Exigen partidos aclarar si Casablanca se ciñó a los acuerdos bilaterales

La detención de funcionarios bancarios mexicanos acusados de lavar dinero hace indispensable la inmediata reglamentación y la formulación de leyes claras para sancionar a toda aquella persona que cometa este tipo de ilícitos, coincidieron representantes de los sectores productivos nacionales. Descartaron que esta noticia afecte los proyectos de inversión extranjeros y exigieron que se investigue hasta las últimas consecuencias ``cuáles son las complicidades, quiénes están involucrados, qué mafias existen entre la gente del gobierno y el narco, y por qué las autoridades correspondientes reaccionaron tardíamente en un asunto tan importante para la imagen de México''.

Gerardo Aranda Orozco, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, desestimó las consecuencias que la operación Casablanca podría tener en la economía mexicana al señalar: ``Es muy difícil que un solo país tenga la franquicia o la exclusividad de las investigaciones'' sobre crimen organizado.

Consideró que el anuncio hecho por la procuradora de Estados Unidos, Janet Reno, y por el secretario del Tesoro, Robert Rubin, lejos de generar desconfianza en México mostrará que las estructuras se están limpiando. ``Me preocuparía ver que, a pesar de los daños y de los indicios de esta actividad, se siguiera solapando'', comentó.

Por su parte, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, ex presidente de la Coparmex, lamentó que la corrupción en México, especialmente en la banca, haya llegado a un nivel tan alto. Este tipo de noticias, dijo, sólo provocan que la sociedad y los inversionistas foráneos pierdan la confianza en México y en sus instituciones.

Dirigente del grupo Coordinadora Ciudadana, Díaz de Rivera exigió aplicar todo el peso de la ley a quienes resulten responsables y demandó al gobierno federal una ``amplia y profunda explicación'' sobre cuáles son las complicidades, quiénes están involucrados, qué mafias existen entre gente del gobierno y el narco que permiten la práctica de este tipo de actividades y por qué se actuó de manera tardía.

Para el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), Armando Araujo Montaño, los resultados de la operación Casablanca no perjudicarán al sistema financiero mexicano, pues se trata de ``dinero mal habido'', del cual no depende la economía nacional. Sin embargo, admitió que el prestigio de la banca nacional ``se encuentra en juego una vez más''.

Al igual que Sánchez Díaz de Rivera y otras organizaciones empresariales, exigió ``mano dura'' contra los 22 mexicanos aprehendidos, ``quienes seguramente operaban en complicidad con banqueros estadunidenses''.

Por separado, el dirigente de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios (Fenasib), Enrique Aguilar Borrego, dijo que para evitar el lavado de dinero es necesario fortalecer la vigilancia de las instituciones bancarias mexicanas, cuya imagen y credibilidad ha resultado dañada. A pesar de ello, dijo, el sistema bancario mexicano ``no está en riesgo''.

Lamentó que las operaciones realizadas por la administración del presidente Bill Clinton ``únicamente le apuesten a dañar la imagen de México'', cuando es probable que también funcionarios e instituciones financieras de aquel país se dediquen al blanqueo de las ganancias obtenidas por el narco. ``Sería conveniente que también de aquel lado de la frontera se abrieran investigaciones y se denunciara a quienes incurrieron en este ilícito. Lamentablemente las autoridades estadunidenses siempre nos señalan como los malos y los buenos son ellos''.

Adán Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Industriales de la Transformación (ANIT), demandó una investigación exhaustiva de los ejecutivos bancarios mexicanos involucrados en la operación Casablanca y sus posibles nexos con funcionarios de otras instituciones financieras. Exigió también emprender un juicio político en contra de Guillermo Ortiz Martínez, gobernador del Banco de México, y de su antecesor, Miguel Mancera Aguayo, por su presunta responsabilidad en el rescate bancario y en la mala aplicación de las finanzas públicas en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

Catalogado como disidente en el sector industrial, Adán Rivera calificó de ``vergonzoso'' que funcionarios de Estados Unidos realicen investigaciones sobre narcotráfico sin conocimiento de sus contrapartes mexicanas por el temor de que se filtre información. ``Esto simplemente nos demuestra el nivel de confianza que nos tienen''.

Por ello, exigió a las autoridades mexicanas llegar al fondo de este asunto y aplicar todo el peso de la ley para evitar que autoridades de otros países marquen a México la pauta a seguir, con la consiguiente pérdida de credibilidad y fuga de capitales.

El presidente de la ANIT demandó a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionar información de manera permanente para evitar que se genere un ``gran caos'', sobre todo entre los pequeños ahorradores, quienes temen que la congelación de cuentas afecte sus fondos.

En tanto, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) le pidió a la CNBV controlar más las actividades de funcionarios y empleados del sistema bancario para prevenir y combatir prácticas ilícitas en las instituciones financieras nacionales.

Estimó que, al margen de la discrecionalidad que las averiguaciones ameriten, es necesario ir al fondo de las indagatorias y castigar con todo el peso de la ley a los responsables.

Por separado Víctor Meléndez Artiga, presidente del Centro Empresarial del Noroeste del Valle de México, afiliado a la Coparmex, señaló que cerrar los ojos al problema del narcotráfico en México es ``absurdo'', ya que esta actividad ha permeado, ``lo sabemos ahora'', en importantes estratos de la sociedad mexicana. ``Hay gente que se ha dedicado a esta actividad bajo el mote de empresarios'', afirmó.

Para el líder empresarial, ``esa actividad delictiva'' surgió dentro de los bancos en 1995 y, por la gravedad del problema, es necesario reforzar ``el ejercicio de la ley e incrementar las penas''.

``México va muy lento en la promulgación de leyes para controlar el narcotráfico a través de la vía bancaria, lo que ha propiciado este tipo de situaciones -- añadió--. Esta actividad, incluso el lavado de dinero, existe en la banca, entre las autoridades e incluso en la incitativa privada. Se debe perseguir y acabar''.

El problema es que ``la sociedad completa ya es vulnerable a esta actividad. Se necesitan penas más severas'', insistió. (Antonio Vázquez, Elizabeth Velasco, Laura Gómez y José Galán)