Este año se cumple medio siglo de que el Estado Mayor presidencial impuso a Jesús Díaz de León como jefe absoluto del sindicato de ferrocarrileros. Esa acción ilegal fue parte de una gran ofensiva del gobierno de Miguel Alemán para ajustar cuentas con el pasado radical (socializante, diría Manuel Moreno Sánchez) del movimiento sindical mexicano y subordinarlo por completo a las políticas oficiales. Tras el STFRM, uno a uno fueron sometidos los sindicatos industriales independientes, entre ellos el de mineros y metalúrgicos, petroleros y uno pequeño pero sumamente aguerrido, el de los impresores del DF. El charrazo marcó el inicio de varias décadas de control oficial, casi absoluto, del movimiento sindical mexicano.

Este medio siglo, sin embargo, no ha transcurrido sin resistencia al sindicalismo oficializado, en la cual siempre fueron protagonistas, muchas veces principales, los militantes comunistas o simplemente de izquierda. Se produjeron incluso movimientos de insurgencia significativos, como el encabezado por Demetrio Vallejo, quien puso en jaque al gobierno y al sindicalismo oficialista lidereado por Fidel Velázquez. Pero en todos los casos la lucha de quienes han aspirado a un sindicalismo democrático e independiente, que en verdad cumpla con sus funciones de defender los intereses económicos y políticos de los trabajadores, fue derrotado por la triple alianza de: gobierno, cúpulas sindicales y empresarios.

Las consecuencias están a la vista: indefensión casi completa de millones de trabajadores, quienes están a merced del apetito natural de ganancia máxima de los empresarios y de las políticas económicas de los gobiernos. Es particularmente notable esa indefensión en los últimos lustros, cuando se rompe con el pasado protector de los trabajadores y se inicia la vertiginosa implantación del modelo neoliberal, uno de cuyos componentes principales es la reducción al mínimo de los salarios reales de los trabajadores.

En los dos primeros sexenios de neoliberalismo, esto es, en los gobiernos de De la Madrid y Salinas de Gortari, los salarios reales se reducen en 26 puntos porcentuales (La contrarrevolución neoliberal, Héctor Guillén Romo) y en los tres años del gobierno actual la reducción de los salarios ha sido de 24 por ciento. Lo anterior contrasta dramáticamente con la concentración de la riqueza en pocas manos.

Apenas el lunes último en estas páginas se informó que el capital contable de las empresas encabezadas por los cien hombres más ricos de México equivale al 55 por ciento del Producto Interno Bruto. La distribución del ingreso hoy es la más desigual de los últimos decenios, aunque el doctor Zedillo afirme sin rubor que la economía de mercado no es la responsable de esta situación.

Las cúpulas sindicales, lejos de oponerse a esas políticas han sido cómplices de las mismas. Igualmente han sido en los últimos 50 años, y en la actualidad, una fuerza de freno a la democratización del país. En 1948 los capos del sindicalismo apoyaron el charrazo al STFRM; en 1958 aprobaron la represión al vallejismo; diez años después, en 1968, amenazaron con la creación de ``brigadas rojas'' para enfrentarse a los estudiantes universitarios; un decenio más tarde se opusieron a la reforma política que legalizó al Partido Comunista Mexicano, y hoy alinean con las fuerzas más conservadoras, las que obstaculizan la transición democrática.

Pese a las dificultades, parece más cercano el fin de esa etapa iniciada en 1948; existen mejores condiciones para la renovación del sindicalismo mexicano; así lo evidencian el nacimiento de la Unión Nacional de Trabajadores, la existencia de la Intersindical Primero de Mayo y sus posiciones en este día de los trabajadores. Pero esas posibilidades se pueden frustrar sin la participación democrática de los trabajadores, y si no hay compromiso con los cambios democráticos que han madurado en el país, incluyendo por supuesto el compromiso con una paz digna y justa en Chiapas.