En las últimas semanas ha crecido el debate sobre la necesidad y contenido de una reforma laboral.

Las cúpulas del sector empresarial han venido formulando un planteamiento como premisa básica de sus propuestas, el cual es esencialmente erróneo si bien se presenta como obvio y acreditado por la realidad. La afirmación central se expresa en los siguientes términos: la Ley Federal del Trabajo es rígida e impide la productividad que el trabajo debe tener, para responder a los retos de la competencia internacional, por lo que es necesario flexibilizarla.

El planteamiento empresarial al que parece allanarse la cúpula del sindicalismo oficial es falso por diversas razones: la ley es sólo un referente de modelo laboral, al fijar derechos mínimos sobre los cuales patrones y trabajadores deberán convenir a través de la contratación colectiva, las particularidades en razón de la rama industrial y de la fuente laboral.

El trabajo en México es flexible en varios sentidos: el mercado de trabajo se caracteriza por la ausencia de empleo estable ya que casi una mitad de la población con posibilidades de trabajar se encuentra en el subempleo. Esta excesiva oferta de mano de obra coloca al trabajador en condiciones de indefensión ante las posibilidades de su contratación. Aunado a lo anterior, el salario de la inmensa mayoría es tan reducido que el 80 por ciento de la población con posibilidades de trabajar gana menos de tres salarios mínimos (90 pesos diarios) y casi un tercio de esta población gana menos de un salario mínimo (incluyendo el renglón registrado como personas carentes de ingresos según la última encuesta nacional de empleo). Desde el punto de vista de contenido del trabajo o funciones que realizan los trabajadores la ley no establece obstáculos a su desempeño eficiente. El crecimiento de la curva de productividad en algunas ramas y las experiencias en grandes empresas modernas dan cuenta de la gran disposición del trabajador mexicano para ser productivo en sistemas de trabajo adecuados.

La dificultad del empleo en la pequeña y mediana empresa deriva de la política económica prevaleciente más que del costo mismo de la fuerza laboral. Estas empresas viven sin duda una angustia creciente por lo caro de sus insumos, la falta de apoyo y promoción, y por la imposibilidad de vender sus productos en un mercado interno contraído. La verdadera causa de su postración deriva de la ausencia de medidas económicas orientadas a apoyarlas dentro de un programa nacional que vincule la producción y servicios de unas con las otras, por la excesiva especulación vinculada a claros signos de corrupción siempre priorizando el interés de los grandes capitales (el escándalo de Fobaproa exhibe las entrañas de esta política). La falsedad del planteamiento empresarial no significa de manera alguna que deba subsistir el modelo laboral vigente. Es necesario una reforma integral entre otras por tres razones básicas: Primero, para recuperar la vigencia de las formas colectivas de representación, única vía que hará posible una auténtica concertación. De aquí, la importancia de establecer un régimen efectivo de libertad de asociación y de contratación colectiva. Segundo, fomentar la recuperación del valor del trabajo a través de salarios que fortalezcan el mercado interno, sin menoscabo de programas que coadyuven a un desempeño eficaz de los trabajadores y trabajadoras en los procesos de trabajo.

El debate sobre la reforma laboral debe rebasar el esquema artificial de concertación, entre las cúpulas empresarial y la del sindicalismo oficial, en virtud de que ellos estarán empeñados en mantener intacto el esquema vigente de control y subordinación del cual son sus principales beneficiarios. En todo caso por razones de supuesta competitividad sostendrán el bajo costo del trabajo, ampliarán la inestabilidad laboral bajo la excusa de la flexibilidad y fortalecerán la fijación unilateral y autoritaria de las condiciones del trabajo.

Hoy más que nunca debemos participar a tiempo en este debate.