Cambios en la ley del trabajo, sólo si hay libertad sindical: centrales

Fabiola Martínez Ť Centrales obreras independientes, legisladores de PAN y PRD y abogados laborales manifestaron que ante la ``inminente'' reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) ``es necesario restablecer la libertad sindical y, sobre todo, que el gobierno saque las manos de este ámbito''.

Calificaron el pronunciamiento del secretario del Trabajo, José Antonio González Fernández -respecto a la necesidad de modificar la normatividad laboral- como ``positivo''. Sin embargo, exigieron al funcionario ``congruencia entre el decir y el hacer''.

En principio, los coordinadores de asuntos laborales de PAN y PRD en la Cámara de Diputados, Javier Paz Zarza y Rosalío Hernández, convocaron al titular de la Secretaría del Trabajo a una reunión urgente para abordar el problema del desempleo, la ocupación informal y el deterioro del salario, entre otros temas alternos a los cambios de la normatividad laboral.

El presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Francisco Hernández Juárez, llamó a los sindicatos ``oficiales e independientes a integrar una estrategia unitaria'' para discutir las propuestas en torno a la LFT, porque, dijo, los trabajadores son los únicos que no deben quedar al margen del proyecto legislativo.

``Creo que tenemos que tomarle la palabra al gobierno para que saque las manos de los sindicatos. La declaración de González Fernández es de los pronunciamientos más importantes en los últimos años'', expresó.

Dijo que los principales problema a discutir son la corrupción en los tribunales laborales, el contratismo de protección (contratos colectivos firmados a espaldas de los trabajadores) y la productividad, como alternativa para elevar los salarios.

Por eso, agregó, la UNT convocará a otras centrales obreras como la CTM o la Coordinadora Intersindical Primero de Mayo a formar un frente común en la discusión de las propuestas de reforma, porque de lo contrario ``los trabajadores quedaremos en desventaja''.

A su vez, el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Oscar Alzaga, dijo que antes de modificar la LFT es necesario evaluar las condicones en que se aplica la actual.

Por ejemplo, la declaración del funcionario se dio en el marco de la tercera reelección de un dirigente (Ignacio Cuauhtémoc Paleta, de la CROM), quien al igual que otros líderes de las centrales obreras más numerosas del país ``han continuado en el cargo sin el aval de sus agremiados'', de tal forma que es necesario una consulta ``no simulada'', es decir, ``aquella en la que se involucre directamente a los trabajadores''.

Agregó que es prioritario restablecer la libertad sindical, que se garantice la no intervención del gobierno en casos de toma de nota o vigilancia de la Secretaría de Gobernación, así como la reglamentación del voto secreto y directo de los trabajadores en casos de recuento y elección de sus dirigentes.

El abogado laboral comentó que es más importante llegar a consensos respecto a problemas más apremiantes que la modificación a la ley, como la situación de los trabajadores no asalariados o del subempleo, ``sector que incluye a no menos de 18 millones de mexicanos'', los asuntos relacionados a los niños menores de 14 años que trabajan, la situación de los jornaleros agrícolas y de los obreros de las maquiladoras, entre otros.

Alzaga destacó que los artículos que ``definitivamente no se deben tocar'' en una reforma a la LFT son los relativos a la estabilidad en el empleo; establecer las causales justificadas para despedir a un trabajador y la obligación del patrón de reinstalar a un empleado, cuando así lo dicte el tribunal laboral.

En tanto, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados informó que los foros de consulta sobre el tema se iniciarán en la ciudad de México a partir del 11 de junio próximo, en los que se expondrá el análisis de trabajadores, empresarios, legisladores, abogados e investigadores. Asimismo, solicitarán una comparecencia del secretario del Trabajo, único funcionario sin acudir ante los legisladores.

Rosalío Hernández dijo que la primera consulta será en el Distrito Federal, Morelos, estado de México, Puebla, Guerrero y Michoacán, y se espera la participación de las federaciones y confederaciones nacionales, sindicatos de industria, representantes empresariales y legisladores.

Antonio Vázquez S. Ť Bajo la premisa de que toda enmienda a la Ley Federal del Trabajo (LFT) deberá partir de las iniciativas consensadas entre los factores de la producción, y con la advertencia a los partidos políticos de que ``no politicen este asunto porque se detendría la generación de empleos y seríamos más vulnerables a los cambios de competitividad internacional'', el sector privado avaló el pronunciamiento hecho por el nuevo secretario del Trabajo, José Antonio González Fernández, quien admitió que la actual legislación cumplió ya su ciclo y por lo tanto necesita renovarse.

Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) y Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), entregaron a La Jornada un documento en el que se resumen las propuestas concretas de la cúpula patronal en torno a una nueva ley laboral. Entre éstas destacan: flexibilización en la contratación colectiva; otorgar mayores estímulos fiscales a las empresas generadoras de empleos; agilizar la impartición de justicia en las juntas de Conciliación y Arbitraje; otorgar más atención a temas relacionados con la educación y la capacitación de los trabajadores, y respetar en todo momento las conquistas históricas de éstos.

En este sentido, el presidente de la Canacintra, Vicente Yáñez Solloa, advirtió que la legislación laboral de México no puede quedarse estancada por asuntos político-electorales. Comentó que los avances en las mesas de trabajo de la nueva cultura laboral van ``muy adelantados'' en cuanto a lo que se debe y se puede enmendar en la ley actual.

``El único problema que enfrentamos es que este asunto se nos vaya a politizar demasiado y volvamos a caer en esta maraña. Hasta ahora vamos bien, hemos tendido puentes. Hay voluntad de los sectores en reconocer errores y aportar soluciones. Sin embargo, aún hay muchos intereses por fuera que se resisten al cambio. Hay quienes quieren opinar antes de que se logren consensos básicos'', comentó

--¿Sabe quién o quiénes son?

--Pues desde luego, los partidos políticos. Hay gente que quiere jalar agua para sus molinos con fines eminentemente electorales y partidistas, y otra vez volvemos a lo mismo. No es justo que la sociedad se convierta en rehén político de nadie.

--¿Cuáles serían los riesgos en caso de no avanzar en la nueva cultura laboral y en una eventual reforma a la LFT?

--De entrada, no se generarán los empleos que necesita el país o menos de los que deben generarse. Perderíamos un importante nivel de competitividad ante nuestros socios comerciales y desde luego tardaría aún más tiempo la recuperación del poder adquisitivo. Definitivamente, lo que hace falta es que el Legislativo asuma una postura de más eficiencia. Que la sociedad les exija que cumplan, pues no se vale que haya un cuerpo legislativo que no avance a la misma velocidad que lo hace la sociedad. Nuestra demanda, muy en concreto, es que los legisladores cumplan con responsabilidad y eficiencia.

La advertencia del presidente de Canacintra fue más allá: ``Si no avanzamos en la revisión de la LFT por ambiciones político-electorales de los legisladores, o por negligencia de algunos grupos, los responsabilizo a ellos de hacernos más vulnerables ante cualquier eventualidad financiera que pudiera ocurrir en los próximos tres años''.

Propuesta de ocho puntos

Por separado, el sector privado propuso ocho puntos básicos para modificar la actual Ley Federal del Trabajo.

En primer término, propone a la representación obrera admitir que la evolución de las economías nacionales en un entorno global, así como los cambios estructurales que han experimentado los países como resultado del acelerado desarrollo de comercio mundial y del intercambio tecnológico, han incidido en el medio ambiente laboral tanto en las formas de organización de la productividad como en las relaciones laborales al interior de cada centro de trabajo, y han propiciado la adecuación laboral del marco normativo con objeto de lograr flexibilidad y obtener mayor eficacia en los procesos que van surgiendo con motivo de los cambios tecnológicos.

En este sentido, propone que la desregulación y la adecuación normativa a las realidades actuales, impulsa a considerar estas condiciones como mecanismos de apoyo en la eliminación de obstáculos que inhiben el desarrollo empresarial, limitan la creación de empleos y afectan de manera particular a las pequeñas y medianas empresas.

Se preservarán derechos, aseguran

Se admite que los derechos de los trabajadores contenidos en la legislación laboral, son resultado de largos años de esfuerzo social. Por ello, agrega, debemos asegurar para el futuro que el proceso de adaptación al cambio haga compatible la preservación de los mismos con las necesidades de mayor eficiencia y productividad en los centros de trabajo.

Por lo que toca a la capacitación y a la educación de los trabajadores, la iniciativa privada reconoce que estos temas constituyen una parte medular en los esfuerzos por alcanzar un México más justo. La evolución positiva de las relaciones laborales las constituye el valor de la capacitación y la cultura de la productividad. Sólo así el trabajador podrá aportar su fuerza de trabajo y su capacidad para la resolución de problemas.

Los últimos cuatro puntos de la propuesta del sector privado prevén flexibilizar la contratación colectiva como posibilidad para dar una respuesta más ágil y versátil ante la necesidad de creación de empleos, que se origina de manera especial en la presión demográfica.

Finalmente, se menciona la necesidad de agilizar la impartición de justicia en las juntas de Conciliación y Arbitraje; avanzar en la desregulación que facilite y apoye la creación de empresas eliminando así formalidades y cargas administrativas inconvenientes y, lo más importante, que cualquier resolución que se adopte para enmendar o mejorar la actual Ley Federal del Trabajo, surja de un amplio consenso entre todos los factores que integran la producción.