ASTILLERO Ť Julio Hernández López

Esta columna ha recibido un testimonio que, visto entre el mar de asuntos importantes que ahogan a nuestra nación, pareciese (lo es) minúsculo y secundario.

Lo grave es que, justamente a partir de estos incidentes individuales se teje diariamente la desgracia de los mexicanos: impunidad, injusticia social, inexistencia del estado de derecho, falta de confianza en las instituciones; el México real, el que está más allá de los discursos oficiales, de las comparecencias de los funcionarios, de las estadísticas alegres.

El escrito dice: ``El miércoles 29, por la noche, salí de cumplir un compromiso profesional. Tomé un taxi y le pedí que me llevase a una estación del Metro. En el camino, ya a punto de llegar, el chofer simuló que la caja de velocidades se había trabado y, en cuanto se orilló para atender la presunta falla mecánica, montaron dos personas armadas que, colocándose cada una al lado de mí iniciaron, así, un secuestro de quince horas durante el cual, luego de instalarme en un escondite, los dos asaltantes iniciales, y cuando menos otros dos que se les habrían sumado, se dedicaron a saquear con pericia mis tarjetas de crédito y de débito. Por fortuna, y eso es lo esencial, no hubo daños físicos''.

Ciudadanos sin defensa

El vivo y amplio relato hecho llegar a esta columna muestra (confirma) cuando menos dos cosas: una, la escandalosa conversión de todos los ciudadanos de la mancha urbana de la capital del país en desvalidos sociales; dos, la explosión demográfica de la delincuencia a partir de la injusticia económica y social.

En el primer punto, está claro que el aparato estatal no puede garantizarle a nadie respeto y protección a su persona y a sus bienes. Falta gravemente a su función el Estado al ser incapaz de cuidar los valores esenciales de la convivencia humana. Leyes, códigos, jueces, procuradores, ministerios públicos y policías (cómplices de las bandas delincuentes muchos de éstos), quedan así convertidos en material de utilería, disponible para grabar bonitos anuncios gubernamentales pero inservibles para enfrentar la realidad cotidiana.

En el segundo punto, llama la atención el hecho de que, según lo que percibió y narra el asaltado, sus captores son un producto que diariamente arroja el sistema de injusticia económica y social vigente. Muchos de quienes ingresan al circuito de la delincuencia son, a su vez, víctimas de la agresión institucionalizada de un sistema que produce millonarios de rango mundial, y dedica carretadas de dinero a salvar a banqueros, por ejemplo, mientras a las grandes mayorías les paga miserias, les reduce al máximo la seguridad social, les suprime empleos y les condena a la temprana e irremisible marginación extrema.

Crucificados por doble partida

(De la lectura del relato, Astillero considera destacable una reflexión que se refiere a la doble indefensión de los asaltados. El agraviado recibe amenazas personales y familiares que lo llevan a abstenerse de presentar denuncias ante las autoridades procuradoras de justicia. No sólo le inhibe el percibir que difícilmente tendrá éxito en sus demandas sino que, además, tiene la sospecha de que en las filas policiacas hay cómplices y delatores, de tal manera que sabe que al sentarse ante una secretaria de una agencia del Ministerio Público inicia un camino que le puede llevar a peores horrores de los ya vividos.

(Pero, aparte del ámbito penal, el asaltado puede vivir también indefensión en el terreno mercantil relativo a sus actividades bancarias. Teóricamente, los bancos tienen un límite máximo para retiros de dinero en efectivo de cajeros automáticos. También se supone que las compras hechas con tarjetas de crédito requieren, aparte de autorización respecto al saldo disponible, de la firma del tarjetahabiente en el comprobante de la operación. Cuando una persona es despojada de sus tarjetas también se le obliga -con frecuencia mediante métodos cruentos- a revelar su número confidencial para uso de cajeros automáticos y, además, los asaltantes se dedican a hacer compras falsificando -con buen o mal estilo- la firma de aquél a quien mantienen mientras tanto en cautiverio.

(Aun cuando el retiro de fondos y la compra de artículos exceda los límites de protección presuntamente establecidos, suele suceder que las instituciones bancarias evadan cualquier responsabilidad y depositen simplemente el asunto en el terreno penal en el que saben que el asaltado no podrá avanzar por las amenazas que ha recibido y que con la mayor facilidad pueden ser cumplidas. Así, valiéndose del tenebroso tejido de lo penal, se eluden responsabilidades mercantiles. Si usted no es capaz de ir a presentar su demanda ante el Ministerio Público, ¿qué podemos hacer nosotros?, dicen los amables ejecutivos.

(Pues bien, siendo tan frecuentes estos hechos, las instituciones bancarias -siempre tan imaginativas en otros aspectos- no han encontrado la manera de proteger eficientemente el interés de los tarjetahabientes que, así, quedan expuestos primero a un sistema de justicia fútil y cómplice y, segundo, a un sistema bancario que no da soluciones reales al problema diario de los asaltos.)

¿A quién culpar?

``Yo no pido ni pediré castigo contra nadie -termina su carta el lector que ha enviado su relato- porque en México no hay justicia ni gobierno capaces de garantizarle a un ciudadano que puede recurrir a las instancias civilizadas para reclamar castigo sin que haya represalias. Quienes me asaltaron tienen las direcciones de mi trabajo y de mi casa, y desde luego que no haré absolutamente nada que ponga en riesgo a mi familia. No declararé contra ellos nunca, ni presentaré forma alguna de denuncia.

``Pero, además, no sabría a quién culpar. ¿A aquéllos que roban porque a su vez han sido robados de por vida de toda esperanza de trabajo digno? ¿A los policías que organizan bandas y protegen operaciones delictivas? ¿A un gobierno que roba el dinero de todos para entregarlo a unos cuantos, a los grandes negociantes que a su vez sostienen a ese sistema depredador?''

Astillas: ¿Qué tal si, siguiendo el ejemplo de Carlos Castillo Peraza, un día de estos nos diera la sorpresa Diego Fernández de Cevallos anunciando que se dedicará en exclusiva al ejercicio abogadil, para evitar que su intervención en delicados asuntos (uno de ellos el del Grupo Anáhuac) genere malos entendidos?É Quienes promueven el relevo de Genovevo Figueroa de la presidencia de la Gran Comisión de la Cámara de Senadores invocan el mismo principio que llevó al michoacano a ese cargo: los intereses de BucareliÉ Angel Sergio Guerrero Mier, el candidato priísta a gobernador de Durango, ha expuesto con toda claridad el espíritu con el que tratará de ganar en los próximos comicios. Según la nota del corresponsal Emmanuel Salazar, el candidato tricolor prepara un ejército promotor del voto de 30 mil personas similar al utilizado en Tabasco y Puebla. Don Angel Sergio ha sido acompañado durante largos años de su vida por acusaciones relacionadas con escaramuzas y batallas de ejércitos de mapaches pero, al parecer, está convencido de que los tiempos que corren le son propicios, pues: ``Tabasco, es decir, Madrazo, tuvo una elección satanizada en los medios de información nacionales por el supuesto de los gastos de recursos del erario. Nunca lo comprobaron, a pesar de que tuvo impugnación. Fue resuelto en su tiempo. No hubo eso ni la violación de los topes de campaña''. Así es que, en Durango, sobre aviso no hay engaño...

Fax: 512 65 46 Correo electrónico: [email protected]