Numerosos diputados federales, que podrían ser la mayoría si nos atenemos a los indicios publicados, se han opuesto a la propuesta gubernamental de convertir las deudas en manos del Fobaproa en deuda pública. Este ``Fondo Bancario de Protección al Ahorro'' se creó para el rescate de los bancos, y si los adeudos a los mismos que adoptó se convierten en deuda pública, será el público el que pague los platos rotos.
Autoridades hacendarias han dicho que, con esos miles de millones de dólares, no se rescató a los bancos o a los banqueros sino al sistema financiero del país. Pero esto pudo haberse hecho, por lo menos, en dos formas muy distintas. Una de estas formas era prestar a las empresas y personas deudoras a largo plazo y tasas de interés bajas, para que unas y otras pudieran pagar al banco, reanudar sus actividades económicas y generar lo necesario para subsistir y pagar el préstamo. Esto hubiera dejado a los bancos limpios de deudas y a los banqueros sin el problema de la llamada ``cartera vencida'', y hubiera reactivado la economía del país en poco tiempo.
Sin embargo, a quienes se les prestó en condiciones privilegiadas fue a los bancos, para que éstos renegociaran los pagos con los deudores y les cobraran intereses un poco más bajos, pero siempre suficientemente altos como para que el problema no se haya resuelto en años. El rigor con el que se ha cortado presupuesto al gasto de empresas estratégicas e instituciones sociales, contrasta con el trato amable a los banqueros al facilitarles en un primer momento 14 mil millones de dólares, y luego bastante más. El argumento que daban funcionarios y banqueros era que no se debía tolerar la ``cultura del no--pago'', y se implicaba con ello que algún castigo debían recibir los deudores que no pagaron a tiempo sus deudas, para que ``no lo volvieran a hacer''.
Cuando en la historia nacional y mundial se adoptaron este tipo de medidas, y que funcionaron para salir de las crisis. Siempre quedó claro que se trataba de medidas de excepción y que no se iban a estar repitiendo. Pero el hecho es que miles de empresas, decenas de miles de endeudados con el crédito del coche o de la casa, y cientos de miles de usuarios de tarjetas de crédito, que habían pagado durante años, dejaron de pagar por una razón económica y no cultural o ideológica. Dejaron de pagar porque no tenían con qué hacerlo, en un momento en que las tasas de interés se dispararon al extremo, a raíz de las devaluaciones de 1994--1995. Quien había estado pagando abonos por el coche por mil 500 pesos al mes, se encontró con que en pocos meses ya debía pagar 3 mil500 pesos mensuales, y así sucedía con los pagos del departamento en condominio, de la empresa que había contratado crédito para inversión o compra de materiales, y simplemente para quien pagaba los abonos de su tarjeta de crédito y de repente vio cómo sus pagos se iban a más del doble que antes. Esto, cuando no se trataba de empresas al borde de la quiebra que, con esto, acabaron de quebrar, o de personas que habían perdido su trabajo y por tanto su fuente de ingresos.
No fue, pues, un repentino acceso cultural el que motivó el crecimiento acelerado de la ``cartera vencida'', de los adeudos no pagados, o no pagados a tiempo. Y el hecho es que el dinero del Fobaproa se entregó a los banqueros y, como la deuda no se cancelaba, los bancos se vieron en problemas crecientes; varios quebraron o fueron absorbidos por otros, y esto se vio agravado por actitudes y acciones de varios banqueros que llegaron al punto en que fueron procesados, encarcelados y/o perseguidos por orden judicial.
Sobre estos y otros antecedentes, se dio el caso de que el Poder Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa legal con el propósito de que las deudas que el Fobaproa absorbió de los bancos se convirtieran en deuda pública, o sea, del país como tal, lo que ha despertado ya tanta resistencia. Es pronto para saber el alcance de las modificaciones que las Cámaras de Diputados y Senadores hagan a la iniciativa, pero sí está claro que este accidentado y desafortunado proceso que se abrió desde la privatización de los bancos, pero que se profundizó con las devaluaciones de principios del actual sexenio, ya ha costado bastante al país como para que además se le carguen los cuantiosos recursos de deudas vencidas que, con menos dinero que el que se entregó a los bancos, pudieron haberse pagado, reactivando además la economía.