El combate antinarcóticos corresponde más a las autoridades civiles, consideró el zar
Notimex, San Antonio, 17 de mayo Ť El jefe de la oficina antidrogas de la Casa Blanca, Barry McCaffrey, afirmó hoy que Estados Unidos debe utilizar la tecnología militar en vez de tropas para reforzar la vigilancia de la frontera sur contra el tráfico de estupefacientes.
El funcionario consideró que incrementar el uso de la tecnología, en vez de militarizar la frontera con soldados de infantería, será una herramienta clave en un esfuerzo combinado México-Estados Unidos para combatir el narcotráfico. ``Los militares deberán proveer apoyo en las formas que sean legales y políticamente aceptables por la gente'', dijo el también general retirado al periódico San Antonio Express'News.
McCaffrey fue consultado sobre el incidente en que el estudiante Ezequiel Hernández, de 18 años, fue muerto al dispararle un soldado estadunidense que colaboraba en la vigilancia de la frontera cerca de la comunidad de Redford, Texas, el 20 de mayo de 1997.
Los militares aseguran que el adolescente abrió fuego en dos ocasiones contra una patrulla de infantes de marina y que se disponía a realizar un tercer disparo cuando el jefe de la unidad respondió con su arma.
McCaffrey, director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, calificó el incidente de ``terrible tragedia'' que levantó considerables cuestionamientos en Estados Unidos sobre el uso de tropas en el combate a las drogas.
El funcionario, que la víspera visitó San Antonio, Texas, para pronunciar un mensaje en la escuela de leyes de la Universidad Est. Mary, dijo que la protección de los estadunidenses de la amenaza de las drogas corresponde a las autoridades federales y estatales.
``No necesitamos tomar un batallón de tanques, desmontarlo y ponerlo luego en la frontera con sus habilidades de combate'', dijo y reiteró que la ``solución'' es la presencia de policías.
Grupos de derechos humanos anunciaron la semana pasada que el próximo miércoles realizarán manifestaciones y protestas contra la presencia militar estadunidense en la frontera con México para conmemorar el primer aniversario de la muerte de Hernández.
Este incidente intensificó en Estados Unidos el debate sobre lo que llaman ``militarización'' de la frontera.
Grupos de activistas en favor de los derechos civiles y de los inmigrantes tomaron como base el percance para conformar un movimiento en contra de la ``militarización'' de la zona y exigir un castigo contra el autor de la muerte del estudiante.
Los activistas pidieron poco después del incidente el desmantelamiento de la Fuerza de Tarea Conjunta 6 (JTF-6), el organismo castrense con sede en la ciudad texana de El Paso que está encargado de coordinar las acciones militares en la frontera.
El Pentágono suspendió el uso de patrullas militares en la frontera y el Departamento de Justicia inició una investigación sobre la posible violación de derechos civiles en Redford.
A finales de 1997, el soldado responsable de la muerte de Hernández, Clemente Bañuelos, fue exonerado por un ``gran jurado'' del condado de Marfa en el oeste de Texas.
Ese jurado decidió no presentar cargos de homicidio en contra de Bañuelos, aunque el Departamento de Justicia mantiene abierta una investigación del caso.
La presencia militar en la frontera con México fue reanudada en enero pasado cuando en una nueva operación coordinada por la JTF-6 un batallón de soldados comenzó a construir caminos para la circulación de los vehículos de la Patrulla Fronteriza en las cercanías de Laredo, Texas.
Esta vez, sin embargo, los soldados fueron enviados sin portar armas. Una operación similar a la de Laredo concluyó el mes pasado en la comunidad fronteriza de Guadalupe, en el oeste de Texas.