Bonilla: cerca de 15 millones de mexicanos, en el subempleo

Fabiola Martínez Ť El secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Bonilla García, reconoció que alrededor del 40 por ciento de la población económicamente activa (cerca de 15 millones de mexicanos) se ubica en el subempleo, es decir, aquéllos que no están incorporados a las instituciones de seguridad social. Por eso --reiteró-- el principal reto que enfrenta el país es la generación de un millón de empleos anuales.

Sostuvo que no todo el sector informal de la economía --en el que se incluyen vendedores ambulantes, comerciantes en pequeño y trabajadores por su cuenta, entre otros-- es sinónimo de precariedad; ``hay quienes no están incorporados a las instituciones de seguridad social, que pueden trabajar exitosamente''.

Sin embargo, admitió que ``una gran parte'' de quienes integran el sector de la informalidad ``trabajan en condiciones precarias o malas'', situación que debe revertirse gradualmente al trasladarlos al empleo formal y a sectores más desarrollados y protegidos.

El funcionario dio respuesta a los señalamientos que un día antes emitió el director de la Organización Internacional del Trabajo para México y el Caribe, Jean Maninat, respecto de que 40 por ciento de los empleos en América Latina --incluido nuestro país-- pertenecen al sector informal.

En México, dijo Bonilla, la población crece en 1.7 millones de personas cada año y los habitantes que buscan incorporarse a la vida productiva, ingresar a una fábrica, a un taller o a un comercio, se ubican alrededor de un millón anual; no obstante, los porcentajes que hacen referencia al subempleo ``son aproximaciones o convenciones, porque ello depende de la definición que hagamos de lo informal''.

Es decir, advirtió, si no somos capaces de generar un esfuerzo y una visión conjunta que permita a las empresas desarrollarse, generar los recursos para hacer más inversiones y crear más fuentes de empleo, ``no sé cómo vamos a resolver el problema''.

Indicó que la única manera de lograr ese objetivo es a través de un crecimiento alto y sostenido por muchos años que se genera entre los inversionistas privados, ``no en el sector público'', por lo que con una dinámica de expansión de las empresas podrán generarse los empleos que necesitamos.

``Este es el principal problema que debemos resolver de manera conjunta todos los mexicanos, y en el que debemos concentrar la mayor atención de aquí en adelante'', opinó.

No se violan derechos de trabajadores

Al clausurar el 23 congreso general ordinario de Alijadores, el funcionario aseveró que las conquistas de los trabajadores y sus derechos legítimamente alcanzados, especialmente la contratación colectiva, no podrán ser violentados de manera alguna. ``Ningún cambio que debiera proponerse en el marco normativo hará que se violenten sus derechos fundamentales'', manifestó.

Destacó que la contratación colectiva ha sido y seguirá siendo el instrumento privilegiado con que cuentan patrones y obreros, no sólo para dirimir sus conflictos o resolver sus controversias, sino para fomentar un ambiente de cooperación que permite estimular mejores empresas, productos de mejor calidad y mayor competitividad, ``única vía para producir la apertura de más fuentes de empleo en el país''.

En tanto, los organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentarán este año su proyecto de ``adecuaciones'' a la Ley Federal del Trabajo (LFT), cuyo eje de referencia es generar más y mejores empleos con ``una apertura amplia y flexibilidad en los modos de contratación''. Eduardo Bours, presidente del CCE, advirtió que las modificaciones a la normatividad laboral se determinarán en consenso con el sector laboral, ``antes que con el gobierno, partidos políticos o legisladores''.

De las reuniones previas entre los representantes del Congreso del Trabajo y del CCE ante una eventual reforma a la LFT, Bonilla García informó que en el ``Diálogo hacia la Nueva Cultura Laboral'' han surgido diversas propuestas ``concretas'' en las que se exige a la autoridad laboral mayor transparencia en los procesos de registro sindical y disputa de titularidad de contratos colectivos, así como la eliminación del escalafón ciego.

Del primer punto comentó que 80 por ciento de las demandas que se producen por conflictos de titularidad concluyen por desestimiento del actor, es decir, que no existían las bases suficientes para iniciar el trámite referido. En muchos casos, reconoció, supuestos sindicatos demandan la titularidad de un contrato colectivo ``no siempre con el apoyo de los trabajadores'', por lo que la propuesta de ambos sectores es que las autoridades vigilen celosamente la legitimidad de quienes promueven las demandas.

Este año, proyecto para ``adecuar'' la LFT: IP

Al dar a conocer las conclusiones del seminario ``Realidad Laboral del Siglo XXI'', convocado por el CCE y la OIT, Eduardo Bours, sostuvo que las posibles adecuaciones a la normatividad laboral serán ``rigurosamente por consenso'' entre el sector obrero y empresarial.

Los organismos que integran el CCE --informó-- presentaremos este año nuestro proyecto de ``adecuaciones'' a la Ley Federal del Trabajo (LFT), cuyo eje de referencia es generar más y mejores empleos con ``una apertura amplia y flexibilidad en los modos de contratación. Por lo pronto, se pronunció a favor del trabajo por horas, ``sin perder prerrogativas en materia de seguridad social''.

Recordó que desde 1995 representantes de los organismos afiliados al Congreso del Trabajo y de la llamada cúpula empresarial se han reunido en el contexto de la nueva cultura laboral. Se espera que la próxima semana los representantes del CCE y de la Unión Nacional de Trabajadores inicien las conversaciones sobre el tema en cuestión

En conferencia de prensa, Bours y el dirigente de los industriales, Jorge Marín Santillán, sostuvieron que las conquistas laborales, especialmente aquéllas de prestaciones económicas, ``no se tocarán'' y que las modificaciones se encaminarán a impulsar el empleo, la educación y competitividad.

A quienes nos corresponde intervenir en este proceso es a los empresarios y a los trabajadores. Después podrán participar el gobierno, los partidos políticos y los legisladores. Lo más importante ``es eliminar del análisis previo ideologías, tabúes y frases prefabricadas'', agregó el presidente del CCE.

En las conclusiones del seminario, las organizaciones empresariales que integran el CCE destacaron que las adecuaciones y desregulación de las normas laborales servirán como un mecanismo de apoyo ``en la eliminación de obstáculos que inhiben el desarrollo de las empresas y limitan la creación de empleos'', por lo que en este camino se debe impulsar la presencia de una apertura amplia en formas y modos de contratación, dentro de un marco normativo acorde con las necesidades actuales.

Asimismo, se refirieron a la ``flexibilidad en el campo de la contratación que dé respuesta más ágil y versátil ante los retos de la necesidad de empleos que se origina de manera especial en la presión demográfica''.