invertido en gran parte en Morelos, donde el secuestrador gozaba de impunidad por la protección que le daban las autoridades, con la presunta complicidad de funcionarios bancarios y empresarios locales, así como de agentes de bienes raíces.

El obispo de Cuernavaca, Luis Reynoso Cervantes, dijo hoy en su homilía dominical que todos los miembros de la familia Arizmendi que están implicados en secuestros quedan excomulgados, e hizo un llamado a las autoridades para que refuercen la lucha en contra del crimen y la impunidad.

Sigue el operativo

Con la participación de elementos del Grupo de Combate a la Delincuencia Organizada de la PGR y agentes de la Policía Judicial Federal, con el apoyo de personal del Cisen y del Ejército, hoy continuó en la entidad y por cuarto día el cerco para aprehender a Daniel Arizmendi López, especialmente en Morelos, Guerrero y el estado de México.

Fuentes de la PGR aseguraron que la detención del peligroso secuestrador ``es cuestión de horas'', ya que se tendría información importante para ubicar su paradero, pero el estado de las pesquisas está bajo extremo hermetismo para evitar una fuga de información como la ocurrida el viernes pasado y que permitió que Arizmendi López pudiera escapar.

Oficialmente no hay coordinación de la PGR con la PJEM, la policía judicial del estado y la preventiva, y los elementos de estas tres últimas dependencias están sólo ``observando'' sin participar en la investigación ni manejar información.

De hecho, al preguntarle al procurador de justicia de la entidad sobre el estado de las investigaciones, dijo que él no contaba con datos de ningún tipo y que toda la información la podría dar la delegación en la entidad de la PGR.

Investigan lavado de dinero producto de plagios

En pago por la protección que las autoridades locales habrían dado a Arizmendi López, se presume que éste invirtió en Morelos una importante parte de lo obtenido por los secuestros que ejecutó, por lo que trascendió que la PGR (la Unidad de Combate al Delito Organizado, la Fiscalía Especial para Delitos Fiscales y la Delegación Morelos) habrían abierto ya líneas de investigación para detectar las formas en que era lavado el dinero producto de los plagios, muchos de los cuales tuvieron como víctimas a empresarios morelenses.

En estas líneas se considera investigar a personas e instituciones bancarias locales como posibles prestanombres, así como a los funcionarios bancarios, empresarios y agentes de bienes raíces que podrían estar implicados. Hasta el momento se le han confiscado a Arizmendi López cinco casas de su propiedad, ninguna de las cuales habría estado a su nombre.

También se sospecha que invirtió fuertes sumas en empresas locales, por lo que, según trascendió, después de que la PGR detecte los ilícitos, la SHCP investigará las posibles evasiones de impuestos.

Juan Manuel Venegas, enviado, y Francisco Guerrero Garro, corresponsal, Cuernavaca, Mor., 24 de mayo Ť Del archivo de la desaparecida Unidad Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia de Morelos -y que estaba en poder del hoy procesado ex director Armando Martínez Salgado- la Procuraduría General de la República (PGR) pudo obtener videos, grabaciones, material fotográfico, direcciones y trayectos de ruta que sirvieron para determinar la crueldad y modus operandi de la banda de los Arizmendi.

El expediente, decomisado luego de la detención de Martínez Salgado, arroja evidencias de los métodos de tortura que los criminales utilizan (no han caído todos los integrantes) contra las víctimas y sus familiares, de las mutilaciones que practican y de las grandes cantidades de dinero que obtuvieron a cambio de la libertad de sus plagiados.

En las oficinas que fueron de Martínez Salgado también fueron localizados diverso armamento de alto poder y uniformes paramilitares para equipos de asalto, todo lo cual no estaba catalogado en el inventario de la procuraduría ni en el de la Unidad Antisecuestros.

Martínez Salgado llegó a dirigir la mencionada Unidad Antisecuestros estatal desde el inicio del sexenio del gobernador (ahora con licencia) Jorge Carrillo Olea, y sólo dejó el cargo cuando agentes a su servicio intentaban ocultar el cadáver de una persona que después fue identificado como El Moles, jefe de una organización de secuestradores contraria a la que dirige Daniel Arizmendi López.

Se trató de una venganza, toda vez que El Moles había sido el responsable del secuestro de un familiar de Martínez Salgado.

Siempre con la confianza del gobernador Carrillo, Martínez Salgado permaneció en la unidad antisecuestros a pesar de los cambios, obligados y necesarios, ocurridos en la procuraduría estatal. Al inicio del gobierno carrillista fue designado procurador Darío Lugo, quien tras ocho meses cayó asesinado precisamente en un enfrentamiento con sicarios presuntamente al servicio de los Arizmendi. Para sustituirlo fue nombrado Martín Landa, quien al poco tiempo fue removido por ``pugnas internas'' dentro de la institución.

Se dice en fuentes morelenses que Landa fue removido por las diferencias que tenía con Martínez Salgado -a quien se le criticaba su ineficiencia en el combate a las bandas de secuestradores-, así como por su asociación con Cuauhtémoc Torga, director de Seguridad Pública del estado, y Guillermo Sánchez Pérez, coordinador administrativo de la procuraduría del estado.

A estos dos últimos, según revelaron fuentes federales a La Jornada, se les ubica en las líneas de investigación referentes a la protección que, presumen, se brindó a los Arizmendi desde los cuerpos de seguridad pública estatal.

El caso es que Armando Martínez Salgado fue inamovible en su puesto -en toda ocasión presumió su cercanía con Carrillo Olea- hasta que llegó Carlos Peredo Merlo, con quien sí pudo trabajar a gusto.

Actualmente ambos están bajo proceso y podrían representar, a decir de los funcionarios consultados, junto con Jesús Miyazawa Alvarez, la punta de la madeja para ``llegar a descubrir la red de complicidades y corrupción de alto nivel'' que se tejió en torno de los Arizmendi.

Las evidencias de la tortura

Respecto de los casos de tortura, mutilación y asesinatos que practicaban los secuestradores de Morelos, este diario tuvo acceso a algunos de ellos contenidos en el expediente incautado en la oficina de Martínez Salgado. A continuación, en los relatos se omitirán nombres y detalles de las situaciones, por razones obvias:

Hace poco más de dos años, un empresario transportista fue secuestrado en el restaurante Sanborn's Lindavista de la ciudad de México. Los Arizmendi fijaron la cantidad de 5 millones de dólares para el rescate.

En las negociaciones, y a pesar de que los familiares estaban dispuestos a pagar el dinero exigido, los plagiarios alargaron la operación y mediante llamadas telefónicas, sicológicamente torturaron a la familia del empresario, intimidándola, y dando a conocer grabaciones en las que la víctima exponía las vejaciones de las que era objeto durante su cautiverio.

Tras el pago de los 5 millones de dólares, finalmente fue puesto en libertad: le mutilaron la oreja derecha y un testículo.

En Nuevo León, en tanto, el grupo delictivo plagió a una joven. Por ella pidieron 3 millones de dólares a los familiares. A la madre la llamaban por teléfono y transmitían las conversaciones en las que los secuestradores relataban la forma en que era violada. La amenazaron con que al paso de los días y, cuando ``ya nos cansemos de ella'', la matarían. Se pagó el rescate.

Un caso más fue el de una joven del estado de México. Utilizaron el mismo procedimiento de tortura, la violaron y, como no hubiera respuesta para el pago de su rescate (1.5 millones de dólares) a la familia le entregaron, periódicamente, las partes del cuerpo que le iban siendo cercenadas.

Estos son sólo algunos de los tantos casos de los que existe evidencia, tras el cateo que la Procuraduría General de la República realizó en la oficina de Armando Martínez Salgado.