Implacable aplicación de la ley, aun a menores: Del Villar

Humberto Ortiz Moreno Ť Así sean menores, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) será inflexible en la aplicación de las leyes, estableció ayer el titular de la institución, Samuel del Villar Kretchmar, horas después de que la 57 agencia investigadora remitió a los nueve niños de la calle detenidos antenoche, tras el enfrentamiento contra judiciales, al Consejo Tutelar para Menores.

Los delitos imputados a los jovencitos, cuyas edades fluctúan entre los 11 y 16 años, son daños en propiedad ajena, resistencia a particulares y contra la salud, que son investigados de oficio por la autoridad. ``Nosotros cumplimos con nuestra obligación'', recalcó, de perseguir el delito y detener a quienes estaban asaltando a ciudadanos en la Alameda Central, sobre avenida Juárez.

En entrevista previa a su participación en una sesión del Consejo de Seguridad Pública de la delegación Coyoacán, el procurador capitalino afirmó que es deber de la Policía Judicial del DF proteger la seguridad de los habitantes de la ciudad, ``cosa que hizo con eficacia'', y cumplió con su misión de poner a disposición del Ministerio Público especializado a los menores infractores.

No habrá equivocación, dijo, porque a toda la persona que comete ilícitos contra la población será detenida, investigada y finalmente consignada ante las autoridades competentes.

Interrogado sobre la posibilidad hipotética de que la secretaria de Gobierno, Rosario Robles Berlanga, interviniese nuevamente para liberar a los niños de la calle, como ocurrió en otro caso reciente de confrontación entre policías preventivos y miembros de esa misma comunidad infantil habitante de coladeras en la Alameda Central, el funcionario consideró necesario preguntárselo a ella. ``Nuestra competencia fue cumplida'', remarcó.

Insistió en que la PGJDF hace la consignación de acuerdo con las constancias que existan y él, como abogado de la ciudad, tendrá que presentar los cargos correspondientes. Incisivamente cuestionado, recalcó con firmeza: ``Nosotros tenemos que proceder conforme a los hechos, denuncias y querellas que recibimos''.

Y para concluir, Del Villar Kretchmar ratificó que estas acciones de la institución son parte de la política marcada por el jefe de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, en el sentido de cumplir con la ley para garantizar los derechos de la población. De acuerdo con los hechos asentados en la averiguación previa 57/231/98-05, los menores estaban drogados cuando enfrentaron a los agentes judiciales.

Todo inició cuando una unidad de la Policía Judicial, la número 0516, ``intentó poner orden en dicho sitio'' y fue requerido su auxilio por unos transeúntes que denunciaron haber sido asaltados, lo mismo que otras personas e incluso automovilistas, por niños de la calle que habitan en las coladeras de la Alameda Central.

El vehículo oficial fue recibido a pedradas y con golpes de palos, sufriendo daños materiales de consideración, y los policías tuvieron que pedir refuerzos.

El primer apoyo en llegar fue el de la patrulla 01451, pero también sufrió igual recepción.

Humberto Ortiz Moreno Ť El jefe de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, urgió al procurador Samuel del Villar para que presente cuanto antes el paquete de reformas penales que pongan coto inmediato a la impunidad y a la delincuencia, pues hasta ahora la autoridad enfrenta legalmente maniatada al crimen organizado.

Al respecto, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) citó que en el caso de narcotraficantes o en farmacodependientes, la PGR los remite a consejos de atención que posteriormente, al cabo de un tratamiento insuficiente, los liberan para provocar formas de criminalidad más graves.

El funcionario informó a vecinos de la delegación Coyoacán, durante reunión del Consejo de Seguridad Pública de la demarcación, que el ingeniero Cárdenas Solórzano le ha requerido entregarle lo más pronto posible el proyecto de modificaciones a los códigos penales que permitan a las autoridades entrar a la solución de los problemas que en la materia más afectan a la ciudadanía, pues actualmente en muchos casos está limitada su actuación.

Comentó que en el caso de vendedores de drogas, la Prpcuraduría General de Justicia del DF los remite a la Procuraduría General de la República y esta institución los envía a consejos tutelares que, al cabo de una certificación preliminar, los manda otra vez a las calles.

Lamentó Del Villar que actualmente haya ciudadanos que evitan hacer imputaciones en contra de sus agresores y esto impide que el juez abra proceso legal. Por tanto, consideró imperativo generar mecanismos que ofrezcan todas las garantías y seguridad para que los ofendidos puedan presentar su denuncia sin temor a la reacción de los delincuentes.

Reconoció, sin embargo, que los recursos son escasos y por ello habrá de tenerse un orden de prioridades para que la autoridad actúe.

Del Villar Kretchmar estableció que es momento de formalizar la relación de la PGJDF y la Secretaría de Seguridad Pública con la población, garantizando que para ello ``hay liderazgo'' en el gobierno capitalino.

Pide contrarrestar la influencia de criminales sobre centros de población

Juzgó prioritario combatir frontalmente la violencia y el tráfico de drogas que han rodeado el entorno fundamental de la juventud y la niñez de la ciudad, quitando a los criminales el manejo y la influencia sobre los centros de población.

Más tarde, en entrevista de prensa, el procurador capitalino delineó lo que serán los ejes fundamentales de la reforma legal penal en puerta, a partir de las propuestas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal al jefe de gobierno y de éste a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Precisó que, en primer lugar, es necesario reformar los reglamentos de Justicia cívica y de Gobierno; el de Tránsito y de Transporte, para restablecer la autoridad de la Secretaría de Seguridad Pública sobre el orden público en la ciudad en la materia.

Es preciso, añadió, revisar el proceso de justicia cívica para implantar la competencia del Poder Judicial del Distrito Federal y de la justicia de barandilla. Esto, explicó, para implantar un procedimiento oral, ágil y efectivo que inhiba realmente al criminal de peligro, siempre dentro del marco de la ley.

Confió Del Villar Kretchmar en que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reforme el marco vigente para establecer las normas y leyes necesarias para el combate eficaz contra la delincuencia que reclama la población.