La delegación de observadores italianos que el jueves llegó al ejido Taniperla, puso al descubierto un hecho que debe llenarnos de escándalo y de vergüenza: toda la estructura del Estado mexicano participa activamente en el secuestro de 180 mujeres zapatistas, quienes permanecen cautivas con sus numerosos niños en aquella remota localidad.
Los militantes del PRI y los comandos paramilitares que tienen en su poder a casi medio de millar de seres humanos indefensos, hambrientos y aislados, son apenas la primera muralla del cerco. La segunda está constituida por las fuerzas de la policía estatal de Seguridad Pública y por los efectivos militares que rodean el estrecho perímetro de la aldea.
La tercera muralla la forman la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, encargadas de entorpecer, por todos los medios, el acceso de observadores nacionales e internacionales al lugar de los hechos. Y la cuarta está compuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, algunos miembros de la Conferencia del Episcopado Mexicano, los grupos parlamentarios del PRI y del PAN, la cúpula empresarial y las grandes cadenas televisivas.
Así, cuando la delegación italiana solicitó permiso oficial para conocer de manera directa la situación que prevalece en Taniperla, sus peticiones chocaron con la inexplicable tozudez de los consulados mexicanos en Roma, Venecia y Milán. Cuando el grupo aterrizó en la ciudad de México, topó con la actitud amenazante de Gobernación, y recibió agrias advertencias de parte de Emilio Rabasa Gamboa, Alejandro Carrillo Castro y Fernando Solís Cámara, peones designados por Francisco Labastida Ochoa para reiterarles que la impunidad gubernamental en Taniperla es inviolable... si bien, en lugar de ``impunidad gubernamental'', hablaron de ``soberanía nacional'' con delicadeza diplomática.
Pero cuando los intrépidos visitantes rompieron finalmente el espeso cordón de ``instituciones'' que en Taniperla protege a los paramilitares y a los militantes del PRI, rostros y voces indignadas asomaron por encima de la cuarta muralla gritando que los italianos --entre ellos cuatro diputados y un sacerdote-- son ``provocadores profesionales'', o sea, delincuentes contumaces, y a este coro frenético se agregó, para variar, Mireille Roccatti, presidente de la CNDH, con un discurso que alienta a los secuestradores a seguir abusando alegremente de sus víctimas.
Lo que no se ha dicho, sin embargo, es que nadie, ni Labastida Ochoa, ni Carrillo Castro, ni Solís Cámara, ni Roberto Albores Guillén, ni monseñor Arizmendi, obispo de Tapachula, ni los gritones reporteros de peluche, nadie pues, ni siquiera el presidente Zedillo ha desmentido el testimonio de los italianos sobre el horror que padecen las 180 mujeres de Taniperla.
Con su actitud, el ``gobierno'' federal que tanto reclama respeto a su ``soberanía'', podría estar interfiriendo en asuntos internos de la vida política italiana. Quienes, como Fernando Solís Cámara, han incurrido en la audacia de llamar ``delincuentes'' a cuatro parlamentarios que pertenecen a la coalición de partidos que gobierna en Italia, y quienes, según expreso, aparecen ante la opinión pública internacional objetivamente aliados a los grupos de la ultraderecha nacionalista de aquel país que desean fundar una nueva nación llamada Padania.
La Padania es una invención de empresarios y comerciantes del norte y del noreste italiano, que se declaran hartos de ``mantener'' con sus impuestos a los habitantes de las pobres regiones del sur de la península. Su intención de ejercer el separatismo y destruir la unidad territorial de Italia es muy clara: los ``padanos'' quieren privatizar en su propio beneficio la mitad del país, o sea, la más rica e industrializada, que ha labrado su prosperidad gracias al trabajo de los miserables emigrantes sureños.
Los dos partidos --el Democrático de Izquierda (PDI) y el de Refundación Comunista (PRC)-- que enviaron a sus legisladores como integrantes de esta vilipendiada misión de buena voluntad, representan a un gobierno legítimamente constituido con el cual guarda la administración del doctor Zedillo, supuestamente, las mejores relaciones amistosas.
Y son los votantes de estas dos fuerzas políticas, hoy por hoy mayoritarias en Italia, quienes están luchando contra los intereses de los separatistas, que amenazan con tomar las armas y desatar una guerra civil a fin de lograr sus propósitos. Con sus declaraciones irresponsables contra los diputados del PDI y del PRC, hechas con el nítido objetivo de desprestigiarlos públicamente, el equipo de Labastida Ochoa parecería estar favoreciendo a los partidarios de la Padania, con los cuales, en el fondo, mantiene plenas coincidencias.
Ayer, frente al ex convento del Carmen, en San Cristóbal, se produjo un risible sainete que en otras circunstancias habría resultado de lo más divertido. Ocurre que don Ricardo Díaz Martínez, un coleto auténtico, dueño de inmensos poderes económicos gracias a que controla una red de transporte que saquea la madera preciosa de la selva Lacandona, ha decidido lanzarse como candidato del PRI a la alcaldía de la antigua Ciudad Real.
Como la elección interna dentro del partido del régimen será muy pronto, don Ricardo pensó con astucia que necesita captar el apoyo de sus conciudadanos, y no le vino a la mente idea mejor que organizar una lluvia de huevazos y tomatazos podridos en contra de los observadores italianos que a la una de la tarde estaban celebrando una rueda de prensa para responder a las acusaciones que han caído a raudales sobre ellos.
De esa manera, don Ricardo convocó a doña María Cristina Hernández Grajales, otra coleta auténticamente racista, y a don Mariano Ochoa, director de Obras Públicas del municipio de San Cristóbal, y con una docena de pepenadores adscritos a la Dirección de Limpia y Salud (que así se llama) de la misma jurisdicción, se plantó frente al ex convento con una docena de pepenadores al acecho de sus presas.
La maniobra no podía ser más burda, pues hasta una nietecita de don Ricardo, emparedada entre dos cartulinas xenofóbicas, mataba el tiempo con una bolsa de huevos y tomates y no negaba su intención de atacar en cuanto le dieran la orden.
Los pepenadores formaron una valla con carteles que definían a los italianos como ``perros'', ``degenerados'', ``basura'', ``escoria'', y doña María Cristina rompió a declamar para la televisión de peluche que ése era ``el sentir de los verdaderos chiapanecos, hartos de la intromisión extranjera'', etcétera.
De pronto me llamó la atención un cartel que declaraba que los pacifistas europeos eran ``non gratos'', y viendo que el letrero era sostenido por un chamula, me acerqué a preguntarle, con toda mi ignorancia a cuestas, qué significaba ésa expresión en latín. Como el indígena no sabía leer siquiera las palabras de su pancarta en castilla, don Ricardo intervino para tratar de alejarme, y en sólo 10 minutos doña María Cristina, y él mismo, me acusaron por ser ``italiano'', ``español'', ``hippie'', ``puto'', ``chorreado'', ``vago'', ``no trabajador'' y otros delitos de esa índole, creando un entretenido episodio que desde luego fue retransmitido a todo el país por Televisión Azteca.
Sin embargo, a causa de esto, don Ricardo no pudo actuar su numerito patriótico, a raíz del cual pensaba aumentar seguramente el apoyo de sus conciudadanos para ganar las elecciones internas del PRI, y en octubre, la alcaldía coleta.
Otro que anda desobedeciendo al presidente Zedillo respecto a que ``no se vale usar el conflicto en Chiapas con fines electoreros'', es el diputado suplente de Ocosingo, Juan Félix Villafuerte, que la noche del miércoles y la mañana del jueves orquestó, presentándose como ``operador político de Roberto Albores Guillén'', la violenta agresión de los paramilitares del MIRA contra los italianos en Taniperla.
Villafuerte, en una conversación con el tonto del pueblo, reconoció que aspira a ser candidato del PRI a la alcaldía de Ocosingo, y dijo que en su muy personal opinión se lo merece porque ``tengo mucho trabajo de base por aquí''. El fue, por ejemplo, quien esparció entre los priístas de Taniperla el rumor de que los italianos estaban armados, y fue, él también, quien les distribuyó los garrotes con los cuales amagaron a los europeos. Hay, para su desgracia, una foto que así lo documenta.
Y fueron estos paramilitares lidereados por Villafuerte quienes golpearon hasta dejar sin aliento al periodista francés Pierre de Vallombreuse, corresponsal en México de la revista GEO, a quien por error presenté en mi crónica de ayer como ``observador de derechos humanos'' y no como profesional de la noticia, por lo cual, a nombre del tonto del pueblo, le ofrezco una disculpa.
En mayo --le dijeron al tonto del pueblo analistas bursátiles en febrero pasado--, nosotros calculamos que Zedillo se lanzará con todo para liquidar a los zapatistas.
Ayer, coincidiendo con este diagnóstico, el Canal 13 de la televisión aseguró que ``dentro de algunos días, el gobierno de Albores Guillén acabará, de una vez por todas, con los municipios autónomos''.
Informes publicados a lo largo de la semana en este diario por Hermann Bellinghausen, han estado insistiendo en que el próximo concejo rebelde que Albores Guillén atacará muy pronto no es otro que el de San Juan de la Libertad, cuya sede se localiza en la cabecera del municipio constitucional de El Bosque.
Otros reportes, por lo demás, aseguran que Albores Guillén tiene todas las providencias tomadas para asaltar, por increíble y espeluznante que suene, el municipio autónomo de Polhó, donde viven más de 8 mil refugiados en condiciones infrahumanas, entre ellos los sobrevivientes de la matanza de Acteal.
Para consolidar este cuadro, en círculos aledaños al gobernador, que anda por todas partes jactándose de ser nada menos que ``el libertador de Chiapas'', hay quienes aseguran que este Simón Bolívar de opereta ya descubrió que el único líder del municipio de San Pedro de Michoacán, cuya cabecera rebelde está en La Realidad, no es otro que el comandante Tacho, y que muy pronto lo encerrarán en el penal de Cerro Hueco.
Si a esto se añade la exhortación hecha el jueves por Emilio Rabasa, para que el Congreso modifique a la brevedad posible la Ley para el Diálogo y la Reconciliación, puede sensatamente concluirse que la predicción de los analistas bursátiles era correcta. Van por todo. Esta vez, dicen, es la buena.
Es muy posible que la extraordinaria torpeza con la cual el régimen está llevando las cosas en Chiapas hasta un punto sin retorno, mucho tenga que ver con las investigaciones que practica la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, organismo controlado por el PAN y el PRD, que se niega a validar la pretensión del Ejecutivo federal de convertir en deuda pública --y dejar caer sobre las espaldas ciudadanas-- los 552 mil millones de pesos que entre 1995 y 1997 el gabinete económico de Zedillo entregó a la banca para tratar, inútilmente, de salvarla.
El procedimiento que se busca para echarnos encima esa nueva y gigantesca deuda, no puede ser legal, dice el apéndice legislativo, porque el ``gobierno'' lo hizo sin pedir la autorización del Congreso. Ahora, esta omisión es la causa de los mayores desvelos en Los Pinos, donde la angustia no le permite a nadie examinar con claridad cuán peligroso es el camino que han elegido para Chiapas.