Masiosare, domingo 24 de mayo de 1998
NUEVO PROGRAMA CONTRA
LA
DELINCUENCIA
PERSEGUIR
...más que prevenir
Jesusa Cervantes
Mientras la delincuencia sigue
incontenible, el gobierno federal prepara un nuevo programa de
seguridad pública que partirá de la ruptura: ``La anterior estrategia
era muy humanista y utópica, se creyó que la manera de acabar con la
delincuencia era previniéndola'', dice un alto funcionario de la
Secretaría de Gobernación. Ahora, en cambio, se pondrá el acento en la
persecución, además de buscar hacer ``obligatorios'' los convenios
estados-federación, ``depurar'' las policías judiciales y doblar el
número de sus agentes.
En los últimos tres años,
sobre todo en los últimos meses, hemos vivido un clima de zozobra e
inseguridad... son intolerables los asaltos a hogares y centros de
reunión, el homicidio de hombres y mujeres que defienden su
patrimonio, los secuestros que han proliferado en todo el país... el
narcotráfico es la mayor amenaza a la seguridad nacional, el más grave
riesgo para la salud social y la más cruenta fuente de
violencia... Para hacer frente a la extendida criminalidad, a la
frecuente violación de garantías individuales y derechos humanos, y la
grave inseguridad pública, emprenderemos una honda y genuina reforma
de las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
(Ernesto Zedillo, 1o. de diciembre de 1994).
En el salón Mural del Centro Deportivo
Israelita , el pasado lunes, dijo el presidente Ernesto Zedillo: ``Hoy
la gente piensa que estamos peor que hace un año en materia de
seguridad y en materia de criminalidad, y el gobierno lo sabe''.
El jueves, el presidente volvió sobre el tema en una reunión con
directivos de aseguradoras, donde reconoció que no se exagera cuando
se afirma que México vive una auténtica crisis de seguidad pública.
Entre una y otra declaración, los hechos parecieron dar la razón a
Zedillo.
Sólo botones de muestra.
El mismo lunes, el gobierno de Estados Unidos reveló los resultados de
una investigación sobre lavado de dinero de los cárteles de Juárez y
de Cali, y desató un escándalo bancario. El domingo anterior, tres
agentes federales adscritos a una oficina que investiga la
desaparición de personas fueron detenidos en Ciudad Juárez cuando
pretendían cobrar el rescate de un secuestro.
Los hechos.
También el lunes, en Hermosillo, fue asesinado de 15 impactos de AK-47
Rodolfo García Gaxiola (El Chipilón), ex comandante de la PGR
presuntamente vinculado con la muerte del director de la policía local
de Tijuana, Federico Bénitez López, en 1994.
El martes, un comando de ocho hombres armados secuestró al director de
Chrysler de México, Elio Margoli Friedman, en sus oficinas de
Coyoacán, en la capital del país.
El miércoles, a unas horas de que el Presidente ratificara que muy
pronto se presentará un programa de seguridad ``que nos proteja mejor
a todos'', 20 sujetos fuertemente armados robaron de las bodegas de
Diconsa en Morelia, Michoacán, 140 toneladas de mercancía (frijol,
maíz y otros básicos) destinadas a más de mil tiendas rurales. Los
ladrones trabajaron durante cinco horas para cargar cinco pesados
vehículos.
Los hechos daban sustento al discurso del mandatario: México vive
``una gravísima crisis de inseguridad, una gravísima crisis de
criminalidad''. Un discurso que, como se ve en el epígrafe, ha sido
constante desde que Zedillo asumió el poder.
Un discurso para convencer, al menos en su fase más reciente, de que
el gobierno federal tiene soluciones. Y que si no llegan es por las
resistencias de otros poderes (el Congreso ``plural'' que ya no
aprueba las iniciativas presidenciales automáticamente) y de otros
niveles de gobierno (los mandatarios estatales que se resisten a
``coordinarse'' con la federación y no aportan recursos
suficientes).
La nueva solución del gobierno (ésta sí será ``eficaz'', dice Zedillo)
estará en el más reciente programa de seguridad pública, que cancelará
el diseñado por Emilio Chuayffet.
Los avances del anterior titular de la Secretaría de Gobernación
(Segob) quedarán en el olvido porque partían de una premisa falsa. Lo
dice así uno de los altos funcionarios encargados de la nueva
propuesta: ``La anterior estrategia era muy humanista y utópica, se
creyó que la manera de acabar con la delincuencia era previniéndola''
(como incluso lo establece el Plan Nacional de Seguridad Pública
1995-2000 ).
Ahora se trata, afirma el funcionario, de poner el acento en la
persecución, para lo cual se reformará a fondo a las policías
judiciales y se doblará el número de sus agentes (que pasaría de 24
mil a 48 mil).
El nuevo programa de seguridad pública -que Mayolo Medina y Adolfo
Orive, secretario particular y asesor de Francisco Labastida,
respectivamente, traían bajo el brazo al llegar a Bucareli- contiene
otros dos elementos básicos: más dinero (10 mil millones de pesos para
lo que resta de la administración zedillista) y ``hacer obligatorios''
los convenios que se firmen entre los estados y la federación.
Las anteriores son algunas de las líneas que tenían listas en Bucareli
antes de que el presidente Zedillo se reuniera con la comunidad judía
para decir que ya existe ``un nuevo programa de seguridad acorde a los
retos que estamos enfrentando en este campo''.
A más de tres años de la promesa de hacer de México ``un país de
leyes'', en Bucareli dicen haber encontrado el hilo negro.
* * *
``Quizás, donde no quepa la tolerancia, pero es difícil ejercer esa
perspectiva, es precisamente en otro tema que sé que preocupa mucho a
esta comunidad: es el problema del crimen'', dijo Ernesto Zedillo el
pasado lunes.
``Quizás'' no cabe la tolerancia. ¿Entonces? ¿Mano dura? ¿Cero
tolerancia, a la manera neoyorkina?
Quizás. En Bucareli estiman que cada año se cometen un millón 400 mil
delitos. ``Y con 24 mil judiciales, ¿cómo jijos de la guayaba se van a
perseguir?''
El proyecto también supone una ``depuración'' de las policías
judiciales (que en la Segob estiman será de 15%), además de otro
modelo de capacitación.
Policías y nuevo federalismo
En abril pasado, el secretario de Gobernación, Francisco Labastida, se
reunió, de cinco en cinco, con los gobernadores para darles a conocer
la nueva estrategia de seguridad pública.
En esos encuentros se dijo a los mandatarios estatales que ``el cuello
de botella estaba a nivel de ministerios públicos, (policías)
judiciales estatales y federales y que para eso había que hacer un
nuevo programa'', según la versión del panista Vicente Fox, gobernador
de Guanajuato, quien ve venir un ``atorón total porque se borra todo
lo hecho anteriormente''.
En la versión de Fox, durante las reuniones con Labastida sólo se les
informó que habría ``otro criterio'' para abatir la delincuencia, sin
más detalles.
Pero desde la óptica de la Segob, ``en el diseño de esta nueva
política el gobierno federal contó con la participación de los
gobernadores'' (comunicado del 12 de abril).
Más aún, de acuerdo con la Segob, todo marchó a la perfección,
incluyendo la idea de crear una policía nacional: ``Los mandatarios
externaron que el programa de ninguna manera va en contra de la libre
determinación de las entidades''.
En público o en privado, varios gobernadores hicieron llegar a la
Segob su rechazo a la idea de una policía nacional. ``Fuimos
utilizados, convocados a esa reunión para lavar una idea que ellos
tenían'', recuerda Fox en entrevista con Masiosare.
El precandidato panista a la Presidencia rechazó la policía nacional
porque ``es seguirle echando leña al fuego y, además, se atropella la
soberanía''.
La idea de una policía nacional, sin embargo, no es nueva. Cuando
Emilio Chuayffet mandaba en Bucareli, se propuso una sola policía
``preventiva federal'', pero la propuesta ``no prosperó'', recuerda
Antonio Lozano Gracia, ex procurador General de la República.
En Bucareli se han resignado, al menos por el momento: ``En el 98 no
va, pero sí se pensó en ella, conformada por la Policía Federal de
Caminos y la PGR, que tendría el mando. La gente sería capacitada por
el Ejército y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen)'', dice un alto funcionario.
Falla del Congreso
Pese a las promesas de hacer de México ``un país de leyes'' y a una
larga secuencia de reformas legales y cambios en los órganos de
procuración de justicia, el presidente de la República y sus
funcionarios han tenido que reconocer que, pasada la mitad del
sexenio, ``la criminalidad y la delincuencia han crecido en todo el
país'', como lo dijo Labastida al tomar el mando de la Segob, el 3 de
enero pasado.
En los próximos días, según el anuncio presidencial, la Segob
presentará el nuevo programa de seguridad pública que, ``ahora sí'',
atacará de fondo a la delincuencia.
O al menos parcialmente. Porque el Presidente pintó su raya con
respecto a la actuación del Congreso y los mandatarios de oposición:
``En la parte que le corresponde al gobierno de la República, la
respuesta habrá de ser significativa y consideramos que eficaz''.
En la versión de Zedillo, el Congreso ha fallado: ``Lamentablemente,
después de casi seis meses de enviadas estas iniciativas (para
endurecer el combate a la delincuencia) no han sido dictaminadas, no
han sido debatidas, no han sido resueltas''.
No hay ni software
Marzo de 1996. En la capital del país, Alberto Alvarado Arámburu, ex
gobernador de Baja California Sur, fue baleado y muerto por un
delincuente que quería robarle el reloj.
Un par de días después, todos los gobernadores estuvieron en el DF
para la presentación, con bombo y platillo, del flamante Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
En enero de 1998, Emilio Chuayffet se fue sin que se hubieran cumplido
los objetivos de ese sistema.
A fines de abril pasado, en una comparecencia ante diputados, el
subsecretario de Seguridad Pública de la Segob, Roberto Zavala
Chavarría, dio un botón de muestra: en el valle de México los índices
delictivos han crecido tres veces más rápido que la población en los
tres últimos años.
Una de las causas puede ser que nunca se hizo realidad uno de los
planes más ambiciosos del SNSP: una red de información que contuviera
datos de todo el país sobre policías corruptos, autos robados,
secuestros, robos a bancos y una gran cantidad de información
adicional para el combate al crimen.
Un par de gobernadores, funcionarios de la Segob y el ex procurador
Lozano, coinciden en que el sistema de información nunca se hizo
realidad, pese a que la Segob invirtió cantidades millonarias -el
presupuesto del SNSP para 1997 fue de más de 2 mil 400 millones de
pesos- en un equipo central de cómputo. Fuentes de Gobernación señalan
que se trata de equipo inútil ``porque no existe ni el
software''.
``Había el compromiso de la Segob para que todos los archivos
estuvieran a fines de 1996, y no se cumplió. Hasta donde sé, no
existen esos archivos. Es una omisión grave'', afirma el ex procurador
panista.
Lozano Gracia coincide con funcionarios actuales de Gobernación en que
otros obstáculos para el funcionamiento del SNSP fueron la falta de
recursos y la inexistente coordinación entre los gobiernos estatales y
la federación en lo que toca a la capacitación y la depuración de los
cuerpos policiacos.
Cuando llegó a los de arriba
El hombre de la calle ya no está solo. El hampa desatada ha alcanzado
a prominentes políticos y empresarios que han sido víctimas de robos,
asaltos y, en casos muy sonados, de sofisticadas bandas de
secuestradores.
Pese a las reformas ``profundas'' del Poder Judicial, a las
restructuraciones recurrentes de las procuradurías, a los cambios
legales y a la aplicación de la mano dura, que ha incluido la
participación del Ejército Mexicano en tareas policiacas, los niveles
de inseguridad se han duplicado en relación con el sexenio anterior,
según estimaciones de especialistas.
``Cuando, finalmente, la violencia, que se suponía era cosa sólo de
los de abajo, también llega a los de arriba, entonces, los tecnócratas
empiezan a inquietarse y a contar con material para muchos
discursos'', dice Lucio Mendoza Ríos, director del Instituto Mexicano
contra el Crimen Organizado.
Pero los discursos que reconocen la gravedad del problema no han sido
suficientes para que la ciudadanía se resigne. A lo largo del sexenio
se han registrado decenas de manifestaciones en varias entidades del
país para exigir al gobierno un alto a la violencia. En distintos
estados han surgido frentes contra el delito o la impunidad.
Las protestas ciudadanas han creado ``el piso'' para la caída de
funcionarios relacionados con la delincuencia por comisión u omisión
(Morelos) o para el castigo a mandos policiacos que han actuado fuera
de la ley (caso Buenos Aires en el DF).
Pero ni la atención presidencial a las protestas ha logrado bajar los
índices delictivos.
La delincuencia grande
``No hay delincuencia grande que no esté protegida por los cuerpos de
seguridad'', dijo Francisco Labastida Ochoa el 18 de agosto de 1997,
al salir del velorio de Alejandro Ortiz Martínez, hermano del entonces
secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, asesinado presuntamente por
una banda de robacoches.
Labastida, en ese momento secretario de Agricultura, aludía a su
experiencia como gobernador de Sinaloa: la ``delincuencia grande''
sólo opera protegida por jefes policiacos.
Lucio Mendoza Ríos, ex funcionario del Cisen y director del Instituto
Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada (IMECO), coincide
con Labastida: ``La causa central del auge delictivo está en la
corrupción policiaca''.
Esta, considera Mendoza, fue una de las razones de la inoperancia del
SNSP: ``Los jefes y agentes de las corporaciones que forman parte del
sistema están aliados con el hampa''.
Por ello, sostiene, ningún plan servirá para abatir la delincuencia si
no hay un saneamiento de las corporaciones y si no se destinan
recursos para mejorar los salarios de los policías. De otro modo, la
delincuencia seguirá comprando a los agentes, dijo.
José Luis Pérez Canchola, director del Instituto de Formación
Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal, también considera necesaria una depuración de los cuerpos
policiacos, pero matiza: ``No se puede barrer con toda la casa, además
de que hay muchos elementos valiosos''. Para él lo más importantes es
la capacitación.
Política y delito
Según datos oficiales, 90% de los delitos cometidos en México son del
fuero común y, por tanto, su persecución corresponde a los gobiernos
estatales y no al federal.
De ahí que el presidente Zedillo sostenga que ``necesitamos que
participen con la misma decisión y comprometiendo recursos
equivalentes o proporcionales, los otros órdenes de gobierno''.
Muchos gobernadores, especialmente los de oposición, replican
demandando más recursos federales.
Por eso, una de las dudas centrales del programa que se anunciará
pronto es de dónde saldrá el dinero. Un funcionario de la Segob
argumenta: ``En el documento no establecemos que los 10 mil millones
vendrán de un nuevo impuesto, eso lo dejamos a imaginación de la
Secretaría de Hacienda''.
Mientras en esa dependencia echan a volar la imaginación, se sabe que
el nuevo programa estará a cargo de uno de sus autores: el ex
secretario particular de Francisco Labastida, Mayolo Medina, quien
apenas el pasado 13 de mayo sustituyó a Carlos Ontiveros al frente del
secretariado del SNSP.
En caso de resolverse el asunto de los dineros, persistiría otro
problema, que el ex procurador Lozano Gracia sintetiza así: ``La
afectación política o la politización de este tipo de medidas''.
El combate a la delincuencia, coincide Lucio Mendoza, del IMECO, no
puede ni debe ser un problema político.
La alternancia en el poder, argumenta, no garantiza el abatimiento de
la inseguridad, como se observa en Chihuahua, Jalisco y Baja
California, donde la violencia asociada al narcotráfico sigue siendo
pan de todos los días y dolor de cabeza de sus gobiernos.
Para investigadores, gobernadores y el ex procurador panista, el gran
problema de la seguridad pública no se resolverá con más policías,
sino con inteligencia, verdadera coordinación y poniendo fin a los
programas sexenales, así como a la corrupción policiaca.
El debate va para largo.
Por lo pronto, en los próximos días el país estrenará un nuevo
programa de seguridad pública, una de las tres prioridades de
Francisco Labastida (las otras, según dijo al asumir el cargo, son la
reforma del Estado y Chiapas).
¿Cuántos delitos se cometerán mientras el flamante programa se afina
en Bucareli?
¿Asunto de
leyes?
Las iniciativas que no han sido
dictaminadas, debatidas ni resueltas por el Congreso -cosa que podría
dificultar, según el presidente Zedillo, el combate a la delincuencia-
pretenden aumentar la discrecionalidad del aparato de justicia y dar
más herramientas a los jueces para dictar autos de formal prisión.
Hace seis meses, el jefe del Ejecutivo envió a la Cámara de Senadores
una iniciativa de reformas constitucionales a los artículos 16, 19,
20, 22 y 123.
Con estas propuestas, en opinión de especialistas, se abriría la
puerta para que la ``mera sospecha'' fuera suficiente para encarcelar
a alguien.
Otro punto de controversia es que al individuo se le podría juzgar en
ausencia e, incluso, si deseara aportar pruebas en su defensa, tendría
que hacerlo de manera personal, sin poder valerse de un
abogado. Además, el defensor no tendría acceso al expediente.
``Eso sólo lo hicieron Hitler, Stalin y Mussolini'', dice el
especialista en crimen organizado Raúl Plascencia Villanueva, del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM .
``Las propuestas son absurdas. Se está jugando con la oferta de
disminuir la delincuencia a través de leyes que son un retroceso y que
no van a la causa de la criminalidad'', añade.
El especialista Rafael Ruiz Harrel considera que el presidente Zedillo
``piensa que el problema es policiaco, cree que hay que mejorar a la
policía, acabar con la corrupción y que es un problema de leyes. Sólo
está aumentado las penas y sus reformas dan más posibilidades de
acción a la policía, pero sin investigar''.
En el debate en torno a la iniciativa presidencial han salido a
relucir la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y las
reformas al Código Penal impulsadas por el gobierno, que entraron en
vigor a fines de 1996.
Pese a que se dijo que contribuirían a abatir la ``delincuencia
grande'', los crímenes atribuidos a bandas organizadas siguieron
creciendo. Hasta ahora, solamente una docena de personas ha sido
sentenciada por delitos tipificados en esa ley: nueve de ellas
relacionadas con el cártel de Amado Carrillo y cuatro con la banda de
los Arellano Félix, según datos de la PGR.
El nuevo modelo
Las siguientes son algunas de las
líneas que, según fuentes de la Secretaría de Gobernación, seguiría el
nuevo programa de seguridad pública que será presentado muy pronto:
1. ``Perseguir'' más que prevenir.
2. ``Depurar'' 15% de los 24 mil policías judiciales.
3. Doblar el número de agentes judiciales.
4. Capacitar a ministerios públicos y peritos. Los cursos para
agentes judiciales durarán dos años (seis meses en la escuela y el
resto combinando calle y escuela).
5. Incrementar el presupuesto en 10 mil millones de pesos para
el periodo 1998-2000.
6. Entregar el dinero a los estados bajo la fórmula que se usa
con la Alianza para el Campo, creando un fideicomiso en cada estado y
dando manos libres a los gobernadores para aplicarlos.
7. Establecer un sistema computarizado de fiscalización.
8. Crear la red de información sobre la delincuencia que dejó
pendiente la administración anterior.
9. Modificar leyes para que los jueces puedan actuar más
rápido.
10. Crear una normatividad que obligue a los estados a cumplir
con los programas del SNSP.