Auditará la Cámara al Fobaproa en 5 frentes

Ciro Pérez Silva y Mireya Cuéllar Ť La Cámara de Diputados creará cinco frentes para practicar una auditoría ``de urgencia'' a la aplicación del Fobaproa y determinar si los créditos para la adquisición de pasivos se otorgaron con las garantías adecuadas o si se utilizaron para salvar empresas insolventes o a personas físicas con lazos consanguíneos o de sociedad con la institución bancaria.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, el panista Fauzi Hamdam Amad, informó que las auditorías serán independientes de las investigaciones que lleva a cabo la comisión que preside y advirtió que el Congreso no necesariamente reconocerá como deuda pública los 552 mil millones de pesos utilizados por el gobierno para el rescate bancario.

``Tiene que evaluarse si corresponde, si es legítima y está bien sustentada para poder reconocerla; del resto tendrán que responder quienes hayan hecho mal uso de los recursos'', enfatizó.

Interrogado sobre el secreto bancario, argumento que los banqueros esgrimen como limitante en las indagatorias, el panista respondió que éste ``queda rebasado por el interés nacional'' y que, ``guardando en todo momento la confidencialidad'', se revisará todo. ``No puede dejarse de analizar incluso la cartera, incluyendo a los titulares, qué tipo de operación es y quiénes son los sujetos autorizados materia de esa operación; de no hacerlo, quedaría trunco el análisis que pretendemos que hagan los auditores''.

El diputado independiente Marcelo Ebrard Casaubón precisó que cada uno de los cinco partidos representados en la Cámara designará a un auditor que llevará a cabo revisiones operativas para verificar si los procedimientos se ajustaron a derecho; valorarán la orientación de las inversiones con el objeto de entender por qué resultó más caro el rescate de la banca intervenida que tiene menor peso en el sistema financiero.

Comentó que el grueso del Fobaproa se concentra en los bancos más pequeños como Banca Unión y Banpaís, y ese es otro de los puntos que pretenden desahogar, así como el relativo al programa a deudores. ``Todos los programas del gobierno los tenemos que valorar en función de sus resultados, y el resultado de éste es bastante dudoso, a juzgar por los indicadores que el Banco de México nos está mandando'', señaló.

Por su parte, el diputado priísta Jorge Estefan Chidiac informó que se nombró un comité técnico que empezará a operar el jueves y que presentará el primer borrador para llevar a cabo las auditorías. Dijo que el PRI tomó la iniciativa y se encargará de elaborar ese proyecto ``porque necesitamos darle seguridad y garantías a nuestros compañeros que han exigido que a este asunto no se le dé borrón y cuenta nueva''.

Comentó que la posición de su bancada es que si las auditorías demuestran la existencia de irregularidades deberá sancionarse a los responsables, pero advirtió que si no se envía un mensaje claro a los inversionistas sobre la aprobación del paquete de reformas se corre el riesgo de que busquen un mejor lugar para depositar sus capitales.

El gobierno siembra dudas: Ebrard

Marcelo Ebrard Casaubón anunció que se revisarán alrededor de 604 cuentas que fueron beneficiadas con 50 millones de pesos o más, para identificar el posible desvío de recursos por parte de los banqueros, y para ello resulta indispensable seguir desde el principio todas las operaciones.

``Se deben seguir los préstamos interbancarios, los créditos a personas físicas con vínculos consanguíneos con los directivos del banco y analizar sus garantías, para saber quién decretó la insolvencia de individuos o empresas. Todas estas son dudas que tenemos, y mientras el gobierno se niegue a darnos información está sembrando la sospecha'', afirmó.

El diputado independiente sostuvo que la información ``en serio'' empezó a llegar a la Cámara de Diputados después de que se presentaron las iniciativas que integran el paquete financiero. Reconoció que es difícil tachar todas las operaciones de ilegales, pero si el gobierno dice que están bien, ``pues que nos dé los argumentos y los vemos; entonces separaremos lo que a nuestro juicio es legítimo de lo que es ilegal''.

Dijo que el interés de los diputados es tener, posiblemente en dos meses, la información de las auditorías ``porque el debate no se puede postergar, queremos tenerlo ya'', pero con la información completa.

Alertan sobre riesgos para las finanzas del país

María Esther Ibarra Ť Con la propuesta de convertir en deuda pública los pasivos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), el gobierno nuevamente va al rescate de los bancos, ``lo cual es una manera de evitar la estatización de la banca'' y será una enorme carga para el presupuesto federal, afirmó Irma Manrique Campos, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM.

Advirtió que esta medida perjudicará las finanzas del país, ya que, ``a diferencia de la deuda externa, la interna no se puede negociar porque hay que pagar con intereses y la parte principal del capital en los términos y plazos estipulados''.

Especialista del área Estado y Economía del Sector Público del IIE, Manrique Campos explicó que si bien el sistema bancario no puede caer en una crisis porque ``es la columna vertebral de la economía'', la iniciativa no se justifica porque el apoyo a los banqueros ``ha sido excesivo y el sistema bancario sigue sin estar en sus pies, pese a que también ha recurrido a la inversión extranjera''.

Otro problema grave, advirtió, es que se puede repetir lo que ocurrió en los años ochenta, cuando el país tuvo que hacer frente a una enorme deuda interna, ya que el Fobraproa está vendiendo alrededor de 330 mil millones de pesos, de los cuales 130 mil millones corresponden a la cartera que ese fondo compró a la banca, y los restantes 185 mil millones de pesos corresponden a los bancos intervenidos y en situación especial.

En ese entonces, explicó la investigadora, para la venta de créditos adquiridos por Fobaproa se creó una empresa filial del fondo, denominada Venta y Valuación de Activos (VVA), organismo encargado de los remates de los activos para colocarlos en las bolsas de valores y bursatilizar toda aquella cartera de inversión y de crédito.

Agregó para ello se pusieron en marcha tres programas: uno, el Preparatorio de Venta de Activos Crediticios (Prevac), que incluyó créditos de menos de cinco millones de pesos que se vendieron mediante subastas; otro fue el Programa de Vehículos de Recuperación Empresariales (Vere), para créditos de montos medianos que se han vendido por paquetes a través de sociedades de valores interesadas en administrar y vigilar la restructuración de los capitales, y finalmente, el Programa de Venta Individual de Actos Crediticios, que vende los prestamos más grandes sobre una base individual.

Ahora, afirmó, con la conversión a deuda pública, al parecer el gobierno quiere tener la tabla de salvación para los bancos, que le están regresando al Estado todos los problemas causados por malos manejos.