Carlos Salinas de Gortari diseñó con gran premeditación la estructura de Pronasol para establecer un específico enlace entre el gobierno y la sociedad: la propuesta fue anunciada como un mecanismo capaz de evitar que el gasto social tuviera que pasar por pesadas y amañadas estructuras de carácter público o privado (dependencias, sindicatos, organizaciones sociales y otros referentes corporativos), y pudiera llegar en forma más directa a los agrupamientos a que estaba destinado.

La estrategia así presentada no era mala, pero la implementación del proyecto y nuestra cultura política pusieron al descubierto sus perversiones: los llamados ``comités de solidaridad'' resultaron tan pequeños, tan dispersos, tan atomizados, que no tenían ninguna fuerza frente al poderoso Tlatoani, y éste se relacionaba con ellos sin mediación institucional u organizativa alguna: era como un caniquerío disperso al antojo de un solo y veleidoso jugador poderosísimo. De ahí que muchos lo consideren como el partido personal del Presidente y que los dirigentes de los comités fueran congregados, por cientos, cada lunes en Los Pinos para recibir ``la palabra'', que con el tiempo terminó siendo desnudo proselitismo político.

¿Cómo habremos de hacer los mexicanos para encontrar el justo medio? Hoy estamos ante la posibilidad de echar a andar un nuevo modelo de enganche entre sociedad y gobierno: se trata de la ``Ley de Participación Ciudadana''. Pues bien, las discusiones a este respecto han oscilado fuertemente: en un primer momento, algunos grupos ligados a corrientes partidistas y parlamentarias comenzaron a imaginar un tipo de representación ciudadana que ponía el acento, por encima de la organización barrial y vecinal, en los comités delegacionales que serían elegidos de manera indirecta entre los presidentes de colonia, barrio, pueblo, etc. Esto encontró serias críticas ya que tales órganos amenazaban con convertirse en un poder paralelo al de la línea de gobierno, dificultando por tanto la labor administrativa y, lo más importante, colocándose muy lejos y muy por encima del control y de la participación de los ciudadanos, objetivo para el que supuestamente debería estar diseñada una ley semejante.

Se ha generado entonces un cambio drástico, aunque esta vez compartido tanto por la estructura de gobierno de la ciudad como por las corrientes partidistas y por los grupos parlamentarios (aunque el PRI parece sólo dispuesto a lamentarse, a criticar todo, a que nada funcione, a que todo se vuelve ingobernable). Este cambio ha consistido en aceptar que los auténticos espacios de participación ciudadana no deben reproducir ni los espacios legislativos, ni los poderes administrativos, pero se ha caído en el otro extremo: hoy, partidos, gobierno y parlamentarios nos proponen que el único espacio aceptable de participación ciudadana es la junta vecinal y que ésta encuentra su asiento en las figuras de colonia, barrio, pueblo y unidad habitacional; arriba de ahí, según este consenso más reciente, no debe ser fomentado ningún espacio de agregación o de interacción entre las juntas de barrio o colonia para tomar acuerdos o construir consensos.

Las experiencias exitosas de representación ciudadana en otras partes del mundo nos dicen que es necesario descentralizar poco a poco la administración y los espacios de confluencia entre ella y la representación ciudadana, y que las dimensiones adecuadas para que ésta última se exprese con fuerza no deben sobrepasar los 100 o 200 mil habitantes, de manera que todos los presidente o consejeros de colonia o de barrio asistan al ``consejo zonal'', sean los responsables directos de los acuerdos y que no se vean obligados a delegar, en instancias superiores, la presentación y la búsqueda de soluciones para los problemas de esas 30 o 50 unidades vecinales.

Resultaría tan pernicioso formar un solo consejo delegacional para los más de 2 millones de habitantes de Iztapalapa, como recomendar que sus cerca de 500 unidades vecinales se mantengan atomizadas al plantear sus problemas y tratar de llegar a acuerdos con las autoridades. La participación ciudadana no puede ser ni representación de la representación en espacios centralizados, ni pulverización en pequeñas unidades débiles, manipulables, pronasoleras. Descentralizar sin prisas, buscar los espacios intermedios ¿por qué nos cuesta tanto trabajo?