En primer término, procedí a hacer pública mi declaración de situación patrimonial, el mismo día en que tomé protesta como candidato del PRD al gobierno de Zacatecas. Este informe comprende los últimos diez años de mi carrera política y abarca los bienes y cuentas de mi esposa e hijos. Los candidatos de la ACDD, PRD y PVEM a legisladores locales y presidentes municipales harán lo mismo.

En segundo término, decidimos difundir cada 15 días entre la opinión pública, un informe financiero sobre los ingresos y gastos de campaña. No hay en Zacatecas algún antecedente de esta naturaleza. La decisión ha sido muy bien vista por la ciudadanía.

Ya en el gobierno aplicaremos un programa de ``rendición de cuentas'' que permita a la sociedad auditar nuestros actos. Estamos contemplando, entre otras acciones, la desaparición de la Contraloría del estado, a fin de que una instancia surgida del Poder Legislativo se encargue de vigilar el uso de los recursos públicos. Reforzaremos la autonomía, facultades y capacidades técnicas del órgano legislativo encargado de revisar las cuentas públicas del Ejecutivo estatal y de las presidencias municipales (sobre todo ahora que los ayuntamientos verán incrementados los recursos provenientes del ramo 33). La consulta pública de las declaraciones de situación patrimonial de los miembros del gobierno. La instauración de un ``servicio civil de carrera'' en áreas administrativas y técnicas. Las auditorías vecinales a las obras públicas comunitarias. La revisión de la ley estatal de responsabilidades de servidores públicos. Un programa titulado ``valor civil'' para que los ciudadanos denuncien y documenten, de manera segura y confiable, los actos de corrupción gubernamental.

Para quienes vean en el servicio público una oportunidad de usurpar y usufructuar el patrimonio del pueblo de Zacatecas, es decir, para los corruptos, simple y sencillamente no habrá amnistía.

Estamos dispuestos a erradicar la concepción patrimonialista de la función pública (aquella que concibe al gobierno como una extensión de la casa propia) y colocar en su lugar la ética de servicio y transparencia delineada por Benito Juárez: ``la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala''.

Hemos convocado a los otros candidatos a confrontar nuestras propuestas sobre el combate a la corrupción a fin de que quien resulte electo gobernador atienda lo mejor posible, sin filiaciones partidistas, este imperativo ciudadano.

No ha habido eco y sí, en cambio, desaseos y dispendios. El candidato del PRI revivió la práctica borreguista del pase de charola entre los empresarios del estado (solicitando un promedio de 50 mil pesos, en cenas como aquella de la calle de Fundición; con menos ceros, por supuesto, y en moneda nacional). Asimismo, en un solo evento de precampaña (el registro de candidatura), de acuerdo a estimaciones de la senadora Amalia García, el PRI habría gastado una quinta parte de los recursos autorizados por ley.

Habremos de solicitar la participación de organizaciones ciudadanas como Alianza Cívica y la Academia Mexicana de Derechos Humanos para que se integren como observadores electorales, desde el inicio de la campaña, a fin de ``monitorear'' y evaluar el cumplimiento de las condiciones de equidad, legalidad y transparencia de esta contienda, que ya se conoce como la ``nueva marcha de Zacatecas''.

* Candidato de la ACDD, PRD y PVEM al gobierno de Zacatecas