Serán expulsados quienes entren sin permiso a Taniperlas, advierte Solís Cámara

José Gil Olmos Ť El gobierno mexicano no aceptará provocaciones y aplicará la ley si la delegación de 118 observadores de derechos humanos de Italia entran sin autorización a las comunidades de Taniperlas y Amparo Aguatinta, Chiapas, aseveró el subsecretario de Población y Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación, Fernando Solís Cámara, quien incluso advirtió que podrían ser expulsados inmediatamente.

``En México no queremos turistas revolucionarios ni experimentos de observación'', afirmó el funcionario en conferencia, tras indicar que el gobierno en ningún momento aceptará que grupo alguno lo amenace o provoque, en alusión a la decisión tomada por la delegación italiana de entrar a las dos comunidades mencionadas sin la autorización previa.

Solís anunció que se había otorgado un permiso a 10 de los observadores -incluyendo a los cuatro parlamentarios- para visitar las dos comunidades donde se disolvieron los municipios autónomos Ricardo Flores Magón y Tierra y Libertad.

Además, dijo que en las próximas semanas se darán a conocer los ajustes a las reglas de internación de observadores extranjeros, para que sólo sean autorizados grupos pequeños de 10 como máximo que acrediten experiencia, seriedad y representatividad, pues muchos de los que han llegado al país ``carecen'' de esas atribuciones.

Al argumentar la decisión de no autorizar el ingreso de la caravana, señaló que lo contrario podría generar una reacción negativa de una parte de los pobladores, ``quienes han exigido que no se les permita entrar''. Insistió en que la situación en ambas localidades es ``sensible'', porque recientemente las autoridades locales habían decidido disolver los municipios autónomos. Afirmó que sería ``irresponsable'' dar la autorización a los italianos y ``propiciar una situación delicada''.

Ayer al mediodía, mientras en Ocosingo los italianos decidieron traspasar el retén migratorio, en la Secretaría de Gobernación el director general del Instituto Nacional de Migración (INM), Alejandro Carrillo Castro, consideraba esa acción ``un acto abierto de provocación'' al gobierno mexicano.

Según el funcionario, la intención de los observadores era ``demostrar que en el gobierno de México hay interés de que no se participe en esas actividades de observación'', ante lo cual afirmó: ``No hay nada que ocultar''.

En este sentido fue que habló de la ``prudencia y flexibilidad al máximo'' del gobierno mexicano para no aceptar provocaciones de algunos miembros de la delegación italiana, ``quienes ya venían con esa intención al programar la visita de un grupo tan numeroso de observadores''.

Carrillo mencionó que algunos de los observadores italianos indujeron a los demás miembros de la caravana para no aceptar la propuesta de que sólo 10 de ellos ingresaran a Taniperlas y Amparo Aguatinta.

El director del INM aseguró que en su programa original no existía la petición de visitar esas localidades sino viajar únicamente a San Andrés Larráinzar, San Cristóbal de las Casas y Las Margaritas, pero como ``muestra de la flexibilidad'' del gobierno mexicano se había aceptado la entrada de 10 de los italianos a las otras dos comunidades indígenas.

Sin embargo, Carrillo Castro mencionó que ante el ``acto de provocación'' de ingresar todo el grupo a los lugares no autorizados se violaban las leyes mexicanas y se establecía la posibilidad de cancelar la calidad migratoria para expulsar a los italianos del país.

``En síntesis -señaló Solís Cámara-, el gobierno mexicano no va a aceptar provocaciones de parte de los observadores extranjeros; se aplicará la ley a quien o quienes induzcan al grupo de observadores a que violen la ley mexicana.''

Nueva reglamentación para observadores extranjeros

Durante la conferencia de prensa, Solís Cámara informó sobre los próximos cambios al reglamento interno del Instituto Nacional de Migración para acotar la llegada de grupos de observadores extranjeros a México.

El funcionario explicó que se trata de permitir el ingreso de ``observadores serios, con experiencia y que tengan una representatividad'', lo que se establecerá con las nuevas reglas. Además, indicó que no se aceptarán grupos masivos que utilicen el territorio nacional para recrearse y realizar ``turismo revolucionario''.

Y precisó: ``Un grupo de 10 observadores que pueda venir a nuestro país y recorrer las zonas chiapanecas es lo suficientemente grande para poder percatarse de cuál es la situación, cuáles son las posiciones de las partes y que puedan entrevistarse con los funcionarios que ellos consideren prudente''.

Asimismo, apuntó que además de precisar los lugares donde viajarán se establecerá una temporalidad para hacer el recorrido propuesto.

Dijo que eso es necesario porque muchos de los observadores que han llegado a México recientemente no tienen la representatividad y la seriedad necesarias, e incluso algunos es la primera vez que efectúan esa labor internacional.

``No se usó a la ACNUR comopretexto'' en Tierra y Libertad

Respecto a la denuncia de que los gobiernos estatal y federal usaron como pretexto la solicitud del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de proteger a un guatemalteco para desmantelar el municipio rebelde Tierra y Libertad, Solís Cámara rechazó esa idea y explicó que el gobierno de Chiapas tomó esa determinación para liberar a dicha persona.

``El hecho es que los municipios autónomos son ilegales, y por lo tanto el gobierno de Chiapas está en su derecho de actuar como lo ha venido haciendo'', sostuvo el subsecretario de Gobernación.

Por otra parte, sobre la investigación a la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) y al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas por la emisión de credenciales a extranjeros y nacionales como observadores, aclaró que la violación a las leyes es porque sólo con autorización del Instituto Nacional de Migración se pueden dar esas acreditaciones a los ciudadanos de otros países.

Carrillo Castro dijo a su vez que no se trata de una denuncia sino de un ``estudio jurídico'', para saber cuáles son las violaciones a las leyes migratorias que se cometieron con la entrega de esas credenciales a extranjeros.