La mayoría de los centros rebasa el medio siglo; devolverles su competitividad, el reto

José Galán Ť Los mercados públicos de la ciudad de México están a punto de cumplir cuando menos medio siglo. En ese contexto, la falta de cuidado y mantenimiento en sus instalaciones a lo largo de ese lapso por parte de sucesivas administraciones priístas los hizo más vulnerables a los siniestros, como el ocurrido el domingo en la nave mayor de La Merced.

Esa política permitió, en detrimento de los locatarios originales y de la población que allí acudía en búsqueda de precios módicos, incluyendo medio mayoristas en todos los giros, la proliferación de tianguis y de las tiendas de autoservicio y departamentales, reconoce Pablo Lara Ontiveros, director general de Abasto, Comercio y Distribución de la Secretaría de Desarrollo Económico.

``Fueron cincuenta años de congelamiento. No se construyeron más mercados. No hubo una política que permitiera su recuperación, su mantenimiento, su competitividad en las nuevas condiciones de competencia empresarial'', dijo.

Mercados como el Abelardo L. Rodríguez, en pleno Centro Histórico; el de La Viga, el viejo de San Juan; el de Coyoacán, la misma Merced, el mercado de Jamaica, y el resto de los mercados de barrio, diseñados para el abasto de prácticamente todas las áreas delegacionales, cayeron poco a poco en el olvido y el desinterés de autoridades que encontraban, por ejemplo, en los tianguis vías para hacer nuevos negocios, recaudar mayores recursos y, en muchos casos, permitir a socios y allegados la administración de los mismos.

La política de aquel entonces respondía, por un lado, a los intereses de las nacientes cadenas de tiendas departamentales, que atacaban principalmente nichos de mercado de clase media y media alta, bajos esquemas de cadenas estadunidenses, que en un solo local ofrecían prácticamente toda la canasta familiar, además de otro tipo de artículos como discos, ropa, aparatos domésticos y artículos de higiene y limpieza.

Por el otro, a la creciente necesidad de otorgar posibilidades de ganarse la vida a un creciente número de desempleados y de migrantes de otras partes del país, que comenzaron a organizarse, con el apoyo de las autoridades, en tianguis ambulantes que se instalaban cada día en una zona diferente de la ciudad, y que pronto comezaron a ofrecer productos del campo a menores precios, pero también puestos de tacos y de comida tradicional, además de productos de importación restringida como ropa, artículos eléctricos, cigarrillos de contrabando y juguetes.

Mientras tanto, las instalaciones eléctricas, de gas e incluso las estructuras de los 312 mercados existentes en la ciudad cayeron en un estado de precariedad que comenzó a llamar la atención de las autoridades, luego de siniestros y accidentes en algunos de ellos, agregó Lara Ontiveros, lo que obliga ahora a las autoridades del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas a destinar recursos para la revisión y mantenimiento de este tipo de instalaciones, con una cifra aproximada a los 50 millones de pesos.

``Pero lo que también es importante para nosotros -además de la seguridad, desde luego-- radica en devolver a este tipo de establecimientos la competitividad necesaria para devolverles su importancia en los corazones de barrio, con instalaciones adecuadas, mejores canales de abasto y distribución y, en fin, un alto grado de competitividad ante otras opciones comerciales''.

Lara Ontiveros insiste en que estos mercados, a pesar de su abandono, del hecho de que los administradores pertenecen al sindicato de trabajadores del gobierno citadino, SUTGDF --lo que les da calidad de inamovibles--, y de que el valor comercial en algunos de ellos ha caído, ``son importantes fuentes de empleo. En la ciudad de México, estos 312 mercados albergan a 70 mil locatarios, y en conjunto dan empleo directo, allí, en el lugar, a más de 200 mil personas''.

A pesar de la indiferencia priísta de antaño, dijo, ``vamos por ellos, a recuperarlos, a hacerlos competitivos. Pero sobre todo seguros''.

Daniela Pastrana Ť Antes de entregar la administración de la ciudad, el ex regente Oscar Espinosa Villarreal reconoció ante la comisión de enlace del gobierno electo que el análisis y perspectiva del crecimiento del Distrito Federal lo ubican ante ``límites peligrosos'' en el tamaño y el suministro de servicios, por lo que serían necesarias ``decisiones impostergables'' para garantizar la viabilidad de la ciudad en el largo plazo.

De acuerdo con las Memorias de Gestión de la Comisión de Enlace, elaboradas en diciembre de 1997, Espinosa Villarreal planteó como tema fundamental para la agenda, desde la primera reunión, la coordinación fiscal a nivel federal, pues además de la desaparición de las transferencias federales --que en su administración disminuyeron de 22 a 13 por ciento--, se encontró con ``rezago y la politización en las tarifas''. En cuanto al endeudamiento, explicó que ``bajo la circunstancia de una depresión económica severa habría que decidir sobre la puesta en marcha y/o continuación de las grandes obras'', como el saneamiento de agua y la línea B del metro.

Concebida para realizar una transmisión ``transparente y ordenada'' de la administración de la ciudad, la comisión de enlace del DDF y el gobierno electo trabajó del 13 de agosto al 3 de diciembre en torno a tres aspectos fundamentales: financiero, administrativo y temas. Dividida en tres tomos, la memoria de la comisión de enlace describe las 130 reuniones en las que participaron 357 funcionarios del Distrito Federal y 79 colaboradores del jefe de gobierno electo, que significaron 423 horas de trabajo conjunto y la entrega de 457 documentos de diversos temas.

En su presentación, el miércoles 13 de agosto, Espinosa Villarreal explicó que la zona metropolitana del valle de México diariamente ve aumentada su población en mil 100 habitantes, ``lo cual debe ser la base de la estrategia de gobierno''.

Para dar viabilidad política a la ciudad, destacó que ``mejores formas de convivencia, basadas en un nuevo arreglo social'', constituirían ``el fundamento más sólido para garantizar no sólo las relaciones de los capitalinos entre sí, sino también con el gobierno''.

En el aspecto social, destacó como uno de los problemas más delicados la vivienda, ``debido entre otras cosas a la tradicional visión clientelar con que se había venido atendiendo el problema'', y que significa un rezago de más de 250 mil viviendas. Espinosa planteó que se requiere expandir la reserva territorial y realizar esfuerzos para incorporar a familias susceptibles de crédito, dado que ``el 70 por ciento de la población demandante tiene ingresos de hasta tres salarios mínimos''.