Hasta 1982, año en el cual José López Portillo expropió los bancos mexicanos con todos sus bienes, incluído por supuesto el crédito, los activos, los inmuebles y hasta las colecciones de arte que varios de ellos habían formado, la banca mexicana tenía credibilidad entre el público y había logrado mantener cierto prestigio, a pesar de algunos casos aislados de ineficacia y corrupción como el del antiguo Banco Mexicano.

Con la expropiación que fue un acto inconsulto del presidente, que llevó a cabo no para rescatar el crédito para el Estado o para el pueblo, sino con el afán protagónico de rescatar su propia deteriorada figura presidencial, que con ese acto pretendió equiparar con la de Cárdenas, expropiador del petróleo.

Sin opinión de juristas y probablemente sin opinión de economistas avezados, López Portillo en la euforia del poder y con la frivolidad que lo caracterizó, dio el manotazo de la expropiación de la banca, sin medir consecuencia y para asombro de todos, incluído el presidente electo Miguel de la Madrid.

Ocho años después, otro presidente caprichoso y soberbio, Carlos Salinas de Gortari, mediante otro acto unilateral y autoritario pero éste sí bien pensado en cuanto a sus efectos a favor de su propio proyecto personal y de sus allegados, de un plumazo suprimió el párrafo constitucional que había agregado su antecesor y se negó, me consta, a incluir reglas mínimas de control a la banca, encaminadas a su democratización y a su regionalización que la bancada de diputados panistas de la que entonces formaba parte, propusimos insistentemente para que al devolverse la banca a la iniciativa privada, se evitaran los monopolios y manejos indebidos en el uso de los ahorros de la ciudadanía; entonces, el voto favorable de los panistas fue conseguido por medio de la negociación y el ofrecimiento de respetar el triunfo de Ernesto Ruffo en Baja California; la mayoría estabamos anuentes a votar a favor de la desincorporación de la banca, pero con las condiciones a que antes me referí.

En un momento de la negocación, por conducto de Camacho Solís, el gobierno de Salinas había aceptado algunas de ellas, sin embargo la directiva del partido encabezada por Luis H. Alvarez, cambió las cosas y se dio la instrucción de votar a favor tal y como venía el proyecto salinista.

Aun cuando por disciplina partidista la mayoría dio su voto en ese sentido, hubo gran molestia y algunas abstenciones; sin embargo, el mal estaba hecho y se dejó la banca en manos del Ejecutivo, quien dispuso de ella a favor de los nuevos banqueros, que salvo excepciones honrosas, han demostrado generalmente ineficacia y muy frecuentemente falta de honradez.

La banca actual en su mayoría es el símbolo del modelo de gobierno del presidente Salinas, que se caracterizó por esconder detrás de la máscara de libre mercado y de la modernización, una codicia no nueva pero nunca antes de esas dimensiones; el resultado de esa política lo estamos padeciendo ahora con la inestabilidad, la imposibilidad de los deudores de pagar sus créditos y la inutilidad de la mayoría de las acciones de los bancos en contra de sus deudores, pues los bienes que se adjudican llenan las bodegas o los inventarios, se deterioran pero no dan ni liquidez ni seguridad jurídica al sistema.

El colmo al que estamos llegando tiene hoy dos facetas, una de ellas es el intento desesperado de convertir Fobaproa en deuda pública a cargo por tanto de todos los mexicanos, y la otra es que el gobierno estadunidense descubre que varios de los grandes bancos de este país participaban en el lavado de dinero del narcotráfico.

Las alternativas son una Comisión Nacional Bancaria eficiente, con un equipo experimentado de abogados y contadores que vigilen realmente el funcionamiento de las instituciones de crédito, e impulsar la banca popular que tanto éxito, aun cuando relativo por su tamaño, ha tenido a través de las cajas populares y de las cooperativas de ahorro y préstamo.

Es una pena que un gobierno extranjero siente en el banquillo de los acusados a varios de los bancos mexicanos, pero buena parte de la responsabilidad la tienen los presidentes López Portillo y Salinas y todos los que a su alrededor los apoyaron, alentaron y aplaudieron, cuando con actos no consensados, unipersonales y arbitrarios jugaron con una institución que debe tener como cualidades esenciales la seriedad, la solidez económica y la plena confianza popular.