Arnaldo Córdova
México, vitrina del mundo

No tener sentido del ridículo hace, inevitablemente, que se viva siempre en el ridículo. Eso no parecen entenderlo nuestros gobernantes. Sucede en muchas materias, pero se ha venido dando, en especial, en el trato de las autoridades migratorias con los extranjeros que vienen de todas partes a ver lo que está pasando en Chiapas. En realidad, no se puede saber bien a bien lo que el gobierno pretende de los extranjeros. El hecho es que ni éstos ni nosotros sabemos a qué atenernos.

Pero el problema que interesa ya no es tanto si debemos o no aceptar extranjeros interesados en venir como observadores a Chiapas. Se han cometido tantos errores y arbitrariedades en el trato con esos extranjeros, que ahora lo que está de verdad en peligro es la imagen del país y, sobre todo, del gobierno en el mundo entero. En lo que va del año, aplicando por lo general el artículo 33 se ha expulsado de Chiapas a más extranjeros que en los últimos cinco años en todo el país. Eso no es normal, pone en entredicho a nuestro sistema jurídico y echa la sombra de la sospecha y de la desconfianza sobre las acciones del gobierno en Chiapas con respecto a los extranjeros y al mismo conflicto.

Las reglas administrativas que se están siguiendo para otorgar permisos y visas para que los extranjeros visiten México, con el propósito de ir a Chiapas, son cada vez más arbitrarias e injustificables. No se puede dar una visa de entrada al país si se dice que el solicitante no puede ir a tal o cual lugar. Se puede dar o no dar y eso es legítimo; pero, si se da, no se pueden imponer restricciones que nuestra misma Constitución no permite. En Chiapas, que se sepa, no hay un estado de excepción, único caso en el cual se podría decir a un extranjero al que se le permitió entrar al país que no puede ir a una determinada zona.

El gobierno tiene un buen apoyo en el artículo 33. Pero es hora de que se discuta ampliamente. Por principio, resulta absurdamente contradictorio y significa una constante puerta abierta para que se violen derechos humanos. Estipula que los extranjeros ``tienen derecho a las garantías que otorga el capítulo I, título primero, de la presente Constitución'' (artículo 1¼ al 29, aunque no todos versen sobre garantías); pero, a renglón seguido, autoriza al Ejecutivo de la Unión a expulsar, inmediatamente y sin juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia considere ``inconveniente''.

El 33 no sólo es un artículo que permite, e incluso invita, al Presidente y a las autoridades que dependen de él a violar los derechos humanos de los extranjeros que se internan en México, sino también es violatorio del orden jurídico internacional, cuyos instrumentos ha aceptado y firmado el mismo gobierno mexicano. Un día, ojalá no muy lejano, deberemos echarlo a la basura. Las leyes y reglamentos migratorios establecen con precisión los casos en que los extranjeros pueden violar nuestro orden jurídico. Para aplicarlos, empero, debemos atenernos a lo estipulado en el capítulo I, título primero, de la Carta Magna, y ello implica, por necesidad -si no queremos violar derechos humanos- el juicio previo.

El caso de los 134 italianos que recientemente se internaron en México y fueron a Chiapas no sólo resulta patético, sino también ridículo. ``Violaron las leyes'' sólo porque reclamaron el derecho a circular libremente por nuestro territorio. Fueron calificados por un energúmeno de Gobernación como ``aventureros'', ``delincuentes'', ``criminales'', ``provocadores profesionales'' y ``turistas revolucionarios'' (expresión que luego adoptó nuestro Presidente). Esto, aparte de amenazar con sancionarlos con todo el rigor de la ley. Los italianos, independientemente del concepto que nos merezcan, no hicieron nada contrario a la ley. Y nuestro gobierno nos ha expuesto ante todo el mundo no sólo como xenófobos cavernarios sino, lo que es peor, como unos estúpidos.

México es hoy muy importante en el mundo. No es una ``república bananera''. Está entre los primeros 15 del orbe. Por eso los gobiernos de los ciudadanos extranjeros que hemos ofendido aquí no se han atrevido a protestar como tienen derecho. Pero esos ciudadanos irán aprendiendo que hay tribunales internacionales y organismos legales de derechos humanos ante los cuales pueden apelar de la aplicación de un artículo violador de esos derechos, como es el 33 de la Constitución. Y eso, que no nos vengan con cuentos, nada tiene que ver con una mal entendida y manipuladora concepción de la soberanía nacional.