En el marco de los empeños encaminados a fortalecer la normalización democrática, la transparencia de los actos del poder público, el pleno estado de derecho y la observancia de los derechos humanos, esfuerzos en los que está comprometida la mayor parte de la sociedad mexicana, resultan disonantes las declaraciones formuladas ayer por el general Miguel Elías Leyva García, comandante de la 35 Zona Militar, en el sentido de que ésta procederá jurídicamente en contra de dirigentes políticos, organizaciones de derechos humanos y medios de información que, según el jefe castrense, difaman el honor del Ejército Mexicano.

La advertencia del militar es preocupante por diversas razones. La primera de ellas es que fue realizada precisamente en Guerrero, una entidad en la que se han documentado múltiples violaciones a los derechos humanos por parte de corporaciones policiacas y de efectivos del Ejército.

Es indudable que los luchadores políticos y sociales, las organizaciones no gubernamentales y los medios de prensa que han dado cuenta de tales violaciones no actúan movidos por un afán difamatorio, sino en un espíritu de preservación de la legalidad y en defensa de las garantías individuales consagradas en la Constitución.

La documentación y divulgación de ilícitos concretos cometidos por algunos integrantes específicos de la institución armada -indispensables para combatir la impunidad y hasta necesarias para preservar la honorabilidad institucional del Ejército- no tienen por qué ser interpretadas como calumnias contra el instituto armado en su conjunto.

Los señalamientos sobre violaciones a los derechos humanos deben ser vistos como un punto de partida ineludible para que las comisiones del ramo, las instancias de procuración de justicia y los propios mandos militares puedan corregir comportamientos indebidos, excesos y abusos de autoridad. En cambio, la intención de silenciar tales denuncias -y esa parece ser la intención intimidatoria de las declaraciones de Leyva García- sólo puede dar por resultado el fortalecimiento de la impunidad de los malos servidores públicos y de los militares que cometen abusos contra la población civil.

En esta perspectiva, más valdría que el jefe de la 35 Zona Militar investigara la veracidad de los señalamientos mencionados -y que, en su caso, procediera legalmente contra los soldados, clases u oficiales acusados- y no que se empeñara en hacer callar a quienes dan a conocer estas denuncias.

Ante los comportamientos incorrectos o delictivos de algunos de sus miembros, las instituciones deben detectar, admitir, corregir y sancionar tales fallos. De esa forma preservan su honorabilidad y su credibilidad social. Así ha actuado el propio Ejército Mexicano en casos como el del general Jesús Gutiérrez Rebollo, acusado de mantener vínculos con el narcotráfico cuando fungía como director del desaparecido Instituto Nacional de Combate a las Drogas. Cabe esperar, por ello, que las declaraciones del general Leyva García sean un mero dislate a título personal, y que no sean reflejo de posturas oficiales.