Cambiar el marco legal del diálogo, plantea Rabasa

José Gil Olmos y Andrea Becerril Ť El representante del gobierno federal en el conflicto chiapaneco, Emilio Rabasa Gamboa, pidió a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) modificar el marco normativo que rige el diálogo para la paz en esa entidad, en virtud de que la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), presidida por el obispo Samuel Ruiz, no cumple con la imparcialidad prevista en la ley, y de que el EZLN declaró unilateralmente la suspensión de las negociaciones.

Sin embargo, rechazó que esta petición equivalga a reactivar las órdenes de aprehensión contra la dirigencia zapatista, como lo expresó el subcomandante Marcos en un comunicado emitido el fin de año pasado, en el que aseguró que el gobierno federal trataría de suspender la Ley para el Diálogo, la Reconciliación y la Paz Digna en Chiapas.

En conferencia de prensa, luego de la reunión que sostuvo con los legisladores de la Cocopa en el University Club, Rabasa consideró que la existencia de los municipios autónomos instaurados por simpatizantes zapatistas en Chiapas representa, en este momento, el mayor ``peligro'' y el principal ``atentado'' para la democracia en el país.

Al respecto, rechazó la versión vertida por la Conai acerca de que se ejerce la fuerza contra el EZLN, con la disolución de los municipios autónomos. Dijo que la existencia de éstos es lo que confronta la legalidad y ``desvirtúa'' el establecimiento del estado de derecho y el imperio de la ley.

Aseguró, también en respuesta a la Conai, que los operativos policiaco-militares realizados para desaparecer los municipios rebeldes, no son los que violan los derechos humanos, sino las autoridades ``ilegítimas y espurias'' impuestas a sus pobladores. En este sentido, indicó que entregó un informe sobre la ``inconstitucionalidad'' de dichos municipios, que atentan contra los artículos 29 y 63 de la Constitución de Chiapas y el 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sería imprudente no tomar en cuenta a la comisión, señala el negociador

Rabasa Gamboa informó que se le presentó a la Cocopa la propuesta de revisar el marco normativo del diálogo y la negociación, porque esta instancia representa al Poder Legislativo y sería una imprudencia no tomarlos en cuenta. Argumentó que esta sugerencia parte de la preocupación manifiesta de la comisión sobre la vigencia de dicho marco. ``Como respuesta a todo esto estamos sugiriendo que se haga una revaluación a fondo de dicho marco jurídico y su falta de vigencia y efectividad, al no cumplirse en estos dos aspectos que estoy señalando, tanto en la postergación del diálogo como en la parcialidad del órgano de intermediación'', precisó.

Señaló que la petición de revisar el marco de negociación incluye la ley para el diálogo, los acuerdos de San Miguel, las modificaciones que se le hicieron a estos últimos y las reglas generales de la agenda. Rabasa aclaró que el Ejecutivo federal no tiene por el momento una propuesta específica para reformar el marco general del diálogo, sino que estará atento a la respuesta de la Cocopa a la sugerencia hecha en la reunión con los legisladores.

Asimismo, precisó que no se tiene pensado un retiro de la iniciativa del presidente Ernesto Zedillo en materia de derechos y cultura indígenas, porque ya se encuentra en la competencia del Congreso de la Unión y le corresponde a este órgano decidir al respecto. También aseguró que no se trata de ```echarle la bolita''' al Legislativo para revalorar la vigencia del marco jurídico del diálogo, sino que se trata de respetar a la Cocopa, integrada por legisladores, quienes fueron los coautores de esta ley.

Por otra parte, de la investigación que se sigue sobre la masacre de Acteal, señaló que está en espera de los informes que presente la Procuraduría General de la República (PGR). De igual manera, dijo que se solicitó la investigación sobre la existencia de los grupos armados en Chiapas y del tráfico de armas.

Del repliegue del Ejército en ciertas zonas chiapanecas, como lo plantearon la Cocopa y la Conai, sostuvo que cualquier intento de distensión está condicionado a la realización del diálogo y la negociación, acordada tanto por el gobierno federal como por el EZLN, que este último no ha respetado.

Al final de la reunión con Rabasa, el diputado perredista Gilberto López y Rivas señaló: ``Me parece muy delicado un planteamiento de ese tipo, porque es en realidad un intento vergonzante del gobierno por desaparecer a la Conai''. Agregó que la Cocopa deberá evaluar el documento que le entregaron ayer, aunque esto ocurrirá seguramente hasta el lunes en que sus miembros viajarán a Chiapas.

López y Rivas consideró que replantear las instancias del marco de negociación con el EZLN, como propone el gobierno federal, traería consecuencias lamentables. De hecho, el diputado fue el único de los legisladores de la Cocopa que accedió a comentar el escrito que les entregó Rabasa.

Los senadores panistas Benigno Aladro y Luis H. Alvarez explicaron que deben analizar a fondo el escrito para poder dar un punto de vista, en tanto que el senador del PRI, Oscar López Velarde, resaltó la importancia de que una de las partes en conflicto, el gobierno, responda a los planteamientos de la instancia de coadyuvancia. ``Siempre es mejor una respuesta que el silencio'', agregó, y manifestó su desacuerdo con el comentario de López y Rivas en torno a la reunión.

El perredista declaró que en realidad no hay nada nuevo en la respuesta gubernamental, pues sólo hay reiteraciones o evasivas en lo que se refiere a los diez puntos planteados por la Cocopa y la Conai como condiciones indispensables para la reanudación del diálogo con el EZLN, además de que introduce otras exigencias, como el replanteamiento del marco jurídico de la negociación.

Lo más grave de lo planteado en el documento de la Secretaría de Gobernación, agregó, es la caracterización que se hace de la Conai ``y la petición de que reconsideremos el marco mismo de la negociación. Ello no es más que un intento vergonzante de desaparecer a esa instancia''.

Consideró que se trataba de un documento defraudante, de confrontación, como ha sido la política del gobierno hacia Chiapas, y es un punto más de preocupación en el interrumpido proceso de paz.