El caso de Carrillo Olea muestra que no basta llegar a los cargos públicos, que no es suficiente con triunfar en las elecciones, sino que hay que ganarse con hechos cotidianos la legitimidad que sólo da la confianza de los ciudadanos. También muestra la urgencia de que en el PRI aprendamos de estas situaciones y modifiquemos de raíz nuestras actitudes y posturas ante los errores cometidos por nuestros correligionarios.

Este caso también demuestra que el único capital político que cuenta es el que da la credibilidad. Cuando ésta se pierde, se pierde todo.

Además de los problemas propios de su estado, Carrillo Olea enfrentó situaciones graves en materia de seguridad pública. Secuestros, asesinatos y asaltos se han convertido, por desgracia, en el pan de todos los días de los mexicanos. Pero en el caso de Morelos, al igual que en otros puntos de la República, los niveles resultan intolerables para los ciudadanos.

Es claro que, en este sentido, la inseguridad pública por sí misma tal vez no sea motivo suficiente para obligar a un gobernador o a un funcionario a abandonar su cargo. Si este fuera el caso, varios gobernadores y otros funcionarios públicos hace mucho se hubieran separado de sus cargos. En el caso particular de Morelos se aderezó con la complicidad probada de importantes funcionarios encargados de combatir el crimen. Hay pocas cosas más intolerables para una sociedad que a la pesada carga de la delincuencia se agregue la prueba irrefutable de la complicidad de aquellos que están, supuestamente, encargados de su combate.

Adicionalmente, se han multiplicado las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidos por funcionarios policiacos de aquella entidad.

Los señalamientos de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos no dejaron lugar a duda de la gravedad de esta situación.

Las acusaciones se fueron acumulando prácticamente desde el principio del mandato del gobernador Carrillo Olea. Inclusive el caso alcanzó notoriedad internacional gracias a los reportajes de un grupo de colaboradores del New York Times, mismos que a la postre recibirían el prestigiado premio Pulitzer precisamente por esa serie de indagaciones. También los conocidos paseos de Amado Carrillo por el estado, sin que aparentemente nadie se diera cuenta, llamaron la atención de autoridades nacionales y extranjeras, así como la de los medios de comunicación.

En este contexto, ya no hay forma de salir bien librado. Si Carrillo Olea sabía o sospechaba de las andanzas de parte del personal a sus órdenes, resulta cómplice. Si no sabía de todas las truculencias y complicidades que se tenían con el crimen organizado, entonces estamos ante un funcionario incapaz y hasta irresponsable.

La inseguridad pública y la forma en que se manejaron varios asuntos estaban sometidos a la desaprobación popular. Prueba de ello fue el resultado de las elecciones en las cuales el PRI perdió la mayoría en el Congreso local, además de varios municipios considerados importantes.

En respuesta a todo este escenario, una y otra vez se desdeñó lo delicado de la situación. Una y otra vez se señaló que todo se reducía a una hábil confabulación de medios y partidos de oposición en contra del gobernador. No extraña esta respuesta en quien no supo o no quiso ver cómo se tejían complicadas alianzas con el crimen organizado o cómo éste iba creciendo.

Sin embargo, ante todas las evidencias acumuladas, la pregunta es por qué el PRI nacional y estatal se negó a asumir los hechos y cerrando los ojos se empeñó en la absurda lógica de defender lo indefendible.

En estos momentos, asistimos a los pataleos de un gobierno moribundo que se niega a irse con una mínima aceptación de culpa alguna. Los últimos pataleos sin gracia que no sólo dañan a la vida institucional de aquella entidad, sino también la imagen de nuestro partido que una vez más aparece como el defensor de la sinrazón hecha gobierno.

La realidad de todos los días nos ha demostrado que los agravios quedan en la memoria de los ciudadanos y que los agraviados saben aguardar con paciencia la hora de pasar las facturas.

Esto nos obliga a los priístas a ser los primeros en investigar y dar respuesta a los señalamientos en contra de nuestros correligionarios y a ser los primeros en protestar ante el abuso, la insensibilidad o la irresponsabilidad en las tareas públicas, provengan de quien provengan.

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