A raíz de la revisión de las reformas bancarias por el Congreso, se ha desatado un debate acerca del futuro papel de la banca extranjera en México. La discusión tiene importancia por varias razones, ya que revela diferencias no sólo sobre la futura estructura bancaria, sino también con respecto al grado de compatibilidad entre nacionalismo económico y globalización.

Para nadie es un secreto que a lo largo de 60 años --desde 1930 hasta 1990-- el nacionalismo económico fue dominante en el sector de la banca comercial en México. De hecho, durante este largo periodo no se autorizó el funcionamiento de bancos comerciales extranjeros en el país, con la única excepción del Citibank, el cual operaba con muy pocas oficinas. Desde 1990, en cambio, comenzó una expansión progresiva de los bancos extranjeros en el país, acelerándose a partir de la crisis de 1995, impulsada fundamentalmente por bancos españoles, canadienses y estadunidenses. Si los bancos extranjeros ofrecen mejores servicios, ello puede redundar en una mejoría del sistema bancario en su conjunto, pues no cabe duda de que la competencia de las entidades internacionales podría aportar ventajas frente a la calamitosa actuación de los neobanqueros nacionales en los años de 1990-94.

Sin embargo, algunas voces han clamado que existe el peligro de que alguno de los bancos extranjeros pudiese llegar a ocupar posiciones muy fuertes o inclusive oligopolistas. Para evitar este problema existen diferentes tipos de legislación; la más liberal es la de la Comunidad Europea, donde se permite la competencia abierta entre bancos de todas las nacionalidades. Ello contrasta con la situación en América del Norte. En Canadá, por ejemplo, la legislación estipula la prohibición de que un solo banco extranjero controle más de cinco por ciento del total de los activos del sistema bancario nacional. Pero el modelo canadiense posiblemente sea demasiado rígido para aplicarse a rajatabla en México.

En todo caso, puede resultar contraproducente que los legisladores se limiten a defender los intereses de algunos grupos financieros nacionales que no han demostrado ser competentes. Más bien, lo que exige la sociedad es mayor eficiencia, amplitud y equidad en los servicios bancarios. Es claro, por ejemplo, que la banca mexicana requiere una mejor atención al cliente común y corriente, muy mal tratado tradicionalmente. Asimismo, sería importante que los bancos dejaran de darles una prioridad casi exclusiva a las grandes empresas y clientes y prestaran mayor atención a la necesidad de ofrecer crédito a las pequeñas empresas y empresarios que actualmente carecen de ese apoyo. Sin disponibilidad de crédito es imposible que la mayoría de la empresas mexicanas crezcan y mejoren las condiciones salariales. Estos son los reclamos que los legisladores deben tener en cuenta al plantearse una verdadera reforma del sistema bancario, que está compuesto por un conjunto de bancos nacionales y extranjeros que ya han demostrado que pueden convivir. Lo fundamental no es, por lo tanto, el regreso a un nacionalismo económico cerrado sino una mayor democracia y equidad en el ejercicio del poder económico.