Porque el conflicto chiapaneco se ha desarrollado basado en los indígenas de ese estado y en sus lastimosas condiciones de marginación, los marcos jurídicos que se han propuesto para regular la nueva relación del Estado mexicano con ellos se refieren a sus derechos y al respeto a sus culturas. Es preciso que en el debate sobre estas propuestas, que se ha establecido en la sociedad y no solamente en el Congreso de la Unión, se incluya el análisis de conceptos contenidos en los acuerdos de San Andrés y en las distintas iniciativas de ley, como son cultura indígena, grupo étnico, o pueblos indios, para que cada posición se asuma en conciencia de sus significados.

La evolución y vitalidad de las etnias de México han dado lugar a la pluralidad que nos caracteriza como el México actual. Pluralidad que se manifiesta en una diversidad cultural que no se circunscribe a los grupos o comunidades indígenas; sus culturas están presentes en una amplia población de México, sobre todo de las áreas rurales. Sin embargo, los indígenas del país tienen ciertamente el derecho de que sus culturas y formas de vida se protejan y reproduzcan en el ámbito de sus comunidades o de sus pueblos, entendidos éstos como la población en la que viven. Porque los grandes pueblos o naciones prehispánicas son parte hoy de la nación mexicana.

El derecho es además de todos los indígenas; de todos los grupos étnicos del país, que después de sus distintas evoluciones sociales (de marginación, hay que enfatizarlo) son parte del México plural que tenemos que defender. Es decir, la prerrogativa no puede ser exclusiva de los 14 grupos étnicos del estado de Chiapas. Son 56 etnias que hablan 54 lenguas indígenas las que están esparcidas en 23 estados de la República. Sus creencias, ideas, valores, en la concepción del mundo y de la vida, en las expectativas ante ésta, sus lenguas, práctica y costumbres, sus formas de organización social, etcétera, están en un proceso constante de cambios inevitables. Por ejemplo, los servicios de salud desplazan a la medicina tradicional y pueden incidir sobre su concepción de la vida y la muerte, así como también la energía eléctrica trastoca los límites tradicionales del día y de la noche, y la deidad de la lluvia enfrenta problemas frente a un sistema de riego. No podemos, por tanto, encasillarlos en identidades construidas idealmente desde la disciplina antropológica.

Tenemos, eso sí, que llegar a consensos sobre formas jurídicas de garantizarles la autonomía suficiente en un marco de convivencia comunitaria, sin que esta autonomía ponga en riesgo a la nación. México es de todos los mexicanos; el camino de reivindicar la segregación o la marginación indígena, mediante leyes que los diferencien de su propia nación mexicana, no es el adecuado para liberarlos de sus precarias condiciones de vida material. Debe lograrse una legislación que los incluya de manera más equitativa y democrática en la sociedad nacional del presente y en su futuro.

La injusticia que ha pesado sobre ellos hasta el límite de su sobrevivencia, es razón más que suficiente para que, por encima de razones partidistas o de intereses políticos particulares, se les incorpore verdaderamente al desarrollo de este país.