El anuncio formulado ayer por los Departamentos de Justicia y del Tesoro de Estados Unidos en torno a una investigación de lavado de dinero, en el curso de la cual fueron arrestados 22 funcionarios de 12 bancos mexicanos y se presentaron acusaciones contra Bancomer, Confía y Banca Serfin, pone de manifiesto diversas circunstancias graves y lesivas para el país.

En primer lugar, esta acción judicial estadunidense, sin precedentes por su extensión, por su duración y por sus implicaciones, pone en evidencia un involucramiento de importantes porciones del sistema financiero mexicano con los cárteles internacionales del narcotráfico. Ello constituye un golpe demoledor para la credibilidad de la banca privada nacional, la cual está lastrada, además, por procesos de privatización dudosos, por prácticas usureras y agiotistas, y por la notoria impericia e ineficiencia con la que ha sido administrada por sus propietarios.

Otra faceta por demás preocupante del hecho comentado es que las autoridades estadunidenses hayan concebido y realizado la investigación en solitario, sin avisar a sus contrapartes mexicanas de un asunto tan serio, pese a la insistencia con que los gobiernos de ambos países se han referido al marco de ``cooperación'' que priva en las entidades y en las políticas de Estados Unidos y México para combatir el narcotráfico y los delitos relacionados. En el caso de la pesquisa referida, la completa marginación de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Salud evidencia la desconfianza que los policías del país vecino sienten hacia sus colegas mexicanos.

Uno y otro asuntos colocan a nuestro país en una situación por demás vulnerable, tanto en lo económico y lo financiero como en el terreno de las relaciones bilaterales con la potencia del Norte.

En efecto, las acusaciones formales contra Bancomer, Serfín y Banca Confía, además de las acciones emprendidas por la Junta de la Reserva Federal contra las empresas mencionadas más Bital, Banamex, y Banco Santander, provocan un severo descrédito internacional al conjunto del sistema financiero mexicano, lo que, a su vez, se expresa en una posición nacional débil y precaria en el contexto de la economía globalizada y de la disputa mundial por capitales e inversiones.

Por otra parte, el hecho de que la recién descubierta red de lavado de dinero haya operado, durante años, sin que PGR, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hayan sido capaces de intervenir, plantea graves interrogantes en torno a la capacidad del Estado mexicano para combatir a las mafias del narcotráfico y a los negocios periféricos generados por éstas.

En otro sentido, no puede pasar inadvertido el hecho de que en la investigación denominada Operación Casablanca no se hayan formulado acusaciones contra ningún ciudadano estadunidense. Se trata de un dato peculiar, toda vez que en las sucursales de bancos mexicanos en Estados Unidos laboran muchos ciudadanos de ese país. Por ello, y sin desconocer la gravedad de las imputaciones anunciadas ayer ni de las actividades delictivas presuntamente cometidas, cabe preguntarse si no hay, tras la Operación Casablanca, un elemento de presión política contra nuestro país.

Finalmente, el episodio --que seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos días y semanas-- debiera llevar a la sociedad y a las autoridades a reflexionar sobre la imperiosa necesidad de revisar la dudosa eficacia de las corporaciones encargadas de la procuración de justicia y del combate al narcotráfico en nuestro país, así como a emprender una investigación exhaustiva y a fondo del funcionamiento de la banca privada, empezando por los procesos de desincorporación que le dieron origen en el sexenio pasado.