Al profesor Sergio Valdés Ruvalcaba.
A los compañeros de La Voz de Cerro Hueco.

La incursión militar al ejido Amparo Aguatinta, cabecera del municipio autónomo Tierra y Libertad, y la aprehensión de 53 de sus habitantes el pasado 1o. de mayo -45 de los cuales fueron liberados días más tarde-, nos vino a confirmar el temor de que con el ataque a Taniperla se inició una política de represión contra todas las regiones autónomas indígenas. Son 32 las regiones declaradas como municipios autónomos, y su territorio ocupa buena parte del estado de Chiapas; los pobladores de estos municipios y cualquier persona que por alguna razón se encuentre en ellos, están en peligro de ser apresados o agredidos por los cuerpos de seguridad.

La agresión a los habitantes de Amparo Aguatinta me movió de manera especial, por haber sido la comunidad donde realicé mi investigación de tesis de licenciatura hace más de diez años; los lazos afectivos que me unen a sus paisajes y a su gente marcaron mi encuentro con la realidad chiapaneca.

Tierra y Libertad era un municipio modelo y se había convertido en un ejemplo de la manera en que podía funcionar la autonomía indígena pluriétnica. A pesar de ser el municipio autónomo más grande del estado, abarcando a más de cien comunidades mestizas, tzotziles, tzeltales, tojolabales, zoques, mames, chujes y kanjobales (estas últimas integradas por refugiados guatemaltecos) en los municipios Las Margaritas, La Independencia, La Trinitaria, Ocosingo, Frontera Comalapa y Paso Hondo, había logrado mantener una convivencia pacífica entre sus habitantes y establecer una organización interna mucho más estructurada que otros municipios autónomos.

Como estudiosa de la antropología jurídica tenía especial interés en conocer el funcionamiento del Ministerio de Justicia Autónomo, y había sondeado las posibilidades de desarrollar en esta zona una investigación coparticipativa que desde hace un año iniciamos con otras compañeras, en otras regiones del estado, sobre la manera en que las mujeres indígenas se mueven entre el derecho nacional y la costumbre jurídica.

Los cuidadosos registros escritos que llevaron los jueces autónomos, su registro civil, sus actas de cabildo, hacían de este municipio una región muy importante para el estudio del derecho indígena. Estas ricas fuentes de información etnográfica fueron destruidas por el Ejército el pasado 1o. de mayo. Limitaciones presupuestales y cambios en el proyecto de investigación influyeron en que no pudiéramos trabajar en esa región autónoma; estos azares del destino me hacen pensar que bien pudiera estar ahora escribiendo desde Cerro Hueco si, como el profesor Valdés, hubiera estado ``en el lugar equivocado, en el momento equivocado''.

Como ciudadana, me preocupa la manera en que la legalidad se está utilizando como arma de represión. Los violentos cateos en la colonia La Hormiga, cobijados bajo el amparo de la ``ley de armas'', la incursión a los municipios autónomos bajo el argumento de una supuesta ``ley del diálogo y la reconciliación'', el encarcelamiento de investigadores, promotores comunitarios, defensores populares, bajo la acusación de ``rebelión'', cambian el sentido de la ley y la convierten en un instrumento de contrainsurgencia.

Como investigadora, me preocupa el futuro del trabajo académico en Chiapas y la falta de libertad de investigación, el desarrollo del pensamiento crítico informado se vuelve prioritario ante la intolerancia y la arbitrariedad que parecen ir ganando espacios en nuestro estado.

* Coordinadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Unidad Sureste (CIESAS-Sureste).