Se cuadruplicó la morosidad de deudores de la banca en 3 años

Antonio Castellanos y Antonio Vázquez Ť El gobierno federal y los banqueros son responsables, junto con los deudores, de la cartera vencida: los ``extravagantes'' márgenes de intermediación son la causa directa. Brincaron de 7 a 20 por ciento de diciembre de 1994 a 1995, contra 2.5 por ciento que prevalecían en Estados Unidos. El comportamiento de la morosidad de los deudores es incierto, y se mantiene en ascenso de acuerdo con los siguientes indicadores de diciembre de los años 1994, 1995, 1996 y 1997: 13.1, 45.4, 49 y 53.51 por ciento.

Un reporte de Securities Auction Capital (SAC) destaca que la compra de cartera vencida por parte del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) a los bancos no intervenidos (236 mil 220 millones de pesos al cierre de junio de 1997) ha sido uno de los programas más onerosos de rescate bancario. Estas adquisiciones chatarra constituyen un inocultable instrumento de subsidio a los banqueros.

Los dirigentes de El Barzón Metropolitano y la Asociación Nacional de Tarjetahabientes (ANTAC), Alfonso Ramírez Cuéllar y Francisco Castro de la Cruz, manifestaron por separado que la cartera vencida no tiene una cifra definida: 552 mil 300 millones en el Fobaproa; 20 mil millones de pesos en Nacional Financiera; 15 mil millones de pesos en el desaparecido Banco Nacional de Comercio Interior, y 12 mil millones de pesos en Banrural, se mantiene como el principal lastre de la economía nacional y que ahora está en manos de la Suprema Corte de Justicia.

Los dos coincidieron que el Poder Judicial deberá resolver conforme a derecho, a favor de los deudores, la contradicción de tesis sobre el cobro de intereses sobre intereses, llamado anatocismo, y que impusieron los banqueros de manera amañada, con violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito y al Código de Comercio. Las organizaciones de deudores, subrayó Castro, demandarán a la nulidad absoluta de los contratos de crédito adicional y refinanciamiento automático para el pago de pasivos establecidos ilegalmente en los financiamientos hipotecarios.

Señala que los programas de saneamiento financiero, cuyo costo fiscal alcanza ya los 379 mil 800 millones de pesos, equivalentes a 11.9 por ciento del producto interno bruto (PIB), han estado orientados al salvamento de los bancos, comprándoles cartera vencida, inyectando recursos fiscales a los bancos intervenidos para absorber pérdidas y capitalizarlos, y garantizando tasas de fondeo para las restructuraciones de adeudos a tasa fija en Unidades de Inversión.

El examen de SAC, una de las consultoras y calificadoras más importantes de Estados Unidos, dice que las compras de carteras han salvado a los banqueros propietarios de los bancos no intervenidos, en tanto los deudores se mantienen entrampados en deudas impagables. Están ``a merced de ávidos compradores de carteras vencidas, incluso de fondos buitres extranjeros y los despachos de buitres mexicanos, que pueden participar sin restricciones en las subastas de créditos vencidos''.

Así, agrega, las descomunales pérdidas a costa de los contribuyentes en que incurrirá el Fobaproa, en vez de ayudar a los deudores a reducir sus deudas, haciéndolas pagables, están desembocando en un ``suculento mercado especulativo sobrevolado por buitres dispuestos a hacer presa de los deudores de carne y hueso, permanentemente amenazados en su patrimonio, su honor y su sobrevivencia empresarial o familiar''.

Destaca el análisis de SAC Internacional que es necesario emprender un programa especial de rescate de los deudores en cartera vencida. Para ello es necesario reconocer la corresponsabilidad del gobierno y los banqueros en un plan que incluya quitas selectivas realistas y que se adecúe a la capacidad real de pago de los deudores, y reparar la injusticia de que hasta ahora, la mayor parte de los recursos fiscales destinados al saneamiento financiero se han orientado al rescate de los bancos y al salvamento de los banqueros dueños de las instituciones no intervenidas.

Los analistas exponen que puede admitirse que algunos deudores (menos de 2 por ciento) no hayan pagado sus adeudos simplemente por mala fe. Sin embargo, esta situación no puede aceptarse como norma general, ni puede postergarse la solución de la crisis de los deudores por algunos casos de corrupción más frecuentes entre los banqueros (Lankrnau, Cabal Peniche y El Divino), entre otros.

Con el mismo criterio de generalización simplista --para ser parejos-- deberían entonces intervenirse todos los bancos y cancelarse las compras de cartera realizadas por el Fobaproa para el salvamento de los bancos.

Señalan que las evaluaciones realizadas por expertos internacionales que cuestionan la solidez del sistema bancario no son arbitrarias. Expertos de JP Morgan consideran que las bases fundamentales de la banca mexicana son, decididamente, las más débiles de toda la región latinoamericana y no han logrado resolver el problema masivo de carga de los pasivos vencidos.

El problema es dual: por una parte las carteras vencidas, cuyo riesgo recae 100 por ciento sobre los bancos; por otra, las carteras vendidas a Fobaproa, cuyo riesgo recae principalmente sobre bancos, sin que ``ninguno de los bancos nacionales haya establecido todavía reservas adicionales sobre los préstamos que vendió a aquel fondo. Por tal razón, el saneamiento del sistema financiero mexicano no será consistente mientras no se resuelva el megaproblema económico y social de las carteras vencidas''.

Piden industriales a legisladores avanzar en las reformas financieras

Representantes industriales exigieron a las cámaras de Senadores y Diputados que durante el periodo extraordinario de sesiones se avance en las reformas a la ley financiera, particularmente en lo que refiere al tema del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Prolongar este asunto, advirtieron, sería igual a heredarle a la siguiente administración una crisis similar a la que vivió el país durante 1994 y comienzo de 1995.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Jorge Marín Santillán, estableció que entre más tiempo pase, los activos del Fobaproa ``seguirán en franco deterioro'' y la larga será un costo para el país, por la imposibilidad de lograr su total recuperación.

La sugerencia del dirigente industrial se dio luego de que analistas del sector privado advirtieran que, si bien por ahora se ha perdido competitividad o margen de subvaluación en los últimos tres años y en lo que va del presente, el peso mexicano aún no se encuentra sobrevaluado y por tanto no existe el riesgo de una macrodevaluación.

Sin embargo, observaron, las condiciones económicas mundiales cambian aceleradamente y de continuar así la tendencia para el año entrante, y en particular para el 2000, nos colocaría en riesgo de que ocurriera otra macrodevaluación del tipo de cambio similar a la de 1976 o de 1982, lo que traería graves efectos políticos, sociales y económicos en el pais.

Los analistas consultados destacaron que hasta ahora el Banco de México ha establecido una política encaminada a sobrevaluar el tipo de cambio y sostenerla hasta que la situación sea inmanejable y no quede más opción que el ajuste cambiario. ``Pareciera que las autoridades no han aprendido del pasado y nuevamente vamos por el mismo rumbo de 1976,1982 o 1994''.

Dijeron que si a este panorama se agrega la caída en los precios internacionales del petróleo y el deterioro de las metas macroeconómicas que traerán los dos recortes al presupuesto, es factible visualizar desde ahora la crisis de fin de sexenio que se produciría entre 1999 o principios del 2000.

Jorge Marín coincidió con los analistas y exigió a los legisladores avanzar a la brevedad posible en las reformas a la ley financiera que se quedaron en la mesa. ``Recordemos que las crisis no se generan de un día para otro; toman un sexenio o toda una década. Así que no perdamos más tiempo y demos solución al tema del Fobaproa''.