Plantea el gobierno capitalino indagar a todo funcionario que actuó en el 68

El gobierno del Distrito Federal, al salir en defensa del general Héctor Careaga Entrambasaguas, subsecretario de Seguridad Pública, afirmó que los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 deben ser investigados principalmente por la comisión especial sobre el tema de la Cámara de Diputados, para determinar las responsabilidades de los protagonistas de aquel suceso.

Así, la versión respalda las declaraciones de Cuauhtémoc Cárdenas vertidas horas antes, luego de un acto con locutores, cuando apuntó que, independientemente de lo que en el caso de Careaga Entrambasaguas se decida, los partidos y las instancias legislativas, ``y todos aquéllos que puedan hacerlo'', convoquen a quienes pudieran haber tenido alguna relación con los hechos, ``militares o civiles''.

--¿Se ha planteado ya la renuncia de Careaga? ¿El la ha hecho de su conocimiento? --se le preguntó.

--No, hasta el momento. No sé qué suceda en las próximas horas, pero no hasta este momento.

En un comunicado, luego de advertir que el gobierno de la ciudad, ante los señalamientos de la población, ``ha revisado y revisará cualquiera de sus decisiones'', la autoridad advierte que será, entonces, ``muy importante determinar cuál fue el papel específico que jugaron los miembros del Batallón Olimpia -al que perteneció el ahora general--, así como el de quienes entonces tenían a su cargo las más importantes responsabilidades políticas, administrativas y militares del país''.

Entre ellas, el comunicado enumera a los entonces secretarios de Gobernación, al jefe del Departamento del Distrito Federal y del Estado Mayor Presidencial de la época, así como a jefes, oficiales y tropa del citado Batallón Olimpia y de otros cuerpos militares y/o policíacos presentes en Tlatelolco en aquélla época.

``Lo ocurrido el 2 de octubre de 1968 tomó desde entonces presencia con fuerza en la vida política del país, entre otras razones por la decisión oficial de rodear la masacre con un cinturón de impunidades, que van desde el encarcelamiento en 1968 de los líderes del Consejo Nacional de Huelga hasta el rechazo de las mayorías oficiales en la Cámara de Diputados, hace algunas semanas, para que se declarara el 2 de octubre como Día de Luto Nacional'', agrega el documento oficial.

El gobierno de la ciudad de México, ante la importancia histórica de la fecha, anunció que en fecha próxima enviará a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa para proponer que la fecha de 2 de octubre sea declarada Día de Luto en la capital del país, ``por todos los muertos, sin excepción, en ese día en Tlatelolco''.

Y resaltó que, en el caso particular de la designación del general Careaga, ``se tomó en cuenta su condición de militar retirado, la experiencia en asuntos policiales, y la colaboración que brindara al gobierno federal en el diseño de políticas de lucha contra la corrupción''.

Bertha Teresa Ramírez Ť El diario de debates de la Cámara de Diputados del 20 de diciembre de 1993 denunció a Héctor Careaga Entrambasaguas como integrante del Batallón Olimpia. Desde 1993, diputados del PRD dieron a conocer la lista de más de cien oficiales y jefes del Batallón Olimpia y entre éstos se citó al hoy general Héctor Ricardo Careaga Entrambasaguas, quien ascendió a mayor el 23 de octubre del 1968 por ``actos de valor en Tlatelolco''.

El nombre de Careaga Entrambasaguas causó en ese momento una tormenta al interior de la Cámara baja toda vez que ocupaba el cargo de director de Resguardo y Seguridad de la Cámara de Diputados.

El ex dirigente del movimiento estudiantil Raúl Alvarez Garín, como diputado del PRD en la 55 Legislatura, presentó una inicitiava de ley para modificar el artículo Octavo de la Constitución Mexicana, de manera que toda la información oficial del gobierno sea hecha pública después de un lapso de 25 años, incluida aquella que en su momento se considere de seguridad nacional.

Dicha iniciativa, presentada el 20 de diciembre de 1993 ante el pleno de la 55 Legislatura, permanece hasta la fecha congelada y no ha sido dictaminada. Raúl Alvarez Garín dijo que dicha propuesta de modificación legal tenía el propósito de asegurar que toda la documentación oficial pueda ser examinada para dilucidar la verdad histórica de acontecimientos controvertidos como el de la matanza de Tlateloco. El nombre del general ya había causado revuelo en el año de 1993, ya que en ese momento él ocupaba el cargo de jefe de Seguridad y Resguardo de la Cámara de Diputados; esto fue en diciembre de 1993, pero el militar se mantuvo al frente de la seguridad de la Cámara baja, hasta diciembre de 1994 (periodo en que presidía la Gran Comisión María de los Angeles Moreno).

Los ex dirigentes del movimiento estudiantil de 1968 Gilberto Guevara Niebla y Roberto Escudero Castellanos señalaron ayer que el ``espíritu del 68 es invencible y es grave la insensibilidad del gobierno capitalino al no haber destituido de manera inmediata al actual subsecretario de Seguridad Pública''.

Indicaron que los responsables políticos de la conducción del gobierno de la ciudad tienen que dar explicaciones minuciosas de cómo es que llegó a la SSP el general Careaga Entrambasaguas e insistieron en la remoción del militar, así como de que se den garantías de que no hay otros casos de esa naturaleza''.

Alvarez Garín indicó que ``existe mucho malestar por la situación de grave insensibilidad del gobierno capitalino por la presencia del general Careaga y que el gobierno está dejando crecer el problema que, tarde o temprano, tendrá que resolverse con la dimisión, y entre más se tarde se tome esta determinación será mayor el costo político''.

Reiteraron su postura en el sentido de no aceptar la invitación que se les ha formulado para que se realice un encuentro ``entre protagonistas del movimiento del 68 para conocer los puntos de vista del general Careaga respecto de los sucesos del 2 de octubre en Tlatelolco y reiteraron que las explicaciones que tenga que dar el general, en todo caso debe hacerlas ante una instancia y mediante un procedimiento que les dé rango de pruebas plenas ante procesos judiciales''.