En el declive de la presidencia sexenal, el poder empieza a mostrar el oscuro objeto que se define como la pretensión de garantizar la reproducción de sí mismo. La no reelección histórica de México se convirtió en la sucesión presidencial, en la pervivencia del poder, tal como ha sido hasta ahora desde hace décadas.

El poder mismo, sin embargo, ha cambiado. El Presidente carece de la fuerza de antes, hasta el grado de provocar dudas sobre su capacidad para nombrar libremente, como antes, a su propio sucesor.

Así, el mandatario supremo ya no es lo que fue antes, pero requiere aparentar que lo sigue siendo. Toma, entonces, decisiones políticas cada vez más atropelladas para impresionar con actos fuertes, decisiones inflexibles, arrebatos propios de un gran poderoso.

La aplicación del artículo 33 a observadores que ya se iban, la prohibición de por vida a una parte de éstos para regresar al país, no son hechos más importantes, por ridículos que sean, que el apoyo a los grupos paramilitares en Taniperla y Aguatinta que, con la ayuda del Ejército Mexicano y la policía local, mantienen un estado de sitio y terror.

Zedillo cree que agudizar el conflicto en Chiapas le otorga fuerza y debilita a sus adversarios. En especial, la presencia de extranjeros es, por tradición, poco grata, aunque éstos invadan, por ejemplo, la banca nacional, con la ayuda del mismo Presidente que aplica a otros el artículo 33 de por vida.

El problema es verdaderamente preocupante cuando el jefe del Ejecutivo puede prácticamente tomar cualquier decisión equivocada, después de haber fracasado en todos los temas considerados por él mismo como centrales: justicia y seguridad pública, rebelión en Chiapas, crisis financiera y del gasto público, incremento del ingreso familiar.

El oscuro objeto de las pretensiones presidenciales es recobrar una autoridad perdida; dejar un sucesor, no ser el último de una dinastía. Pero la manera como el Presidente intenta hacerlo puede llevar al país a complicaciones innecesarias.

El tema de las finanzas públicas es un ejemplo de esto: el gobierno ha comprometido garantías públicas sobre la basura financiera de la banca comercial. Esa basura no vale gran cosa, ni siquiera si se le recicla con habilidad. Pero el gasto público ha sido muy afectado: miles de millones se han destinado a rescatar bancos en quiebra para ser entregados a grupos extranjeros. Lo que sigue, sin embargo, será más fuerte: con 25 mil millones de pesos anuales no se podrá más que servir mínimamente el adeudo de Fobaproa, mientras los intereses no pagados --el diferencial inflacionario de la deuda-- no se alcanzará jamás y la obligación del Estado crecerá, de todas maneras, como una bola de nieve que baja de la montaña.

El gasto público mexicano se encuentra en verdaderos problemas, sin que el gobierno presente alguna idea de cómo podrían incrementarse los ingresos: Zedillo dejará, nuevamente, al fisco federal en una situación de extrema debilidad.

Es el momento, por tanto, de pactar un acuerdo opositor para limitarle las uñas al Presidente e impedir que éste continué con la racha de actos tendientes a construir una falsa imagen de sí mismo por cuenta de la República y de la economía del Estado.

El PRD y el PAN deberían discutir globalmente el problema político de México, de tal manera que el Presidente se repliegue. Lo que impide, sin embargo, esta discusión es el temor de que el otro partido se beneficie a partir de los acuerdos, aunque también está presente esa forma de observar los problemas del país como si todo tuviera que girar alrededor de la consecución de las metas electorales de los partidos.

Faltan unos 20 meses para el inicio de las campañas electorales. Es un lapso suficientemente largo como para liberar la acción política y llevarla al terreno de la detención de las ansias presidenciales por garantizar la sucesión.