Antier, el coordinador del diálogo en Chiapas, Emilio Rabasa, formuló a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) una solicitud en el sentido de que esa instancia legislativa modifique el marco normativo del diálogo para la paz entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El funcionario afirmó que la demanda gubernamental se refiere tanto a la Ley para el Diálogo, la Reconciliación y la Paz Digna en Chiapas como a los acuerdos de San Miguel y a las reglas generales de la agenda.

Por principio de cuentas, ha de considerarse que la petición referida es improcedente en todas sus partes, porque no es la Cocopa la instancia correcta para modificar la ley mencionada ni los acuerdos de San Miguel. La primera sólo podría ser alterada por el Congreso de la Unión, y no por una de sus comisiones, en tanto que la revisión de los segundos correspondería, en todo caso, a sus signatarios, que son el gobierno y el EZLN.

Pero la demanda expresada por Rabasa a los miembros de la Cocopa no sólo es equívoca en lo formal, sino también en el fondo: si el proceso de pacificación en Chiapas ha llegado al empantanamiento en el que actualmente se encuentra, ello no obedece a defectos en la ley para el diálogo ni en los acuerdos de San Miguel, ni, como viene insinuando el poder público, a la presunta parcialidad de la Comisión Nacional de Intermediación. El estancamiento se debe, más bien, a la negativa gubernamental a aceptar el documento de la Cocopa sobre modificaciones constitucionales y legales en materia de derechos y cultura indígenas, el cual recoge de manera fiel los Acuerdos de San Andrés entre las autoridades federales y los indígenas rebeldes.

Es tan evidente la mala dirección de la petición gubernamental, que resulta obligado preguntarse si las declaraciones de Rabasa no son un ejercicio de sondeo de la opinión pública y los sectores políticos ante una eventual decisión de desconocer a la Conai, alterar en forma unilateral los instrumentos y las normas de contacto entre las partes en conflicto, y de declarar que los rebeldes son los responsables de la suspensión de las gestiones pacificadoras.

En esta perspectiva, debe considerarse que acciones semejantes equivaldrían a destruir los pocos elementos de contención del conflicto que aún persisten --la existencia de la Conai, de la Cocopa, de los acuerdos de San Miguel y de la ley para el diálogo-- y que ello, a su vez, llevaría al país a una confrontación de saldos trágicos en lo humano, en lo material, en lo económico y en lo moral.

Si las autoridades realmente desean reactivar el diálogo y la negociación para alcanzar en Chiapas una paz justa, digna y sin exclusiones, en vez de afanarse en descalificar a la Conai y en alterar las normas de la pacificación, tendrían que empezar por aceptar plenamente los Acuerdos de San Andrés, dar coherencia y solidez a la investigación de la matanza de Acteal y suspender el acoso militar contra las comunidades indígenas de Chiapas.