DobleJornada, 4 de mayo de 1998

Las campañas indiscriminadas de esterilización en Perú, violatorias de los derechos humanos de las y los peruanos(os), han abierto un debate que empieza a cuestionar al mismo programa gubernamental de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000).

Siguiendo el patrón que parece repetirse en América Latina, el Ministerio de Salud peruano está privilegiando las esterilizaciones definitivas en zonas más pobres y alejadas para cumplir las cuotas que se ha propuesto (117 mil peruanas fueron sometidas a estos métodos durante 1997).

Las denuncias provienen de zonas rurales donde campea el analfabetismo (67.7 por ciento). Allí hay reportes de muertes y de secuelas por operaciones practicadas en malas condiciones, por personal poco capacitado, y falta de atención postoperatoria; en numerosos casos fueron ``convencidas'' a cambio de alimentos.

En Huacayo (región central andina) se denunció que las mujeres y hombres eran llevados en camiones a centros hospitalarios de manera coercitiva o con promesa de entregarles despensas.

Fui testigo de cómo en el sureño distrito de Ica, a cuatro horas por aire de la capital, una banda de música incentivaba a las mujeres a someterse a una operación para esterilizarse, al mismo tiempo que se rifaban artefactos, infraestructura para cocinas populares, víveres, entre quienes ya se habían decidido en un ``festival de ligaduras de trompas''.

Ante las graves violaciones a los derechos humanos, denunciadas por el Centro de la Mujer Peruana, éste ha demandado que el programa de planificación siga en los hechos las pautas de los acuerdos de El Cairo, que se refieren al consentimiento informado.

Una investigación, realizada por la doctora Giulia Tamayo, detectó que las campesinas no eran advertidas de que la operación las esterilizaba definitivamente, que no dieron su consentimiento o que lo dieron en circunstancias difíciles, como en trabajo de parto, o que el consentimiento se dio como resultado de diferentes presiones lo que a la postre se veía agravado por complicaciones postoperatorias, tampoco se tomaba en cuenta si estaban embarazadas, y otras múltiples circunstancias que provocaron muertes.

En el debate, las peruanas enviaron una carta al presidente Alberto Fujimori pidiendo la destitución del ministro de Salud, Marino Costa Bauer, un abogado que de cierta manera venía apoyando algunas iniciativas de las mujeres. A pesar de que las denuncias han crecido como bola de nieve, el funcionario permanece en su cargo.

Las peruanas exigen que el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar sea revisado y que las quejas no se diriman a través de un juez, sino que sean parte de una investigación sobre violación de derechos humanos.

En el debate sobre el Programa de Planificación Familiar, que incorpora de manera ponderada la ligadura de trompas, se han establecido dos posiciones: la de la jerarquía conservadora de la Iglesia católica y la de las mujeres, especialmente de las feministas que lo apoyaban. Pero las violaciones mencionadas han diluido peligrosamente las fronteras, y a ello contribuye el manejo político que viene llevando a cabo cierto sector contrario a Fujimori. Mayoritariamente las feministas están a favor de un programa de planificación familiar que permita decidir libre, voluntaria y responsablemente el número de hijas(os), el espaciamiento de los nacimientos y disponer de información y medios para decidir.

La Federación Médica Peruana y la Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud, en un comunicado se deslindan afirmando que la pérdida de vidas ``son de absoluta responsabilidad de la autoridad administrativa'', por las condiciones en que son intervenidas las peruanas.

De acuerdo con el Censo Nacional de Población, Perú tiene 23 millones 946 mil 779 habitantes. Las mujeres representan el 50.4 por ciento y de ellas más de 8 millones viven en el campo. Del total de analfabetos, 42.9 por ciento son mujeres. La tasa de fecundidad en Lima es de 2.6 hijos por mujer; de 3.3 para el resto de la costa; de 4.6 para la sierra y de 4.7 para la selva, y según el Alan Guttmacher Institute, la tasa anual de abortos es de 5.19 abortos por cada cien mujeres, lo que coloca al Perú como uno de los países con más altas tasas de abortos provocados en la región.

Dadas estas condiciones es necesario contar con un programa de planificación familiar que respete estrictamente los derechos fundamentales y tome en cuenta la realidad del país, que es multicultural y multiétnico.

* Periodista y escritora peruana