A pesar de la disidencia del Ejército Republicano Irlandés (ERI) que optó por continuar la guerra contra el gobierno británico, el proceso de paz en el Ulster se desarrolla sobre bases sólidas. Un hecho por demás indicativo en este sentido es la decisión mayoritaria del congreso extraordinario del partido independentista Sinn Fein, en el cual se acordó, por 331 votos de un total de 350, respaldar el proceso pacificador y modificar los documentos constitutivos de la organización para que representantes suyos puedan participar en las nuevas instituciones que habrán de crearse en la ensangrentada Irlanda del Norte.

Unas horas antes, un grupo escindido del ERI reivindicó un ataque con morteros en la localidad de Belleek que, por fortuna, no causó víctimas. El empecinamiento de ese sector belicista, sin embargo, parece condenado al fracaso, en el contexto de una gran mayoría de actores políticos dispuestos a construir un nuevo estatuto para el Ulster que ponga fin a décadas de enfrentamientos entre las comunidades católica y proindependentista, y protestante y probritánica.

Este proceso ejemplar contrasta con la situación prevaleciente en el País Vasco, España, en donde las partes se mantienen atrincheradas en posturas irreconciliables y políticamente insensatas.

A las recientes acciones violentas atribuibles a ETA, los asesinatos de un concejal en Pamplona y de un guardia civil jubilado en Vitoria, homicidios ciertamente condenables e injustificables, el presidente del gobierno español, José María Aznar, replicó con amenazas de cárcel no sólo para los asesinos y sus cómplices, sino también para la generalidad de los integrantes y simpatizantes de Herri Batasuna, la formación política independentista que se ha negado a condenar los atentados etarras.

Con ello, nuevamente, Aznar coloca a su gobierno en posición de perseguir no solamente a los miembros de ETA, sino a todo un sector político de la sociedad vasca. En suma, amaga con transformar la represión policiaca a los terroristas en una represión política, actitud inaceptable en cualquier democracia que se precie de serlo.

En esta perspectiva, el despropósito del jefe del gobierno español fue censurado por las dirigencias del principal partido de oposición, el Socialista Obrero Español (PSOE) y de la organización en el poder en el País Vasco, el Nacionalista Vasco.

Ciertamente, ninguna causa independentista ni social puede justificar la violencia criminal de los etarras, y las sociedades vasca y española hacen lo correcto al movilizarse para exigir a ETA que deje de matar.

Pero la ilegalidad y la inhumanidad de los atentados referidos tampoco justifica la intransigencia de Aznar ni su afán de convertir en cómplices de ETA a otros sectores independentistas que han buscado expresarse en la arena política.