La importancia de establecer un nuevo marco normativo y operativo que permita una mejor vigilancia de las instituciones financieras que operan en el país es, a todas luces, uno de los objetivos centrales de las nuevas leyes que actualmente discute el Congreso de la Unión. Esta es una meta loable si permite reducir algunos de los márgenes de corrupción e irresponsabilidad que han sido tan frecuentes en el sistema bancario. Para lograr esta meta, el gobierno federal argumenta que es necesario otorgar una mayor autonomía a diversos órganos financieros. Pero a cambio de dicha autonomía debe exigirse una mayor responsabilidad en la presentación y transparencia de la información sobre las operaciones de dichos organismos que afectan a la economía de todos los ciudadanos de la República.

De acuerdo con la legislación propuesta, al Banco de México se le cedería total autonomía en el manejo de la política cambiaria. A la Comisión Nacional Bancaria se le otorgaría mayor poder independiente, al vincularla directamente al instituto central. Al nuevo Fondo de Garantía de Depósitos (Fogade), que se encargaría de los más de 500 mil millones de pesos de valores en manos del Fobaproa, se propone darle absoluta libertad para llevar a cabo la venta de la inmensa masa de propiedades hipotecadas a subastarse. Y, por último, a la Tesorería de la Federación se le autoriza (en el artículo 111 de la propuesta reforma de ley) la libertad para contratar a empresas especializadas para la venta de bienes nacionales (léase: recursos públicos que se desean privatizar).

La autonomía de la que dispondrán los funcionarios encargados de dichas funciones será notable si se aprueban sin modificaciones las leyes sometidas al Congreso por el Poder Ejecutivo. Sin duda, ello puede facilitar las operaciones previstas, pero también abre la puerta a una posible corrupción, si no se establecen responsabilidades bien fincadas. En este sentido, es indispensable que los legisladores incluyan reformas que aseguren que los organismos proporcionen una información sistemática y detallada al Congreso sobre sus operaciones. Por ejemplo, el hecho de que la Ley del Banco de México no especifique la necesidad de publicar datos sobre sus operaciones al menos mensualmente, es un indicador de la falta de responsabilidad implícita en la reforma propuesta. De la misma manera, es indispensable que se establezcan los artículos correspondientes para asegurar la entrega al Congreso de informes sistemáticos del desempeño de la Comisión Nacional Bancaria, de las subastas planeadas por el Fogade y de las ventas de bienes nacionales asumidas por la Tesorería.

Hasta la fecha, ha sido más fácil para organismos internacionales --como el Fondo Monetario Internacional-- obtener la entrega de información financiera y bancaria detallada, que para los diputados o senadores. Por ejemplo, el artículo 8 de la nueva Ley de la Comisión Bancaria, especifica que no se considerará que existe violación a los secretos bancario, fiduciario o bursátil si se proporciona información a las instituciones supervisoras extranjeras con las que existen convenios. Con cuanta más razón debe asegurarse que los legisladores deben tener acceso absolutamente sistemático a información sobre el desempeño del sistema monetario y financiero nacional. No basta con un simple informe anual, pues hoy en día los mercados operan con una velocidad muy superior a la que contempla la legislación. En efecto, vale la pena insistir en que los ciudadanos mexicanos deben tener el mismo derecho que los banqueros extranjeros a saber exactamente cómo está funcionado el sistema financiero nacional.