Pide la IU española capturar a 43 oficiales argentinos por genocidio

Ap, Afp y Reuters, Madrid, 5 de mayo Ť La coalición española Izquierda Unida (IU), de mayoría comunista, acusó hoy ante la Audiencia Nacional a 43 militares argentinos por los delitos de genocidio, terrorismo y tortura, y solicitó a la justicia una orden de búsqueda y captura internacional para todos ellos.

Entre los acusados figura el general Antonio Domingo Bussi, suspendido gobernador de la provincia argentina de Tucumán, y otros seis generales del ejército, cuatro coroneles, tres tenientes coroneles y 29 miembros de los altos mandos de la gendarmería y la policía argentina que durante la última dictadura militar (1976-83) operaban en las provincias de Tucumán y Jujuy.

La presentación de documentos se hizo en el sumario sobre desaparecidos de origen español bajo esa dictadura militar que desde 1996 instruye el juez Baltasar Garzón en el seno de la Audiencia Nacional, máxima instancia penal española.

La coalición española aportó al magistrado una serie de declaraciones juradas de varios ex gendarmes argentinos que en 1977 ``vieron'' cómo en un centro de detención clandestino el general Bussi ``asesinó de un balazo en la cabeza a Ana María Corral, española de origen, de 16 años de edad, entre otras ejecuciones''.

En Buenos Aires, mientras tanto, la justicia condenó hoy a tres años de prisión en suspenso a una mujer --viuda de un oficial de inteligencia naval-- por la apropiación de un menor nacido en un centro clandestino de detención de la provincia de Buenos Aires en 1977, hijo de un matrimonio de uruguayos detenidos-desaparecidos.

Asimismo, la justicia argentina concedió hoy la extradición del croata Dinko Sakic para que sea juzgado en su país de origen por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la Segunda Guerra Mundial, cuando era responsable del campo de concentración de Janesovac, donde se calcula que entre 1941 y 1945 murieron alrededor de 600 mil judíos, serbios, gitanos y croatas opositores.

Mientras, el juez federal Adolfo Bagnasco rechazó las pretensiones del Departamento de Justicia de Estados Unidos de objetar una eventual orden de captura internacional contra cuatro ex directivos de la empresa informática IBM que estarían involucrados en un caso de sobornos por 37 millones de dólares que habría pagado la filial argentina para lograr en 1993 un contrato de informatización del estatal Banco Nación.

``Las autoridades estadunidenses nos han dicho que los cuatro están dispuestos a hacer una declaración jurada en Estados Unidos, pero nosotros los queremos como acusados, no como testigos'', precisó el juez Bagnasco.

Por otro lado, el ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, ofreció públicamente disculpas por sus declaraciones discriminatorias, al pronunciarse contrario a la eventual designación de un homosexual como juez.

En otro orden, un grupo de diputados oficialistas presentó la víspera un proyecto de ley para modificar la Constitución a fin de permitir la segunda reelección de Menem bajo el argumento que la Carta actual ``prohíbe al pueblo reelegir a un buen gobernante''.