Una buena noticia, sin duda, ha sido la decisión del Partido de la Revolución Democrática de elaborar un anteproyecto de Ley Federal del Trabajo y otra, de carácter similar, su compromiso de someterlo a una amplia discusión entre los sectores productivos y de la sociedad en general, incluyendo sus propias instancias partidarias antes de convertirla, eventualmente, en un proyecto de ley.

El anteproyecto afronta y resuelve, entre otros, cinco temas esenciales en el mundo del trabajo: el primero tendiente a recuperar la igualdad de las trabajadoras y los trabajadores ante la ley. Se propone suprimir el régimen de excepción a que se tiene actualmente sometidos a los trabajadores al servicio del estado, a nivel federal, estatal y municipal, incluyendo a los trabajadores de la banca pública, sin menoscabo de sus derechos vigentes. Se dejan sin efecto las artificiales restricciones del llamado personal de confianza y a otros sectores discriminados por razón de género, edad o incapacidad, o bajo la excusa del carácter especial de su trabajo.

Un segundo aspecto de la propuesta tiende a fortalecer los derechos colectivos del trabajo, incluyendo el de la libre organización de los trabajadores, integrando una amplia gama de consensos en esta materia, relativa a aspectos tan diversos, como el registro sindical libre, la inclusión de formas autónomas de funcionamiento, la elección democrática de dirigentes, el voto secreto y, en general, de una serie de mecanismos prácticos tendientes a lograr la autonomía real frente al Estado y frente a los empleadores. Esta legitimidad en la representación constituye una premisa básica para recuperar el valioso papel de la contratación colectiva que da posibilidad a acuerdos y consensos sobre las condiciones de trabajo. El proyecto vincula y fortalece la relación entre el derecho de asociación y el de contratación colectiva, como instrumentos privilegiados de un nuevo orden laboral.

Un tercer elemento de la propuesta tiende a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, para mejorar no sólo su calidad de vida personal y familiar sino también para lograr su mejor desempeño laboral. El proyecto eleva la plataforma básica en materia de tiempo de trabajo, capacitación, protección a la salud e integridad física y mental, reglas de intensidad y en general de aquellas condiciones necesarias para que el proceso de modernización laboral se construya sobre las bases de un beneficio compartido. Se sugiere, entre otros instrumentos, la creación de un Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades dependiente de la Cámara de Diputados.

Un cuarto aspecto de esta propuesta, central en el campo del derecho individual del trabajo, estriba en la defensa de la estabilidad en el empleo, de cuya suerte depende buena parte del resto de las condiciones de trabajo.

Una última propuesta a destacar se vincula a la necesaria autonomía y eficacia de los tribunales de trabajo en aspectos no sólo vinculados con la composición de dichos órganos de justicia sino con el propio procedimiento laboral.

No hay duda de que el modelo laboral vigente, construido sobre las bases del corporativismo, la simulación y la restricción salarial, constituye un agravio para el conjunto de la sociedad. Se trata ahora de participar con el fin de impedir que otros cambios acentúen estos rasgos. La propuesta del PRD, perfectible en muchos aspectos, constituye un punto de partida para organizar un consenso social a favor del trabajo.