Conforme pasan los días la opinión pública va conociendo nuevos datos alarmantes sobre la operación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y con ello se confirma la justeza de las extendidas objeciones que en su momento suscitó la puesta en marcha de ese mecanismo de rescate de la banca privada y sus propietarios. El hecho de que la Cámara de Diputados haya resuelto complementar las investigaciones que realiza con cinco auditorías ``de urgencia'' es indicio del tamaño de las irregularidades que, se sospecha, pudieron haberse cometido en el manejo del fondo.

Es razonable suponer que la decisión de los diputados que investigan el funcionamiento del Fobaproa se explica, en parte, porque las indagaciones legislativas apuntaron a una posible violación de la ley por el lado del gobierno, el cual pretende incluir en la deuda pública interna más de 552 mil millones de pesos destinados a dicho mecanismo de rescate de la banca. En virtud del monto, necesariamente el Congreso de la Unión debe autorizar dicha operación.

Un indicador de lo ruinoso que ha sido para la nación el rescate de los banqueros es el hecho de que Banca Confía fue vendida a Citibank en mil 657 millones de pesos, después que el gobierno inyectó 26 mil millones en el saneamiento de esa institución de crédito. Las arcas públicas perderán cerca de 70 por ciento de la diferencia, según estimaciones de la propia Secretaría de Hacienda.

Ayer, el titular de esa dependencia, José Angel Gurría, descartó la posibilidad de que se presente una nueva crisis económico-financiera en el país, y explicó que tales situaciones fueron provocadas por falta de disciplina en el gasto público y las finanzas públicas; aquí cabe preguntarse si la transferencia discrecional y arbitraria -porque no hubo autorización legislativa para ello- de 552 mil millones de pesos de recursos públicos al saneamiento de los bancos privatizados es muestra de un manejo disciplinado y racional de las finanzas del Estado.

En otro sentido, no deja de resultar sintomática la insistencia común de Gurría, del diputado priísta Jorge Estefan Chidiac y del presidente de los banqueros, Carlos Gómez y Gómez, en el sentido de que los temas del rescate bancario y la determinación legal en torno de la práctica de capitalización de intereses -determinación que está siendo considerada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)- no deben politizarse. La pretensión es improcedente porque el comportamiento del gobierno y de los banqueros privados ante la crisis iniciada a fines de 1994 ha sido, desde el inicio, expresión de una postura política que busca en todo momento privilegiar y preservar al sector financiero, y además arroja los enormes costos del descalabro sobre el resto de la población.

Igual de improcedente es la idea de que una decisión contraria a la banca, en el caso de la SCJN, o la persistencia en la investigación de las posibles irregularidades en el manejo del Fobaproa, en el caso de la Cámara de Diputados, podrían ser interpretadas como una señal negativa por los inversionistas extranjeros. En las circunstancias actuales, la forma correcta de atraer capitales e inversión es exhibir una operación limpia y transparente de los recursos públicos, y no esconder bajo la alfombra los errores -o los delitos- que, según los indicios, forman parte de una determinación tan impugnada como lo han sido las medidas de rescate de los banqueros adoptadas por el poder público a partir de 1995.