Negocian México y Estados Unidos compartir activos incautados al narco

David Aponte Ť El gobierno de México integró un grupo de fiscalización de los bienes decomisados al narcotráfico y a la delincuencia organizada, para evitar ``la destrucción, desaparición o mal uso'' de los recursos. A partir de la mencionada iniciativa, las autoridades mexicanas negocian con Estados Unidos un nuevo acuerdo de compartición de los activos asegurados a los cárteles de la droga, de acuerdo con información de las secretarías de Hacienda y Relaciones Exteriores.

La nueva junta de fiscalización de los bienes incautados --integrada por Hacienda, Gobernación y la Procuraduría General de la República-- está obligada a rendir informes pormenorizados al Poder Judicial federal respecto del manejo y administración de los activos. Como una medida adicional sobre el manejo transparente, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo tiene la facultad de vigilar la actuación del grupo intersecretarial, indican.

Los bienes asegurados a las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico serán destinados a los operativos antinarcóticos y a instituciones de beneficencia. Los activos podrán ser compartidos con el gobierno de Washington, cuando las agencias estadunidenses colaboren en las investigaciones, según los reportes de las dependencias.

Actualmente, las autoridades federales de México y Estados Unidos elaboran un nuevo convenio de compartición de activos incautados a los cárteles de la droga y, en general, al crimen organizado. El nuevo texto sustituirá al signado en 1995, denominado Tratado Mutuo de Asistencia Legal.

Los responsables de la lucha contra las drogas de ambos países buscan agilizar los trámites para la confiscación de los bienes propiedad de los jefes de las mafias, compartir los activos de manera equitativa y utilizar los recursos en los operativos antinarcóticos, según la información de la cancillería. Las agencias de combate a los cárteles de México y Estados Unidos buscan una rápida acción judicial en este terreno, el aseguramiento inmediato de las propiedades, cuando los jueces de ambos lados giren las órdenes respectivas, agrega.

Paralelamente, el gobierno mexicano conforma las instancias de supervisión y manejo de los activos. De esa forma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público integró un mecanismo desconcentrado para la fiscalización y utilización de los recursos, denominado Servicio de Administración de Bienes Asegurados, indican los reportes. El mecanismo tiene una junta de gobierno --encabezada por el encargado de las finanzas nacionales, José Angel Gurría-- que tiene el encargo de administrar los bienes ``para que éstos no se alteren, deterioren, desaparezcan o destruyan'', mencionan.

El gobierno federal pretende un manejo claro de los recursos incautados al narcotráfico y a los grupos criminales. Con la intención de ofrecer certeza a esta actividad, fijó una serie de lineamientos para el desempeño de los agentes del Ministerio Público y la Policía Judicial Federal: los funcionarios públicos levantarán un inventario pormenorizado de los activos, y solicitarán un avalúo para proteger el derecho a reclamar cualquier pérdida o deterioro. Al mismo tiempo, tendrán la obligación de proveer las medidas para evitar la destrucción, alteración o desaparición de las propiedades; ordenar la inscripción del aseguramiento en los registros públicos, con el objetivo de frenar cualquier tipo de enajenación o gravámenes de mala fe, y entregar sin demora los activos al Servicio de Administración.

El gobierno federal creará ``una base de datos en la que se registrarán los bienes asegurados, decomisados o abandonados, que pueda ser consultada por la autoridad de procuración o impartición de justicia, las dependencias y entidades federales, del fuero común o quien acredite un interés legítimo. Con lo anterior, se busca dar seguridad para lograr un control sistemático, y crear una fuente confiable de información'', se indica.

Las autoridades integrantes del grupo de fiscalización de los bienes tienen la obligación de rendir un informe anual del manejo y estado de las propiedades a la Procuraduría General de la República y al Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial. Los bienes incautados a narcotraficantes y a los jefes del crimen organizado serán entregados a la Tesorería de la Federación, dependencia que los pondrá en subasta pública. Posteriormente, el producto será entregado para el ``apoyo de las tareas de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia o a favor de entidades federativas o municipios, instituciones de beneficencia, investigación científica u otras análogas, según las necesidades de las mismas'', señalan.

Las autoridades mexicanas no contaban con una normatividad para el manejo de los bienes asegurados a los criminales. Por lo general, los funcionarios en turno de la PGR manejaban de manera discrecional los activos incautados. Desde finales del año pasado, las agencias estadunidenses propusieron a México que los activos decomisados al narcotráfico fueran manejados de manera ordenada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora, las partes negocian un nuevo convenio bilateral para compartir los bienes y destinarlos a la guerra contra las drogas.