La Jornada 20 de mayo de 1998

No avalaremos cambios mientras no se audite al Fobaproa: PAN

Mireya Cuéllar y Ciro Pérez Ť Al reposicionar ayer la actitud del Partido Acción Nacional frente al paquete de reformas financieras enviadas por el Ejecutivo al Congreso, el grupo parlamentario blanquiazul advirtió que definitivamente no avalará la conversión de los 552 mil millones de pesos del Fobaproa en deuda pública, mientras no se hagan las auditorías y se esclarezca el origen y aplicación de dichos recursos, y tampoco apoyará la pretensión presidencial de dejar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) bajo la tutela del Banco de México.

Bajo el lema ``el PAN no le va a limpiar la cara al gobierno'', la fracción panista en la Cámara de Diputados condicionó la conversión del Fobaproa a la conclusión de las auditorías al fondo, porque ``existe una presunción fundada sobre la legalidad de la asunción, por parte del gobierno federal, de las obligaciones contraídas por Fobaproa en la adquisición de las carteras de las diversas instituciones de crédito''.

Antes de cargar ese monto a la deuda publica interna, habrá de verificarse ``que los recursos hayan sido efectivamente destinados de manera legítima y transparente a los ahorradores y a los deudores del sistema financiero; que esos recursos no hayan servido como instrumentos en provecho de personas físicas o morales vinculadas con la banca, que a través de las diversas operaciones realizadas por Fobaproa hayan obtenido beneficios personales contrarios a los propósitos que dieron lugar a las acciones de rescate de los legítimos ahorradores y deudores'', dijo el diputado panista Rogelio Sada Zambrano.

Por lo que hace a la propuesta del Ejecutivo para adecuar la Ley del Banco de México y fortalecer la autonomía de dicha institución, los panistas apuntaron que ello está bien siempre y cuando ``los miembros de su órgano colegiado no tengan vinculación alguna en actividades partidistas ni que hubieren desempeñado algún cargo de elección popular con una anticipación no menor de tres años a la fecha de su nombramiento''.

Asimismo, que el nombramiento de sus miembros sea aprobado por el Senado de la República --por las dos terceras partes de sus integrantes-- y que ``no quede sustraído al control y a la fiscalización del Congreso''.

Además, ``que se defina y precise, dentro de un marco de criterios claramente definidos en la ley, los ámbitos de las políticas monetaria y cambiaria como parte de la política económica del Estado, a fin de evitar, de una vez por todas, las erráticas y cambiantes políticas en dichas materias que tanto daño han causado al país''.

Por lo que hace a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores --el Ejecutivo plantea que debe pasar a control del Banco de México; actualmente está bajo la tutela de la Secretaría de Hacienda--, los panistas dijeron que no están de acuerdo con esa propuesta, porque en el 28 constitucional están delimitadas las funciones del Banco de México, y las que conciernen a la CNBV rebasarían con mucho las conferidas por la Constitución.

En cambio, proponen que la CNBV tenga el carácter de organismo descentralizado ``autárquico'', es decir, con autonomía orgánica propia y funcional, desvinculado de la administración centralizada, sin perjuicio del control y vigilancia por parte del Congreso de la Unión.

Además, que el nombramiento de los integrantes del órgano de gobierno de dicha comisión sea aprobado por las dos terceras partes del Senado de la República.

El PAN anunció su intención de hacer ``ajustes'' a todas las iniciativas del paquete económico, incluida la Ley Federal para la Recuperación de Bienes --a cuyo organismo descentralizado se le transferirían los activos del Fobaproa--, para buscar en todo momento transparencia y equidad en las transacciones, dado que el patrimonio de dicho organismo se convertiría en bienes de dominio federal.

El Congreso de la Unión deberá participar activamente en la supervisión y vigilancia de la venta de dichos activos.

En dos semanas, el programa de auditorías al Fobaproa

La Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, acordó ayer que será ella quien realice las auditorías al Fobaproa vía un despacho privado. Para ello, se convocará a despachos nacionales e internacionales a través de ``invitación restringida''.

El presidente de dicha comisión, Fauzi Hamdan, informó que a más tardar en dos semanas estará listo el programa integral de auditorías y entonces podrán enviar las invitaciones a diversos despachos. Se les dará un plazo de 15 días para que coticen y expresen si tienen alguna incompatibilidad con la actividad (intereses en Fobaproa).

Así, las auditorías empezarían a mediados de junio y su conclusión será uno de los prerequisitos para aprobar la conversión de los pasivos del fondo en deuda publica. ``No podemos llevar a cabo una discusión sobre Fobaproa, si no tenemos la evaluación integral'', comentó Hamdan Amad.

El proceso de auditoría, apuntó, se llevará unos tres o cuatro meses porque se trata de una ``cirugía mayor''. La Cámara de Diputados se hará cargo del costo total de las auditorías, es decir, pagará los honorarios del despacho encargado de hacerlas.

``La cámara no va a escatimar recursos ante una situación tan delicada. Están de por medio 65 mil millones de dólares... los despachos son muy cobrones. Ellos cobran por hora, les vamos a solicitar que nos coticen por paquete'', explicó.

A raíz del escándalo Casablanca, añadió Hamdan, se está pensando en darle una orientación adicional a las auditorías al Fobaproa, porque ``hay riesgo de que en muchas de las operaciones realizadas por dicho fondo vengan inmersas algunas de origen ilícito de ese dinero''.