Imaginemos un mundo en el cual la población (que no tiene capital para especular) pudiese contar con un trabajo seguro que nos permitiera sobrevivir dignamente o al menos cumplir con lo que la Constitución manda para el salario mínimo: ``suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos'' (artículo 123, fracción sexta).

Imaginemos que los trabajadores con sus distintas denominaciones, obreros, empleados, empleados de confianza, subcontratados, trabajadores libres o como indebidamente les llama la Secretaría de Hacienda ``con honorarios asimilados a salario''. Supongamos a todos ellos en un escenario en el que pudieran organizarse libremente, para así lograr, por un lado, una remuneración adecuada a esta actividad personal fundamental en cualquier sociedad, que es el trabajo, y por el otro colaborar en el logro de una productividad socialmente entendida. Imaginemos la existencia de sindicatos o asociaciones productos de un mandato legítimo, transparentes en sus registros, autónomos en su funcionamiento, con líderes dando cuenta cabal de su gestión, incluyendo sus ingresos.

Supongamos la existencia de patrones respetuosos de las formas organizativas de sus trabajadores y a un Estado dedicado más que a controlar, a apoyar el desarrollo productivo, a promover el empleo con calidad y a proteger a los más necesitados. Todos estos sueños deberían formar parte de la agenda de la reforma política en la medida en que el drama del trabajo en nuestro país deriva en buena parte de la estructura antidemocrática que nos rige.

La realidad que presenciamos en este 1o. de mayo se caracteriza por una creciente indefensión de los trabajadores, los casos concretos dan cuenta de ello: la privatización de los ferrocarriles ha traído consigo una destrucción feroz de las condiciones de trabajo y una represión sin límites a los trabajadores democráticos.

Los nuevos dueños, en una alianza con un liderazgo sindical dedicado más a lastimar que a representar, imponen en distintas partes del país un nuevo modelo de relaciones laborales contrario a las condiciones razonables que debiesen imperar en esta rama de la industria. Los trabajadores bancarios ven destruidas día a día las condiciones de trabajo de relativa ventaja que gozaron en el pasado. Los trabajadores más antiguos de Banrural, por ejemplo, sufren despidos colectivos orientados a impedir su justa jubilación. Los trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria se ven forzados, como muchos otros burócratas, a un ``retiro voluntario'' caracterizado por campañas de inseguridad y presiones. Los trabajadores de Calzado Sandak (Bata Internacional), en Calpulalpan, luchan por la reposición de su líder sindical Filiberto Moreno, despedido por el director, Hilton Silva, como represalia por haber encabezado un movimiento de huelga.

En el Monte de Piedad se exhibe un auténtico reto empresarial no sólo a los trabajadores huelguistas sino a la comunidad entera, y en particular al gobierno de la ciudad, al rechazar la propuesta de sus autoridades laborales de aceptar el arbitraje del jefe de gobierno, con lo cual hubiese concluido el conflicto de una manera equilibrada. Con esta negativa (que esperamos sea revocada) se muestra la intención de dejar un precedente venciendo a los trabajadores por hambre.

La lucha por el valor del trabajo no debe ser privativa de sectores organizados o de espacios aislados, sino una preocupación general de la sociedad en la medida en que en ese espejo tarde o temprano nos veremos reflejados. Los países verdaderamente desarrollados, con los que hoy estamos interesados en competir comercialmente, se caracterizan por proteger al trabajo como un valor comunitario esencial, por lo que convendría recuperar en nuestra agenda social nuestra solidaridad con estas luchas. El 1o. de mayo es una oportunidad para tenerlo presente.