En marzo del año pasado resumimos aquí los graves problemas de contaminación que están matando la vida en el río Papaloapan. Esta enorme cuenca hidrográfica se origina en la sierra de Juárez, Oaxaca, luego se extiende por Puebla y Veracruz y desemboca finalmente en la Laguna de Alvarado; es uno de los ecosistemas acuáticos más importantes del país por su variedad de hábitat y su riqueza biológica.

Durante décadas, el Papaloapan y sus ríos tributarios son el basurero de la industria y los asentamientos humanos. Sobresalen, por su contribución negativa, la fábrica de papel Tuxtepec -que pertenece al sector público- y el ingenio Adolfo López Mateos. Ambos negocios han tenido vía libre para arrojar desechos incontables, pese a que la legislación sobre la materia prohibe y sanciona tal proceder. La protesta de la población y las autoridades de Tuxtepec, y los grupos defensores del patrimonio cultural de Oaxaca, encabezados notablemente por los pintores Francisco Toledo y Rodolfo Morales, no ha logrado detener la destrucción de recursos básicos para el desarrollo sostenible, ni evitar los daños a la salud de las poblaciones ribereñas.

Podría pensarse que lo que ocurre en el río Papaloapan con el ingenio López Mateos es la excepción, pues el resto de la industria azucarera nacional goza de cabal salud ambiental. Dos recientes accidentes muestran, lamentablemente, que las cosas no son así y que la impunidad y los intereses particulares del gran capital se imponen sobre los de la sociedad.

Por un lado, un derrame de melaza en el ingenio Melchor Ocampo, ubicado en El Grullo, Jalisco, causó a fines de marzo pasado serios problemas ecológicos en la cuenca del río Armería. Además, afectó el riego agrícola de varios municipios de Colima, como Villa de Alvarez, Comala, Coquimatlán, Tecomán, Armería y la propia capital estatal. Los funcionarios calificaron lo ocurrido como un ``desastre ecológico'', y dijeron que los dueños del ingenio deberían pagar los daños ocasionados a los productores agrícolas. Por su parte, el mandatario colimense protestó por lo ocurrido y exigió de las autoridades federales la aplicación de medidas adecuadas para evitar un nuevo accidente. Se calcula que la contaminación con metales pesados dañó seriamente la flora y la fauna en cerca de 100 kilómetros del río Armería, así como en 5 mil hectáreas que utilizan el agua de dicha corriente para riego.

Cuando todavía la opinión pública no se olvidaba del desastre anterior, otro accidente -el 2 de mayo- volvió a traer el tema de la industria azucarera a las primeras planas de los diarios: el derrame de casi 20 mil litros de ácido sulfúrico almacenados en un depósito que el ingenio Quesería tiene en la población del mismo nombre, ocasionó varios intoxicados y obligó a desalojar a más de 2 mil personas que viven en la colonia El Batey. El ácido corrió por las calles aledañas al ingenio. Se pidió a la población afectada por el derrame que no lavara las calles para evitar que la sustancia química se acumulara en las alcantarillas y fuera a dar a los ríos cercanos y a los depósitos de agua que sirven para cubrir la demanda de la población. En cambio, se esparció cal y tierra a largo de casi un kilómetro del caudal formado por la sustancia química. Esta mezcla se recogió ya y se enviará a uno de los dos confinamientos de residuos peligrosos que existen en el país, pues en Colima no hay ninguno.

Una vez terminadas las labores de limpieza de la zona afectada por el derrame de ácido, las autoridades iniciaron la evaluación de los daños, una minuciosa investigación sobre las causas del accidente y una auditoría ambiental que muestre las condiciones en que funciona el ingenio Quesería.

Seguramente no hay en México quien no se conmueva con las declaraciones indignadas de los funcionarios cuando hay una tragedia. En el caso de la industria azucarera, son repetidas las promesas de que se pondrá orden ambiental en ella, de tal forma que no contamine más, destruya recursos naturales y atente contra la salud pública. Pero como lo demuestra lo que sucede en Oaxaca, Jalisco y Colima, al igual que en Veracruz y otras entidades de la República donde funcionan ingenios, todo sigue igual.