El gobierno federal viola la Constitución al tratar de impedir el libre tránsito, lo mismo si se trata de nacionales que de extranjeros. También viola la Carta Magna cuando finalmente autoriza a algunas personas a transitar: no se requiere permiso de ninguna naturaleza para ir de un lugar a otro.

La libertad de tránsito es de aquellas que se consideran fundamentales, y fue conquistada con mucho esfuerzo y mucha sangre. La Secretaría de Gobernación no tiene ninguna facultad para restringir el libre tránsito. Es una vergüenza para México que su gobierno se ponga a discutir esta libertad y argumente que se trata de extranjeros, como si éstos no fueran individuos protegidos por la Constitución: las autoridades mexicanas no tienen la atribución de otorgar visas para visitar solamente una ciudad u otra, excluyendo al resto del país.

No obstante la actitud claramente ilegal del gobierno en su intento de limitar el libre tránsito de un grupo de ciudadanos italianos que visitan México, las autoridades siguen amenazando a esos visitantes con expulsarlos del país.

El Presidente de la República, por su parte, se dirige a los extranjeros que se interesan por lo que ocurre en Chiapas, les manda a estudiar la historia de México, les recuerda su pasado colonialista, les pone el ejemplo de Juárez y les dice que en México no se oprime a los indios. Lástima que Zedillo no haya dicho lo mismo en Washington o en Davos.

Si de estudiar historia se trata, pues abría que empezar por aquella en la que el pueblo mexicano conquistó las garantías individuales, tanto para los nacionales como para los extranjeros. Si se requiere enjuiciar al colonialismo, podría decirse que los extranjeros que han dañado a México no vinieron de observadores, sino con cañoneras, ejércitos y capitales, con el propósito de saquear al país. Si hay que recordar a Benito Juárez, habría entonces que hablar de la defensa del sistema republicano en el que el pueblo es el soberano. Si tenemos que referirnos a los pueblos indios, sería una imperdonable hipocresía negar la historia de opresión y el estado de pobreza en que se encuentran.

La opresión de los indios es esencialmente política. Los pueblos indios de nuestro país carecen de instituciones propias; su derecho a la autodeterminación --firmado por México en el Convenio de la OIT-- no es más que de papel.

El gobierno de Ernesto Zedillo afirma que la autodeterminación de los pueblos indios será ejercida por las comunidades indígenas. Se cambia el sujeto: de pueblos a comunidades. Se propone, así, seguir desconociendo la existencia de pueblos dentro de la nación mexicana.

Crece, sin embargo, el movimiento de autodeterminación y autonomía de los pueblos indios. Cuando Zedillo se lanza contra los llamados municipios autónomos de Chiapas, lo que busca es que el estado de rebelión declarado el primer día de enero de 1994 no sea fuente de derecho. Se busca el desconocimiento de los acuerdos de San Andrés (los cuales tienen base jurídica incuestionable, otorgada por una ley del Congreso), tanto con su no aplicación como con su sustitución por una reforma constitucional que los niegue.

El problema concreto a este respecto es el valor de los compromisos que asume el gobierno de Zedillo. Cuando se firmaron los acuerdos de San Andrés se dio por terminada una fase de las negociaciones: derechos y cultura indígenas; pero cuando se desconocieron esos mismos acuerdos, las cosas no podían volver a empezar. La situación se ha complicado, al grado de que mientras el Presidente afirma casi todos los días que no quiere agredir a los indios de Chiapas, la fuerza pública y el Ejército se lanzan contra los paupérrimos poblados donde los zapatistas intentan crear nuevas instituciones.

Si bien es cierto que los municipios son creados por los estados de la Unión, a través de una ley, también lo es que ninguna institución popular se formó antes en el papel que en la realidad. Por ello se proclaman municipios sin decreto, en un estado donde no existe Poder Legislativo, ni Ejecutivo ni Judicial, ni nada más que la fuerza, y donde el PRI es un grupo armado con la protección del gobierno federal. En el fondo, lo más importante es la reivindicación de regiones autónomas, dentro de los estados, con sus municipios y sus propias instituciones, en las que participen indios y mestizos en igualdad y con pleno respeto a los principios democráticos.

México seguirá siendo un país de opresión de los indios hasta que éstos puedan tener acceso al poder público, a través de sus propias instituciones democráticas y dentro de los órganos estatales y federales.