Una inusitada presión ciudadana ejercida en Morelos terminó por restarle eficiencia al gobierno y obligó al titular del Ejecutivo a presentar su renuncia. El procedimiento para nombrar al sustituto pasa por el Congreso local, y aquí nos encontramos con un formato totalmente inédito: ninguna de las fuerzas políticas centrales puede quedar excluida del arreglo. Todas se necesitan. Hay un singular empate. De 30 diputados que componen el congreso, doce son del PRI, doce del PRD, cinco del PAN, y uno del partido local Cívico Morelense. Para que exista quórum es necesaria la presencia de al menos 20 legisladores.
Tal exigencia formal para la negociación, al momento de escribir estas líneas, no se ha visto acompañada de propuestas exitosas. Y si buscamos experiencias anteriores, efectivamente no hay precedentes que orienten. Pero hay al menos tres lecciones que se pueden extraer de la crisis en Morelos.
Por un lado, si bien el formato de negociaciones es inédito, hay que decir que el pluralismo del Poder Legislativo es una realidad cada vez más extendida. En ese sentido no deja de llamar la atención que la decisión de presentar la renuncia del gobernador no haya estado acompañada de una operación política más amplia que perfilara sin conflictos al sustituto. Lo visto hasta ahora, es que no hubo acuerdos o compromisos claros que acotaran la acción de los actores políticos.
Desatada la negociación, se desataron las pasiones.
Por otro lado, y eso ha quedado en evidencia en estos días, no basta con llegar al consenso en torno al nombre del nuevo gobernador, es necesario normar las nuevas reglas de relación política. Dada la nueva centralidad del Legislativo local, de poco serviría consensar un nombre si la convivencia entre poderes siguiera marcada por la desconfianza. De esa manera sería, ya no la presión ciudadana, sino la trabazón del Legislativo lo que le restaría eficacia a la nueva acción gubernamental. La parálisis mutua no debe ser el resultado fatal de la relación entre poderes.
Finalmente, si aún no se pone de acuerdo el Congreso local en la designación del gobernador sustituto, estará incurriendo en el riesgo de que el empanamiento de las negociaciones termine por conducir a la entidad a un retroceso político mayor. La amenaza que se cierne de considerar la desaparición de poderes en el estado como una posible ruta de salida, terminaría echando por la borda lo logrado en materia de equilibrio de poderes, y habría un borrón y cuenta nueva.
Ojalá la crisis no se prolongue de manera innecesaria, y los actores muestren no sólo la flexibilidad necesaria para negociar el nombre del gobernador sustituto, sino sobre todo exhiban alcance de miras y consigan también nuevas reglas que den cauce y certidumbre a la pluralidad política morelense.