Pese a los indudables esfuerzos realizados por las autoridades capitalinas para combatir a las organizaciones criminales que operan de manera amplia y sistemática en el DF, la actividad delictiva en la capital del país permanece sin control y todavía son insuficientes las medidas encaminadas a reducir los elevados índices de inseguridad e impunidad que se registran en la metrópoli.
El reciente secuestro de un alto ejecutivo de la empresa automotriz Chrysler --perpetrado de forma coordinada, según declaraciones de testigos, por un comando-- y la petición presentada ayer por diputados de las cinco fracciones parlamentarias representadas en la Asamblea Legislativa (ALDF) para que el gobierno capitalino brinde a los legisladores protección policiaca e información sobre las bandas que operan en los alrededores de este recinto, son indicadores claros de la grave situación en materia de seguridad pública que enfrenta el DF. A estos preocupantes datos deben añadirse los numerosos robos, violaciones y otros delitos que se cometen diariamente contra los ciudadanos en general y que son causa del estado de temor, desasosiego e indignación que prevalece en amplios sectores de la sociedad. A diferencia de los grandes empresarios y los miembros de la clase política, la inmensa mayoría de los capitalinos --profesionistas, trabajadores, comerciantes, transportistas, estudiantes y amas de casa-- se encuentran desprotegidos y, en los más de los casos, son víctimas fáciles de los delincuentes.
Es evidente que las corporaciones policiacas de la capital no han sido capaces de poner un alto a la actividad criminal, ya sea por la carencia del personal y los recursos suficientes para desarticular las numerosas bandas delictivas que asolan la urbe, o por la intolerable presencia de elementos corruptos o coludidos con las organizaciones criminales en las instancias de impartición y procuración de justicia. Por añadidura, tanto los ministerios públicos como los tribunales de la ciudad están lejos de cumplir sus funciones con la agilidad y eficacia que les demandan sus importantes responsabilidades y, en múltiples casos, las víctimas de los delitos deben padecer también las dilaciones, la prepotencia y la falta de atención profesional de los funcionarios judiciales.
Cabe recordar que el abatimiento de los niveles de criminalidad fue, acaso, la principal demanda de la ciudadanía durante el pasado proceso electoral y uno de los más importantes compromisos que han asumido tanto el jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas, como el procurador Samuel del Villar y el secretario de Seguridad Pública, Rodolfo Debernardi. Y aunque se han conseguido algunos avances significativos en la materia --Del Villar señaló en su última comparecencia ante la ALDF que de diciembre de 1997 a abril de este año se han desarticulado 199 bandas criminales, consignado a 956 presuntos delincuentes y se ha reducido en 5.59 por ciento el promedio diario de delitos en comparación con el índice registrado entre abril y diciembre del año pasado-- no puede soslayarse que la ciudadanía demanda de sus autoridades electas mucho más que cifras, planes y discursos: hoy resulta urgente e inaplazable el establecimiento de las medidas necesarias para que, preservando los derechos humanos, las libertades públicas y las garantías individuales, se den soluciones efectivas al problema de la impunidad, la corrupción y la delincuencia.
Por ello, las autoridades capitalinas están obligadas, por un lado, a responder de manera pronta y eficaz a las justificadas y pertinentes exigencias de la sociedad en materia de combate al crimen y, por el otro, a acelerar y profundizar las labores de profesionalización y moralización de los funcionarios asignados a la seguridad pública y la impartición de justicia.