Fobaproa, en el ojo del huracán

¿Cómo no habríamos de ser suspicaces en torno a que más de un crédito otorgado a empresas y personas solventes cayeron en cartera vencida como producto de un acuerdo entre banqueros y sus clientes, a la vista de lo que sucedió en Confía, por citar un caso?

Veamos hacia atrás, en este caso particular, para entender el contexto general: en los meses previos al anuncio de intervención general de Confía --cuando estaba en sus mejores momentos la técnicamente llamada asunción de pasivos vía compra de cartera vencida, es decir, la compra por el gobierno de las deudas que pudieron o quisieron cobrar los bancos--, Raúl Monter, directivo responsable del manejo de Confía, y a la sazón dirigente estatal del PAN unos años antes, ofreció a algunos de sus clientes que invirtieron en operaciones costa fuera (las conocidas off shore) que el gobierno les devolvería sus recursos una vez reconocida la insolvencia del banco.

Cierto que en la forma lo que ocurrió son dos cosas distintas: un punto es que el gobierno haya comprado los adeudos argumentando que con ello se salvaba la viabilidad de sistema financiero, y otra que se hayan intervenido bancos ante la descapitalización natural de esas instituciones por mala administración y el saqueo en que incurrieron muchos banqueros, pero en el fondo yacen actitudes que, de manera repetida, pudieron ser dolosas, similares a las asumidas por Raúl Monter, el otrora distinguido líder partidista y respetado banquero, hoy prófugo de la justicia, escondido en alguna parte del mundo.

Esta es la razón por la que ahora se demanda entre algunos legisladores analizar de manera puntual y abierta qué tipo de cartera --incluidos los montos y posibles beneficiarios-- adquirió Fabaproa, porque en el fondo no podría dudarse que muchos banqueros y empresarios deudores (solventes, por supuesto) ganaron en esa jugada.

No debe desconocerse que la crisis de 1994 golpeó sin misericordia a grandes corporativos: Grupo Sidek (uno de los consentidos del salinismo) es uno de los ejemplos de empresa altamente endeudada que terminó envuelta y acabada por sus altos niveles de apalancamiento, incluso hasta provocar que sus dueños, los hermanos Martínez Huitrón, tuvieran que salir del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, el exclusivo club de los ricos del país.

El punto es que se debe, y sin duda se puede, aclarar qué es lo que el gobierno, con recursos públicos, está rescatando para convertirlo en deuda pública, o digamos de otra manera, lo que los mexicanos en su conjunto tendremos que pagar en los próximos años.

Desde ninguna perspectiva es justificable que, por un lado, los platos rotos sean cubiertos sin saber qué contenían y menos aún que todavía se estén realizando altas erogaciones para dejar limpios los bancos y poder entregarlos a grupos financieros que pagarán cantidades menores, como es justamente el caso de Confía, que es ya formalmente propiedad de Citibank, aunque las decisiones estén siendo adoptadas desde hace ocho meses por ejecutivos de ese corporativo estadunidense.

El asunto tiene muchas aristas, y a lo largo de la semana pasada importantes funcionarios del gobierno mexicano externaron sus preocupaciones por destrabar el asunto del Fobaproa. El secretario de Hacienda, José Angel Gurría, llamó a no politizar el asunto (lo cual es imposible, porque a nadie le gustaría pagar los derroches e ineptitudes de otros), y el secretario de Gobernación, Francisco Labastida, habría reconocido el temor de que estalle una crisis financiera de graves consecuencias si no se aprueban las reformas de operación del Fobaproa.

De origen, lo que estaría poniendo en problemas la discusión es que, ya sea deliberadamente o por premura, la Secretaría de Hacienda integró un paquete financiero en el que se articulan muchos aspectos que son dignos de un análisis meticuloso. Lo mismo incluyen los cambios en la estructura del Banco de México y pasar a deuda pública los pasivos de Fobaproa, que posibilitar la inversión a 100 por ciento de los bancos extranjeros, o establecer nuevas reglas para el otorgamiento de créditos, entre otros.

La crisis financiera que se pudiera derivar de aletargar la discusión y aprobación de reformas tendrá como responsables a quienes integraron un paquete demasiado lleno de asuntos, y no a un Legislativo al cual se le ha puesto una cartera demasiado cargada de temas que, si bien pueden ser conexos, requieren un adecuado tratamiento.

Por principio, la negociación con el Legislativo debería ir en el sentido de disgregar del paquete financiero lo prioritario. Los tiempos de legislar al vapor en grandes paquetes, que lo mismo podían ser analizados o no, ya terminaron. Si el propósito es confundir, el riesgo puede ser mayor. Ya se vio en un caso simple: cuando, en medio de la vorágine, los legisladores aprobaron un alza al impuesto de bebidas alcohólicas, cuya propuesta de aumento iba en medio de otros tantos asuntos. Estas sí son malas señales para la inversión.

Melée

Cuando José Antonio González Fernández llegó a la dirección del ISSSTE se aseguró que le tocaría la difícil tarea de avanzar en la reforma del sistema de pensiones de esa institución. Pues bueno, ya se fue y ahora se dice lo mismo para Socorro Díaz Palacios. Ahora se menciona que González Fernández deberá enfrentar los cambios a la Ley Federal del Trabajo. Veremos... Mal comienzo tuvieron los foros de consulta nacional sobre seguridad social. Ya desde su convocatoria que tenía un claro sentido político de sentar bases para echar atrás cambios en la actual Ley del Seguro Social, se preveían barruntos de tormenta, o negros nubarrones, como hoy se dice en los altos círculos del gabinete. En Monterrey, durante el primero de cinco foros que se efectuarán en igual número de ciudades del país, los priístas boicotearon la realización de sesiones en mesas de trabajo, como diciendo ``a ver qué se siente...'', porque debe recordarse que la iniciativa de estos foros surge de legisladores perredistas.

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