ONU: policías, implicados en la explotación sexual infantil en México

Angeles Cruz Ť La explotación sexual comercial que sufren muchos niños es evidente en México, al igual que la participación de integrantes de las policías preventiva y Judicial en el incremento del problema. En la lucha contra este problema, que afecta la integridad y el desarrollo de la infancia, no hay coordinación de estrategias gubernamentales, además de que la mayoría son ineficaces, indica el informe sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de menores en la pornografía, realizado por Ofelia Calcetas-Santos, relatora especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En el reporte de su visita a México, realizada en noviembre de 1997, Calcetas-Santos afirma que los principales motivos de que los niños caigan en situaciones de explotación sexual-comercial tienen que ver con la pobreza, emigración, desintegración de la familia y devaluación de los valores sociales y morales. Un elemento todavía más grave y definitivo en la incidencia del fenómeno lo constituye la violencia dentro de la familia, que favorece el aumento en la cantidad de menores que escapan de casa y de niños de la calle.

La relatora de la ONU destacó en el documento de 50 páginas, el hermetismo de los representantes de la Secretaría de Turismo, de Migración y de Aduanas en los estados, quienes negaron la existencia de la prostitución infantil, a pesar de que ella misma pudo comprobar que en calles del puerto de Veracruz, Jalapa, Distrito Federal, Cancún, Tijuana y Ciudad Juárez los niños ofrecen sus servicios a los turistas y están expuestos a ser víctimas de agresiones.

Sobresale el caso de Tijuana, donde la relatora pudo observar que la cantidad de niños dedicados a vender servicios sexuales es similar a la del Distrito Federal, a pesar de que en la capital hay 20 millones de habitantes y en la ciudad fronteriza viven apenas 2 millones.

De manera particular, Calcetas-Santos se refiere a la enorme disparidad en las leyes de los estados y su falta de concordancia con los ordenamientos internacionales en la materia. Es de importancia primordial, apuntó, que se inicie el examen de las legislaciones locales para armonizarlas con la Convención sobre los Derechos del Niño.

El recorrido nocturno

A petición del gobierno mexicano, la relatora estuvo en el país del 10 al 21 de noviembre de 1997, para conocer de primera mano el problema de la explotación sexual-comercial de los niños. Durante su estancia realizó actividades por la noche, en las calles, bares y clubes nocturnos, lo cual le permitió observar claramente el problema y concluyó que su combate requiere de voluntad política de las autoridades.

Sobre este último punto, Calcetas-Santos señala en su informe que el gobierno de México ``se da perfecta cuenta de lo apremiante que es la acción contra la explotación sexual-comercial de los niños. No obstante, aunque es patente la voluntad política de enfrentarse al problema, no parecen existir todavía estrategias concretas a escala nacional. Los mecanismos de respuesta se basan en gran medida en el interés y la dedicación de quienes ocupan cargos de responsabilidad. En la mayoría de los lugares las estrategias son ineficaces y carecen de coordinación''.

Como resultado de sus visitas a Cancún y el Distrito Federal, pudo constatar que en la primera ciudad los funcionarios del DIF evidentemente trabajan a diario en la calle directamente con los niños y conocen a fondo el alcance de los problemas de su estado. Por el contrario, en la capital del país ``no se apreció la misma dedicación''. Aquí el personal del DIF ``está muy alejado del menor y sus problemas y se dedica sobre todo a cuestiones políticas''.

Calcetas-Santos consideró que en todo momento debiera mantenerse el contacto estrecho con el ``cliente más importante: el niño''. Al mismo tiempo, destacó la buena disposición que tuvo el DIF en todos los lugares que visitó para conocer el problema de la explotación sexual infantil. Lo que defraudó a la relatora fue la ``actitud defensiva y hermética de la mayor parte de los funcionarios de Turismo, Migración y Aduanas, que parecen todavía hallarse en la fase de negar el problema, lo que es de lamentar, especialmente en las zonas turísticas y fronterizas''.

Respecto al sistema de justicia penal, la relatora reconoce las acciones que en materia de protección jurídica desarrollan las Procuradurías de Justicia en los estados. Sin embargo, apunta, ``debe prestarse especial atención a la sensibilización de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley''. En sus recorridos por las ciudades mexicanas, Calcetas-Santos tuvo conocimiento de la supuesta implicación de algunos agentes en el abuso de menores, directamente o en complicidad con otros, lo cual exige medidas urgentes para evitarlo.

Otro hecho que destaca el texto es la poca cantidad de denuncias penales sobre explotación sexual infantil, lo cual puede atribuirse a la escasa concientización de la policía y del público en general.

Falta información estadística sobre el fenómeno

En cuanto al trabajo que desarrollan los organismos no gubernamentales (ONG), el reporte de la diplomática destaca su empeño por combatir los abusos en contra de la infancia, pero dice que se requiere optimizar el uso de los recursos mediante una mejor coordinación y cooperación con el Estado y otras organizaciones sociales. ``A menudo la escasa coordinación que puede existir es meramente esporádica y para casos concretos, lo que deja necesariamente muchos vacíos sin atender'', señala.

En el apartado de las conclusiones, el documento entregado al DIF en días pasados indica que la falta de información estadística y datos sobre el alcance de la explotación sexual comercial de los menores no debe servir de excusa para no aplicar medidas de prevención e intervención, puesto que es evidente la existencia del problema en los lugares visitados.

Calcetas-Santos recomienda al gobierno que se fortalezca el papel del DIF en la protección del menor, mediante programas institucionalizados y uniformes para la erradicación de la violencia intrafamiliar y el abuso sexual. Asimismo, que se dé atención urgente al consumo de drogas y que se involucre al sector privado en la protección y reinserción del menor víctima.

En el caso de las zonas fronterizas, mencionó la necesidad de iniciar o fortalecer la cooperación entre los funcionarios de ambos lados de la frontera; sensibilizar y capacitar a la policía de esa zona, de servicios de Aduanas y de Migración, en cuanto a la vulnerabilidad del niño, así como a los funcionarios consulares de México en Estados Unidos sobre el trato y manera de entrevistar a los menores migrantes.

Por otra parte, Calcetas-Santos recomienda que la Fundación de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ``en el marco de su mandato en relación con los niños en situaciones especialmente difíciles, inicie y financie proyectos que respondan específicamente a las necesidades de los niños víctimas de la explotación sexual comercial''.