Ahora que se dio una información más detallada sobre cómo se repartió el segundo recorte presupuestal de este año, hay nuevos elementos a considerar al respecto. No sólo, a diferencia de lo inicialmente anunciado, sí se afectó el gasto social, sino que se recortó directamente a instituciones básicas para su aplicación.

En efecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tuvieron, en su conjunto, un recorte de más de mil millones de pesos. Esto no sólo afecta la prestación de los servicios médicos, las pensiones y demás prestaciones. Estos dos organismos funcionan con las cuotas que los trabajadores, los patrones y el Estado les pagan por ley. Las mismas leyes definen cuánto debe pagar cada una de las partes, y en qué proporción deben ser destinadas estas cuotas a cada servicio. Por lo mismo, los recursos de estas instituciones no están sujetos a recorte, ni a que sus fondos se destinen para usos distintos de los establecidos en las leyes respectivas.

Además de lo anterior, se recortaron otros 3 mil 650 millones de pesos, adicionales a los efectos del primer recorte, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Esto, como ya hemos comentado, no sólo va a dificultar un adecuado abasto de energía en los próximos años, sino que va a dejar sin trabajo, o con menos trabajo, a muchas empresas que venden sus productos, o prestan sus servicios, a estas instituciones. El desempleo, por lo mismo, se verá favorecido.

Estos problemas nos vuelven a llevar a la solución de fondo que es aplicable en el momento actual. La aprobación del Presupuesto, y parte de las normas de su aplicación y ejercicio, son responsabilidad exclusiva de la Cámara de Diputados. Para que este asunto no se siga dando, la mayoría de los integrantes de la misma se debe dar plena cuenta de que no tiene sentido discutir y cambiar algunas cifras, montos o destinos del dinero, si no establecen candados que hagan obligatoria su aplicación. Si la Cámara de Diputados vota una partida para una entidad, sea para gasto social o para inversiones económicas estratégicas, lo menos que puede hacer es protegerla de la tijera presupuestal.

Si recorremos el proceso que hemos vivido en torno a los recortes en los últimos meses, veremos que todo se ha dado fuera de la vista del público, salvo el anuncio de los hechos consumados. Algo de tanta importancia, que afecta la economía del país y a la de muchos mexicanos, debe ser discutido en forma pública y abierta, y nada mejor que darle participación al poder Legislativo en él. No proponemos algo que no sea viable, esto sucede en otros países, incluso en Estados Unidos, que tiene un régimen presidencial. No hablemos ya de los países que tienen Parlamento, cuya incidencia en la política económica es mayor.

Esto tampoco está fuera del contexto político nacional: está en la agenda de la discusión entre gobierno y partidos la reforma del Estado. Uno de los puntos que deberá estar presente en ella es un mejor equilibrio entre los poderes y una menor discrecionalidad en la toma de las decisiones más importantes.