Crisis en Morelos tras la salida de Carrillo Olea

Francisco Guerrero, corresponsal, y Elena Gallegos, enviada, Cuernavaca, Mor., 12 de mayo Ť A unas horas de que el pleno del Congreso local votara la procedencia del juicio de responsabilidad administrativa en su contra, el gobernador Jorge Carrillo Olea ``optó'' por pedir licencia. La solicitud será presentada mañana para dar tiempo a que las distintas fuerzas políticas puedan construir un acuerdo, luego del rechazo de diputados perredistas y panistas a cualquier posibilidad de que Juan Salgado Brito -como se afirma- sea el sustituto.

A lo largo del día y sin que hasta el cierre de esta edición se lograran tejer consensos, se produjeron acercamientos entre las dirigencias estatales y fracciones parlamentarias de PRI, PAN, PRD y PCM, así como con el secretario general de Gobierno, Hugo Salgado Castañeda. En tanto, en entrevistas, el gobernador saliente acusó a la oposición, sobre todo al PRD, de ser responsable de la crisis estatal.

También se supo que el mismo Salgado Brito, quien se desempeña como delegado estatal de la Sedeso, se reunió con líderes y legisladores de PRD, PAN y PCM en busca de salvar los obstáculos que se le han puesto relativos, entre otras cosas, al papel que jugó en la Legislatura pasada como secretario de la comisión Conasupo. ``Estamos luchando contra la impunidad -dijeron sus opositores- y no vamos a aceptar aquí a quien solapó los latrocinios y abusos cometidos por Raúl Salinas de Gortari en la paraestatal.''

Otro de los reclamos que se le hicieron es que se circulara tan profusamente la versión de que su llegada al palacio de gobierno de esta capital estuviera ya ``amarrada''. Tratando de calmar los ánimos, Salgado Brito les comentó que eso había sido ``cosa de la prensa'' y que él estaba en la mejor disposición de charlar con ellos para encontrar salidas. Se cree que el enredo podría resolverse si el priísta se compromete a conformar un gabinete plural.

De la misma manera, se dijo que la Secretaría de Gobernación había establecido contactos con las cúpulas partidistas para destrabar la situación. En tanto, Carrillo Olea seguía recibiendo a simpatizantes que querían despedirse y otorgando entrevistas a algunos medios de comunicación para contar su historia -no aceptó platicar con La Jornada-, misma que quedó plasmada en un mensaje de 10 párrafos que transmitieron la radio y la televisión locales a las 12 horas con 30 minutos.

Se barajan nombres

En caso de que no pueda resolverse el asunto en favor de Salgado Brito, en los círculos políticos de esta capital comienzan a barajarse otros nombres que pudieran en un momento dado disipar las diferencias: el senador Rodolfo Becerril Straffon, el ex diputado colosista Samuel Palma César y el ex senador Angel Ventura Valle. Además, se menciona también con insistencia al ex priísta y actual diputado del PCM Alejandro Mojica Toledo.

Por otra parte, trascendió que la noche del lunes Carrillo Olea recibió una llamada del secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, quien le habría dicho que la única salida viable para el conflicto en la entidad era su renuncia. Le habría hecho saber que había preocupación en torno al juicio ya que, seguramente, la mayoría constituida por legisladores de PRD, PAN y PCM lo aprobarían y ello sentaría un nefasto precedente.

Según las mismas fuentes, Olea accedió sin mayores reticencias, ya que había fracasado en su último intento de romper el bloque opositor. De hecho, aseguraron algunos diputados, hubo ofrecimientos económicos a varios de ellos (se habló de un millón de pesos por cabeza) para que se abstuvieran o votaran en contra del juicio.

La misma noche del lunes y minutos después de la llamada al general, sonó el teléfono en la casa que habita Salgado Brito en la colonia Jardines de Vista Hermosa. El mensaje fue conciso: ``Prepárate para el relevo. Serán dos años difíciles''.

La despedida

A las 9 horas con 30 minutos, legisladores del PRI fueron citados a la casa de gobierno ubicada en la colonia Reforma. Una hora después comenzaron a llegar los colaboradores más cercanos del mandatario. A su salida, los gestos en los rostros de los invitados de Carrillo Olea eran más que elocuentes. Desencajados, furiosos y algunos hasta agresivos declinaron hacer algún comentario a los reporteros que, al enterarse de la reunión, se apostaron en las puertas de la residencia.

Al abandonar la casa, varios miembros del equipo del general no podían ocultar las lágrimas. Algunos comentaron que no se les informó previamente para qué se les había convocado. Cuando conocieron la noticia el desconcierto fue mayor.

Y aunque ninguno quiso adelantar vísperas, los reporteros supieron, por la carga en los rostros, que Carrillo Olea se estaba retirando. Fue hasta las 11 horas cuando el secretario general de Gobierno, el último en salir, no tuvo más remedio que confirmar lo que ya todos sabían: Carrillo Olea pedirá licencia este miércoles para dejar el cargo.

Hora y media más tarde, los medios electrónicos difundían las palabras del gobernador: ``No obstante las tangibles realidades de progreso, determinantes en la construcción de un Morelos mejor, fuerzas políticas contrarias a la paz y a la tranquilidad han estado magnificando acontecimientos que yo profundamente lamento, creando un ambiente de desasosiego a base de denuncias en contra del gobernador que nunca lograron sustentar''.

Antes había dicho que frente a las actuales circunstancias políticas que vive el estado, su decisión de solicitud de licencia obedece al deseo de, ``honestamente'', contribuir a resolver esta compleja problemática política, la cual no es posible considerarla aisladamente ni en un marco de discordia, sino que requiere de una vez por todas dejar atrás las diferencias y los intereses particulares, y prepararse para aportar soluciones que den la tranquilidad política que necesita la entidad para lograr plenamente el desarrollo social y económico ``que todos estamos creando juntos''.

Enseguida se refirió a lo que llamó sus logros: en lo político, promover una nueva cultura en los dos procesos electorales desarrollados en los últimos cuatro años, impulso a la reforma del Estado y ciudadanización de los procesos electorales.

En los diez párrafos del texto leído no se hace mención alguna a los graves problemas de seguridad pública que vivió la entidad y que desembocaron en la renuncia y procesamiento de tres de sus principales colaboradores.

Mientras tanto, en las entrevistas que concedió, Carrillo Olea insistió en que los opositores, ``fundamentalmente'' el PRD, querían su cabeza ``a como diera lugar''; negó que ``alguien'' lo hubiese obligado a renunciar -``como militar siempre acaté las órdenes de mis superiores, pero esta decisión la tomé en uso de mi más libre albedrío''- y explicó que su salida tenía que darse, ya que había un enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo que mantenía paralizada a la entidad. ``No aprobaban presupuestos ni leyes ni nada'', dijo.

Festejo del adiós

Aunque no fue tan numerosa como se esperaba, la verbena a la que convocó la Coordinadora de Movimientos Ciudadanos resultó divertida. Emocionados, panistas, perredistas y el ciudadano a pie se congregaron en la Plaza de Armas para celebrar la noticia. Cerca de las 20 horas un grupo de tepoztecos, con la banda municipal y todo, llegaron coreando: ``¡Ya sacamos a éste de Cuernavaca, ya sacamos a éste de Cuernavaca!''

Comenzaron entonces a lanzar cohetones y a mostrar pancartas que rezaban: ``Carrillo Olea para Almoloya''. En los cafés de los portales, los diputados hacían quinielas del relevo, sobre quién y cuándo. Por lo pronto, mañana a las 12 horas la solicitud será presentada a la Oficialía Mayor del Congreso y se espera que mañana mismo o el jueves se reúna el pleno para votarla, si antes no hay un acuerdo.

En la radio, la voz de Carrillo Olea contestaba: ``No, no voy a ningún puesto'', ``no, no me voy del estado, me voy a quedar aquí, prometo que no haré bulla''.

Triunfo Elizalde Ť En el caso de Morelos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tenía la responsabilidad primordial de pronunciarse, y siempre se pronunciará, ante desviaciones en la actuación de cualquier funcionario, dijo ayer Mireille Roccatti, presidenta de dicho organismo, al opinar en torno a la licencia pedida por el gobernador Jorge Carrillo Olea para ausentarse de su cargo.

Precisó: ``No es una cacería contra nadie ni se trata de hacer señalamientos involucrándose en cuestiones políticas; es simplemente buscar el cumplimiento de lo que el marco legal establece como responsabilidad y como facultades de la Comisión Nacional: resolver en estricto derecho''.

Después de recordar que la CNDH emitió, hace dos meses, una recomendación al Congreso de Morelos ``para que revisara toda la problemática, que se describía como un informe en la recomendación, en cuanto a procuración y administración de justicia'', Roccatti dijo que no podía opinar si la solicitud de Carrillo Olea beneficiará o no a Morelos.

``Vamos a estar atentos -agregó- para ver cuál es el desarrollo en este momento político, porque es un desarrollo político el que se va a dar allí en ese estado, y no sé cuál sea el impacto dentro del desarrollo propio de la Legislatura, el impacto que vaya a tener esta solicitud de licencia, y si el Congreso se la va a conceder lisa y llanamente como una licencia''.

Del estado en que se encuentra, en el seno del Congreso de Morelos, la recomendación enviada por la CNDH, la presidenta de este organismo dijo que está atenta ``a que nos informen en el sentido del cumplimiento, porque en ese informe se les pedía (a los legisladores) que analizaran la situación y que vieran la posibilidad de legislar, de hacer reformas a la ley, al marco normativo que rige la procuración y administración de justicia, para que en lo sucesivo no se vuelva a repetir una situación de esta naturaleza''.

-Sin embargo, ¿la recomendación que ustedes emitieron fue definitiva para que (Carrillo Olea) tomara esta medida?

-No. La Comisión Nacional de Derechos Humanos únicamente recomendó al Congreso del estado que analizara toda la situación en materia de administración y procuración de justicia en la entidad y que previera los proyectos legislativos que fueran necesarios en defensa y en protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos''.

-¿Qué hay sobre lo dicho por un diputado local de Morelos, en el sentido de que a raíz de la recomendación enviada al Congreso por la CNDH, usted, en lo personal, ha recibido amenazas de muerte y bastantes presiones y hostilidades?

-La CNDH no siempre es bienvenida en todas las administraciones públicas, sobre todo cuando hace pronunciamientos fuertes de esta naturaleza. Entonces nosotros estamos, dentro de las funciones que desempeñamos, predispuestos a no recibir siempre aplausos; en algunas ocasiones a las personas no les gusta que se hagan los señalamientos cuando éstos no convienen a sus propios proyectos.

-¿Hubo agresiones contra usted?

-Ha habido pronunciamientos diversos.

-¿Había conflictos entre Jorge Carrillo Olea y la CNDH?

-No. Desde luego que no.

-¿Ni por su recomendación, que no es común enviarla a un Congreso estatal?

-La Comisión Nacional ha emitido más de 30 recomendaciones a los Congresos estatales, no es la primera recomendación a los Congresos locales, lo que sucede es que posiblemente no se esperaba una respuesta tan enérgica de la CNDH en un caso similar.

Francisco Guerrero Garro, corresponsal, y Elena Gallegos, enviada, Cuernavaca, Mor. 12 de mayo Ť Hasta hace muy pocos días, desde la sobriedad de su despacho en la Casa de Gobierno y pese a que en los más altos círculos del poder el fin de su gestión ya había sido anunciado, Jorge Carrillo Olea contestaba -a quienes querían saber de su inminente renuncia- con un ``¡No te preocupes, nos veremos aquí en mayo del año 2000!''. Los pronósticos del general no se cumplieron.

En medio de la ira popular, la amenaza de un juicio político y los repetidos señalamientos sobre oscuros nexos del gobernador y algunos miembros de su equipo, lo mismo con bandas de secuestradores que con cárteles del narcotráfico, Carrillo Olea inició la retirada.

Fue, precisamente, la inseguridad pública -fenómeno que convirtió la vida de los morelenses en una pesadilla-, la que le costó el puesto a él que llegó aquí precedido de buena fama como experto en seguridad.

Y tan había expectativas en torno al general que, no obstante ``el mal sabor de boca'' que dejó el mandato de Antonio Rivapalacio -su sexenio fue bautizado como el de ``la corrupción y la impunidad''-, obtuvo 65 por ciento de la votación.

La protección de las familias y su patrimonio fue una de sus ofertas de campaña. No cumplió. Por eso, en febrero cerca de cien mil personas participaron en un referéndum al que convocó la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos y tacharon el ``sí'' en las papeletas, en las que se les inquiría si deseaban que se fuera el gobernador.

Pero todavía hoy, el general defendió el punto: ``Morelos ni siquiera tiene uno de los más altos índices de criminalidad'', afirmó.

Carrillo Olea se va -su petición de licencia se produce a escasos seis días de que se cumplan cuatro de los seis años de la administración-, quedan las estadísticas:

En estos últimos cuatro años oficialmente se han registrado 148 secuestros. Sin embargo, Casa Ciudadana de Cuautla y otras organizaciones han documentado que sólo en la región oriente de Morelos habrían ocurrido 270 plagios. En las otras zonas se llegaron a brindar nombres y detalles de 150 más. Esto, sin contar los que fueron mantenidos en absoluto secreto por los familiares de las víctimas.

Un dato más: la creciente desconfianza en los cuerpos de seguridad y la certeza de que sus miembros eran cómplices de los delincuentes, ocasionó siete linchamientos en los 48 meses de la gestión. En ellos, fueron asesinados 15 presuntos hampones.

El primero tuvo lugar el 26 de mayo de 1994, tan sólo ocho días después de que Carrillo Olea tomara posesión en una ceremonia a la que asistió como invitado el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Los sucesos ocurrieron en la comunidad de Axochiapan, cuando vecinos del lugar apalearon y ahorcaron a cuatro sujetos a los que sorprendieron asaltando autobuses en un camino cercano.

Después de un ``juicio popular sumario'' la comunidad decidió que antes que entregarlos a las autoridades, les darían muerte. El argumento: ``si los entregamos a la policía, en unos días andarán otra vez por aquí haciendo de las suyas''.

En Zacoalpan, seis meses después, los habitantes atraparon a dos hombres a quienes ocho días antes habían entregado a las autoridades acusados de violación. Encendidos, los lugareños optaron por matarlos a golpes. De nueva cuenta, la justificación fue que en cuanto los entregaban a la policía ésta los liberaba.

Escenas similares se vivieron en Jonacatepec. Ahí, cuatro ladrones fueron baleados; Chalcatzingo, tres; Tetela del Volcán, municipio de Hueyapan, uno; Xoxocotla, uno, y, hace exactamente ocho días, un policía judicial fue linchado en Telixtac luego que le metiera cinco tiros a un joven que se resistía a un arresto.

También a seis meses del comienzo de la gestión del general, en la zona oriente -azotada ya por la violencia- los secuestros se convirtieron en una ``próspera industria''. Conocidos ganaderos, agricultores, empresarios, comerciantes y profesionistas fueron blanco de las bandas que se multiplicaron en la región.

En Morelos la gente empezó a tener miedo. Paradójicamente, y ante el asombro de las víctimas, el secretario general de Gobierno, Guillermo Malo Velasco (renunció hace seis meses), lejos de tomar medidas para combatir a asaltantes y secuestradores la emprendió contra los vecinos de los poblados donde ocurrieron los linchamientos. ``Nadie puede hacerse justicia por su propia mano'', proclamaba.

Todavía más: la Secretaría de Gobierno se lanzó a perseguir a los luchadores sociales, especialmente a Carmen Genis, a la que le revivieron un viejo proceso. Sólo lograron mantenerla 24 horas en la cárcel.

Poco a poco y lejos de que los problemas de inseguridad se resolvieran, éstos se fueron incrementando. No había semana en la que en esta capital no se denunciaran uno o dos secuestros o dos o tres robos a mano armada en zonas residenciales. Todos, sin excepción, se efectuaban con extrema violencia.

No hubo sector social que estuviera a salvo. Se vivía con temor. En peseras, mercados o en la calle, el ciudadano podía esperar lo peor.

Las constantes quejas eran acalladas por impecables y gruesos legajos de estadísticas -anunciadas con bombo y platillos- con las que el equipo de Carrillo Olea alardeaba de estar neutralizando a la delincuencia y abatiendo los índices de criminalidad. La gente no les creía. El gobernador y sus colaboradores circunscribían la situación a una campaña política armada por sus opositores. Fundamentalmente, responsabilizaban a los simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática.

Entre las víctimas de los secuestradores puede citarse a miembros de prominentes familias: tres nietas del ex secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, según versiones la liberación costó 2 millones de pesos; el hijo de Adolfo Deger, uno de los hombres más acaudalados de la entidad y quien habría pagado 4 millones de rescate; Bernardino Salgado, tío del actual secretario general de Gobierno, Hugo Salgado; a la dueña de las ópticas Turati, y al famoso repostero Eric Vinzer, entre muhos más.

Casi desde el principio, Genis, partidos políticos de oposición y otras organizaciones señalaron que el mal estaba dentro de la estructura de gobierno, y dieron pelos y señales. Se habló en concreto del director de la Unidad Antisecuestros, Armando Martínez Salgado. Efectivamente, en febrero pasado éste fue sorprendido in fraganti cuando trataba de deshacerse del cadáver de un presunto secuestrador, Jorge Nava, a quien torturaron hasta la muerte.

Martínez Salgado involucró al procurador Carlos Peredo Merlo; al subprocurador Rafael Borrego Díaz y al jefe de la Policía Judicial, Jesús Miyazawa Alvarez (un viejo y conocido agente), asegurando que ellos le habían ordenado tirar el cadáver sin dejar huella. A la fecha, todos están bajo proceso.

Después de estos acontecimientos, Carrillo Olea remplazó prácticamente a todo su gabinete y dijo, una y otra vez, que no renunciaría. A las marchas del silencio que organizó la sociedad para denunciar lo que aquí se vivía se sumó el inicio de un juicio político auspiciado por la oposición, que es mayoría en el Congreso local, y se efectuó un referéndum en el que más de 90 mil personas pidieron su salida. El general lo redujo a ``una artimaña publicitaria'' y repitió que no se iría.

El nombre del gobernador también salió a relucir cuando se publicó que el capo Amado Carrillo Fuentes había vivido durante mucho tiempo en Cuernavaca, en la casa contigua a la residencia de Peredo Merlo, y se aseguró que la policía estatal le brindaba protección. Lo mismo se dijo del narcotraficante Juan Manuel Esparragosa, El Azul.

The New York Times publicó -lo que le valió el Pullitzer a sus autores- que Carrillo Olea tenía vínculos y protegía al cártel de Juárez que encabezaba Amado Carrillo Fuentes.

Aquí se recuerda que uno de los actos que más debilitó a Carrillo Olea fue su enfrentamiento con los habitantes de Tepoztlán, quienes se oponían a la construcción del club de golf El Tepozteco entre cuyos socios se mencionó a los Kladt Sobrino, de quienes incluso se publicó que lavaban dinero.

Las diferencias con los tepoztecos llegaron al enfrentamiento. En dos ocasiones las fuerzas policiacas entraron al pueblo a golpear a los inconformes. El 10 de abril de 1997, en el paraje San Rafael Tlaltizapán, la policía preventiva, por órdenes de Malo Velasco, secretario general de Gobierno, tendieron una emboscada a una caravana que se dirigía a hablar con el presidente Zedillo, de gira en la entidad, en la que resultó muerto un integrante del Comité de la Unidad de Tepoztlán.

En los cuatro años que duró la gestión de Carrillo Olea se alcanzó a construir una leyenda negra. El general tendrá que abandonar la Casa de Gobierno y ya no podrá, como lo ofreció hace unos días, recibir ahí a sus amigos en mayo del año 2000.